El fin del secuestro extorsivo anunciado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es un primer paso positivo pero insuficiente, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.La organización pide al grupo guerrillero que ponga fin de inmediato a la toma de rehenes y los secuestros de toda índole, y a todos los demás abusos contra los derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos, reclutamiento de menores de edad y uso de armas de efecto indiscriminado, como las minas terrestres.En una declaración emitida por su dirección, las FARC anunciaron también la liberación de 10 miembros de las fuerzas de seguridad que mantienen cautivos."La noticia del fin del secuestro extorsivo por parte de las FARC es una noticia bienvenida, aunque ha tardado mucho en llegar. Confiamos en que ahora el grupo empiece a demostrar que respeta íntegramente todos los aspectos del derecho internacional humanitario" ha manifestado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.En los últimos decenios, Amnistía Internacional ha documentado en Colombia cientos de casos de homicidio ilegítimo, toma de rehenes, desplazamiento forzoso y reclutamiento de menores de edad a manos de grupos guerrilleros, entre ellos las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).El 9 de julio, guerrilleros de las FARC hicieron explotar un coche bomba en el centro urbano del municipio de Toribío, en el departamento del Cauca, zona predominantemente habitada por comunidades indígenas. La explosión y los enfrentamientos entre las FARC y las fuerzas de seguridad se saldaron con la muerte de al menos tres civiles y un agente de policía y lesiones causadas a 120 civiles y dos agentes de policía.Según datos oficiales, en los diez primeros meses de 2011, minas terrestres antipersonal colocadas en su mayoría por las FARC causaron la muerte de 20 civiles y 49 miembros de las fuerzas de seguridad y lesiones a varios cientos más.Los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad, actuando por su cuenta o de connivencia entre ambos, también son responsables de delitos previstos por el derecho internacional, como homicidios ilegítimos, secuestros, desapariciones forzadas y desplazamientos forzosos.