El gobierno keniano debe poner fin de inmediato a los desalojos forzosos hasta que se establezcan las garantías jurídicas necesarias para proteger los derechos humanos de los miles de residentes de asentamientos precarios e informales afectados; así lo ha afirmado Amnistía Internacional."Prácticamente la mitad de los habitantes de Nairobi vive en asentamientos precarios, y muchos corren peligro de sufrir un desalojo forzoso que, aparte de que suele dejar a las personas sin hogar, además conlleva violencia y tiene como consecuencia la pérdida de acceso a servicios como el agua y el saneamiento, así como a los medios de subsistencia, la educación y la asistencia médica", señala Iain Byrne, director del Equipo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional."Los desalojos forzosos destruyen vidas y deben ser prohibidos."En su nuevo informe We are like rubbish in this country, publicado con motivo del Día Mundial del Hábitat, Amnistía Internacional describe la realidad de vivir en un asentamiento precario de Nairobi y las consecuencias de un desalojo forzoso, centrándose en dos asentamientos informales: Deep Sea y City Carton.En City Carton, cerca del aeropuerto de Wilson, grupos de hombres armados con martillos, palancas y machetes derribaron las casas de 400 familias. Las fuerzas policiales presentes en el lugar emplearon gas lacrimógeno y munición real durante la demolición.Las pruebas reunidas por Amnistía Internacional ponen gravemente en cuestión que el uso de la fuerza en City Carton por parte de la policía fuera una medida necesaria y proporcionada.Además, la organización descubrió que la demolición de viviendas en City Carton carecía de base jurídica, y que la policía no había parado el desalojo ni protegido a los residentes frente a los hombres armados."Al permitir que aquellos hombres destruyeran las casas de la gente en City Carton, la policía incumplió su deber de proteger a los residentes y, al hacer uso innecesario de la fuerza, consintió en la práctica el desalojo forzoso", ha dicho Iain Byrne.Cinco meses después de la demolición, cientos de personas todavía duermen en estructuras improvisadas y sus condiciones de vida, que ya eran precarias, han empeorado drásticamente. Los residentes no disponen de saneamiento ya que los bloques de baños han sido demolidos; además, han perdido sus medios de vida y los niños ya no pueden ir a la escuela. De momento no tienen acceso a los recursos ni la asistencia que les garantiza la ley.En su informe, Amnistía Internacional también pone de relieve la vulnerabilidad de comunidades como la de Deep Sea, en Westlands. Las casas y los medios de vida de los residentes de Deep Sea probablemente sean destruidos debido a un proyecto de construcción de una carretera que atravesará el principal centro comercial del asentamiento.El proyecto de carretera está siendo ejecutado por la Autoridad de Vías Urbanas de Kenia, con fondos de la Unión Europea. A pesar de que ha existido interacción limitada con la citada autoridad, los residentes de Deep Sea no han participado en un verdadero proceso de consulta sobre alternativas al desalojo o posibilidades de reasentamiento.Ante la falta de información adecuada sobre la construcción de la carretera, los residentes temen que los dejen sin hogar en cualquier momento."El gobierno keniano está obligado a seguir el debido proceso, que incluye una consulta genuina a las comunidades que van a verse afectadas por los desalojos. No hacerlo así en Deep Sea podría dar lugar a desalojos forzosos que constituyen una violación de derechos humanos", ha afirmado Iain Byrne.La Constitución de Kenia reconoce expresamente el derecho a una vivienda adecuada. Pero, en vista del alcance y la gravedad de los desalojos forzosos en Kenia, es urgente adoptar legislación que prohíba expresamente los desalojos forzosos."Las normas internacionales de derechos humanos son inequívocas: los desalojos forzosos son ilegales, no están justificados en ningún caso y constituyen una violación grave del derecho a la vivienda, por no mencionar otros, como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud o el derecho al saneamiento", ha señalado Byrne.