14 mayo 2009
Israel y Territorios Palestinos Ocupados: El Consejo de Seguridad de la ONU debe trascender la retórica y adoptar medidas concretas para la paz y la rendición de cuentas
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El Consejo de Seguridad de la ONU debe dar seguimiento a sus llamamientos para que se redoblen los esfuerzos en el marco del proceso de paz adoptando medidas concretas para asegurar que ambas partes en conflicto, israelí y palestina, hacen honor a las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y al deber de vigilar y garantizar el cumplimiento. De lo contrario, las declaraciones sobre la urgencia de llegar a un acuerdo de paz integral, como las reiteradas durante la reunión celebrada por el Consejo de Seguridad el 11 de mayo, no tienen muchas posibilidades de hacerse realidad.

Las graves violaciones del derecho internacional cometidas por ambas partes durante el reciente conflicto en Gaza y el sur de Israel, que se cobraron la vida de varios cientos de civiles palestinos y tres civiles israelíes y arrasaron Gaza, suscitan honda preocupación y exigen la atención urgente del Consejo de Seguridad.



En primer lugar, el Consejo de Seguridad debe actuar para abordar las recomendaciones formuladas por la Junta de Investigación de la ONU que examinó los hechos en torno a una serie de ataques lanzados contra instalaciones y personal de la ONU en Gaza y presentadas por el Consejo al secretario general Ban Ki-moon. (La Junta de Investigación llegó a la conclusión de que siete de los nueve ataques examinados, causantes de muertes, heridas y daños, habían sido responsabilidad del ejército israelí y al menos uno de los ataques había sido lanzado por grupos armados palestinos.) Una de las recomendaciones principales de la Junta es la necesidad de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre todas las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza y el sur de Israel atribuidas al ejército israelí y a grupos armados palestinos durante el reciente conflicto de 22 días (27 de diciembre de 2008 a 18 de enero de 2009).



El anuncio del secretario general de la ONU, formulado en su carta del 4 de mayo de 2009 al presidente del Consejo de Seguridad, en el sentido de que no tiene la intención de ordenar ninguna investigación adicional, es decepcionante y no concuerda con sus promesas anteriores de asegurar investigaciones exhaustivas, explicaciones detalladas y, cuando sea necesario, rendición de cuentas. Las conclusiones de Amnistía Internacional concuerdan con las de la Junta de Investigación y de otras ONG en el sentido de que se plantea la necesidad urgente de llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial. Ahora recae sobre el Consejo de Seguridad la responsabilidad de asegurar rendición de cuentas por violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y reparación para las víctimas.



El Consejo de Seguridad debe apoyar la misión de investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos y encabezada por el juez Richard Goldstone, y debe dar los pasos necesarios para asegurar que todas las partes afectadas cooperan plenamente con el equipo de investigación de la ONU y que las autoridades israelíes permiten que el equipo tenga pronto acceso a Israel y a Gaza. La reiterada negativa de Israel a cooperar con la misión podría poner en peligro la labor de ésta.



En segundo lugar, el Consejo de Seguridad debe adoptar medidas inmediatas para asegurar que se levanta el bloqueo israelí que ha mantenido a todas la población de Gaza, de 1,5 millones, aislada del resto del mundo durante casi dos años, ha causado un considerable deterioro de la situación humanitaria, el colapso de la economía y un clima de creciente desesperación, y ahora está impidiendo el comienzo de obras de reconstrucción muy necesarias. Es posible reabrir los cruces fronterizos de Gaza de una manera que asegure la libre circulación de personas y bienes sin por ello poner en peligro la seguridad de Israel.



En tercer lugar, el Consejo de Seguridad debe tomar medidas efectivas para poner fin de inmediato a la expansión incesante de los asentamientos israelíes en tierras palestinas ocupadas por Israel en Jerusalén Oriental y en el resto de Cisjordania, que ha aumentado radicalmente desde la celebración de la Conferencia de Anápolis en noviembre de 2007 y contraviene el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. También debe dar pasos para conseguir que se levante el agobiante régimen israelí de controles militares de seguridad, barreras y muros, que obstruye la recuperación económica e impide que la población palestina de Cisjordania lleve una vida normal, siquiera en grado mínimo.



Incumbe a los miembros del Consejo de Seguridad -muchos de los cuales han expresado reiteradamente su preocupación por tales abusos- trascender la retórica y dar pasos para asegurar que todas las partes cumplen con las disposiciones del derecho internacional y con las resoluciones del Consejo de Seguridad, y que quienes no lo hacen rinden cuentas. El respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas deben ser elementos centrales del proceso de paz y no deben quedar subordinados a los avances que se hagan en las negociaciones políticas.



Desde Oslo en 2003 a Anápolis en 2007 han venido fracasando una serie de iniciativas de paz que pasaban por alto requisitos del derecho internacional y derechos humanos fundamentales y carecían de mecanismos concretos para la implementación y la rendición de cuentas. Estos reiterados fracasos han puesto de manifiesto el hecho de que la subordinación de la justicia y los derechos humanos fundamentales a factores políticos no producirá paz y seguridad duraderas.



La impunidad que rodea la comisión de graves violaciones del derecho internacional ensombrece todas las iniciativas de paz, alimentando el rencor de las víctimas y su deseo de venganza, permitiendo que los perpetradores sientan que están por encima de la ley y, en última instancia, fomentando la comisión de abusos. Para romper este funesto ciclo, es preciso adoptar un nuevo planteamiento, trascender la retórica y garantizar que los compromisos se traducen en acción concreta sobre el terreno.