10 mayo 2010
Las autoridades iraníes deben terminar con el secretismo que rodea a las ejecuciones de afganos
Amnistía Internacional insta a las autoridades iraníes a que revelen cuántos ciudadanos afganos están en espera de ejecución. Ha habido informes de que 45 afganos pueden haber sido ejecutados en Irán en las últimas semanas.

Se cree que en las cárceles iraníes hay más de 4.000 afganos. De ellos, hasta 3.000 podrían estar condenados a muerte, la mayoría por delitos relacionados con drogas.

Según informa la prensa afgana, el parlamentario afgano Gul Ahmad afirmó el 12 de abril que se habían devuelto a Afganistán los cuerpos de 45 personas ejecutadas en Irán en los días anteriores.

Las autoridades iraníes niegan estas cifras de ejecuciones y se niegan a confirmar cuántos afganos corren peligro de ser ejecutados.

"Estas cifras son realmente preocupantes", ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África. "Irán debe poner fin inmediatamente a estas ejecuciones y revelar a cuántos ciudadanos afganos ha ejecutado.

"También pedimos a las autoridades iraníes que aclaren exactamente cuántos ciudadanos afganos hay en las cárceles del país. Por el momento, nadie sabe con certeza cuántos afganos hay encarcelados, por qué delitos han sido condenados ni cuál es la suerte que les espera. Este secretismo sólo puede aumentar el peligro de que se cometan errores judiciales".

"Nos preocupa particularmente el hecho de que tantos de los afganos que están en las cárceles iraníes hayan sido condenados por delitos relacionados con drogas y por tanto puedan ser condenados a muerte".

Se calcula que en Irán viven un millón de refugiados afganos que han huido de Afganistán durante más de tres décadas de conflicto. En los últimos años, cientos de miles de afganos más han entrado en el país como migrantes irregulares.

La preocupación por los afganos creció en marzo tras la visita de un grupo de parlamentarios afganos a Irán, uno de los países con mayor índice de ejecuciones del mundo.

Tras dicha visita, el parlamentario afgano Taj Mohammed Mojahed declaró que funcionarios del Tribunal Supremo habían dicho a los miembros de la delegación que en las cárceles iraníes había 5.630 afganos, más de 3.000 de ellos condenados a muerte.

Una autoridad penitenciaria iraní confirmó más tarde que hay más de 4.000 afganos en las cárceles iraníes y admitió que era posible que la cifra de 3.000 afganos condenados a muerte fuese exacta, ya que la mayoría de los presos estaban condenados por delitos relacionados con drogas.

Las leyes iraníes castigan con la muerte el tráfico de diversas drogas ilegales cuando éstas superan determinada cantidad. Amnistía Internacional reconoce que Irán se enfrenta a graves problemas sociales, económicos y de seguridad relacionados con el tráfico de drogas, pero considera que basar de esta manera la lucha contra el narcotráfico en el uso de la pena de muerte resulta ineficaz y es una equivocación, además de una afrenta a los derechos humanos.

"Por desgracia, estas cifras sólo muestran hasta qué punto las autoridades iraníes recurren equivocadamente a la pena de muerte. Nuestra preocupación se agrava debido a las graves deficiencias del sistema de justicia penal iraní y a la discriminación que sufren los afganos en Irán", ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

Información complementaria

Expertos en derechos humanos de la ONU han concluido que los delitos relacionados con drogas no cumplen la condición de ser "los crímenes más graves", que permite imponer la pena de muerte. Además, la ONU ha instado reiteradamente a sus Estados miembros a que sean transparentes en lo referente a la aplicación de la pena capital.

Amnistía Internacional lleva décadas documentando las deficiencias en la administración de justicia de Irán y su habitual incumplimiento de las garantías procesales. Con frecuencia los detenidos permanecen en régimen de incomunicación durante largos periodos, lo cual aumenta el peligro de que sean torturados y víctimas de otros malos tratos. Además, a menudo se les niega el acceso a un abogado y son obligados a "confesar" bajo coacción.