Perú: impunidad para violaciones a los derechos humanos despierta nueva ola de activismo social

 

  • Amnistía Internacional publica el informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2017/2018.
  • Índices de violencia contra la mujer y embarazo adolescente siguen en aumento sin respuesta efectiva del Estado peruano.
  • Indulto y derecho de gracia a Alberto Fujimori evidenciaron falta de compromiso del gobierno con las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
  • Comunidades indígenas afectadas por metales tóxicos en la sierra y selva siguen sin recibir atención en salud.

 

En su informe anual “La situación de los derechos humanos en el mundo”, Amnistía Internacional evalúa el estado de los derechos humanos en 159 países durante 2017 y presenta un análisis especialmente exhaustivo de las condiciones en que se encuentran en la actualidad en el mundo. En el Perú la organización encuentra que la falta de acción del Estado ante problemas históricos impide lograr avances en materia de derechos humanos.

 

“Estamos ante un discurso oficial que habla de diálogo y reconciliación pero se da la espalda a las víctimas de violaciones de derechos humanos perpetuando un ciclo de impunidad en el Perú” dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú. “Las mujeres y niñas, las víctimas del conflicto armado interno y las comunidades indígenas enfrentan día a día indiferencia e injusticia por parte de un Estado que no atiende sus demandas”.

 

La organización ha visto que existe un creciente movimiento de activistas cuya movilización por la justicia social permite abrigar la esperanza de lograr cambios importantes en la vida de las personas y poner punto final a la injusticia e impunidad de las violaciones a los derechos humanos en Perú.

 

Derechos de mujeres y niñas

 

Los índices de embarazo en niñas siguen en aumento. Según datos oficiales, al menos 12 niñas de 11 años o menos y 6,516 niñas de entre 12 y 17 años dieron a luz entre enero y marzo del 2017.

Entre enero y septiembre del año pasado el Ministerio Público registró 17, 182 denuncias de ‘delitos contra la libertad sexual’, que incluían violación y otros tipos de violencia sexual. El Poder Judicial solo hizo seguimiento de 2,008 (un 11% del total) de esas denuncias. Además el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó 94 casos de feminicidio.

 

Los movimientos feministas como “Ni Una Menos” denunciaron la violencia contra las mujeres y las niñas en toda la región, mientras que en Argentina, México, Jamaica, Perú y muchos otros países, las sobrevivientes de violencia sexual y de género salieron a la calle para protestar contra la impunidad de estos delitos.

 

“Frente a la falta de justicia para casos de violencia contra mujeres y niñas, la sociedad sale a las calles a exigir sus derechos. Es necesario que desde el Estado se abandonen las propuestas populistas como la aplicación de la pena de muerte y de una vez por toda realicen reformas judiciales, policiales y educativas que permitan a nuestras niñas, y a todas las mujeres, vivir libres y sin miedo”.

 

El aborto continúa siendo criminalizado incluso en casos de deterioro fetal grave o violencia sexual. Las mujeres y las niñas que quedan embarazadas como resultado de la violencia sexual son obligadas a llevar un embarazo no deseado contra su voluntad. Actualmente sigue pendiente de trámite en el Congreso un proyecto para despenalizar el aborto para casos de violación.

 

Impunidad para crímenes durante el conflicto armado interno

 

El indulto y derecho de gracia concedidos por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, representaron un grave retroceso en la lucha por justicia y verdad para las víctimas del conflicto armado interno, y son contrarias a las obligaciones internacionales del Estado. Esta decisión presentó deficiencias importantes: falta de transparencia, de imparcialidad, de respeto al debido proceso y de participación de las víctimas y sus familiares, especialmente dada la gravedad de los crímenes de derecho internacional en cuestión.

 

Amnistía Internacional demanda una vez más al Estado peruano cumplir con su obligación de investigar y, de existir pruebas suficientes y admisibles en su contra, juzgar a Alberto Fujimori por los crímenes que se le imputan en el caso Pativilca, además de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno.

 

Además la organización pide al Estado peruano que conduzca una investigación pública, independiente e imparcial sobre la legalidad del indulto otorgado a Alberto Fujimori para determinar su compatibilidad con el derecho internacional y, en caso de ser contrario, asegure su anulación.

 

“Indultar y otorgar el derecho de gracia a Alberto Fujimori fueron una clara muestra que al presidente Kuczynski le importa poco el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares. Frente a esta indiferencia del gobierno, la sociedad ha mostrado permanente solidaridad con mujeres y hombres valientes como los familiares de los casos La Cantuta, Barrios Altos y Pativilca, que a pesar del paso del tiempo son un ejemplo de lucha contra la impunidad en el Perú”.

 

Un año después de la aprobación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas no se tienen mayores avances sobre su implementación. Es necesario que el actual gobierno muestre señales de interés en encontrar a los más de 15 mil peruanos desaparecidos durante el conflicto armado interno.

 

Derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales

 

La adopción de una serie de normas que relajaban los requisitos ambientales y facilitaban los procedimientos de acceso a la tierra con el objetivo de promover proyecto extractivos o de infraestructura siguen colisionando con el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas.

 

En septiembre una investigación de Amnistía Internacional presentó evidencia de la presencia de contaminación por metales tóxicos en las comunidades indígenas de Cuninico (Loreto) y Espinar (Cusco) y el riesgo que esto significaba para las personas que conviven con esta problemática desde hace varios años. El Estado peruano no ha garantizado el derecho a la salud de estas comunidades, a pesar de tener conocimiento y evidencia de contaminación y graves riesgos de salud. Hasta la fecha no se ha atendido las demandas de las comunidades y no se han realizado las acciones necesarias para brindarles atención médica especializada, ni acceso a agua limpia para su consumo, ni se han determinado oficialmente las fuentes de contaminación.

 

“Las comunidades afectadas por metales tóxicos en Cuninico y Espinar llevan años esperando la atención a sus demandas. En lugar de recibir agua para el consumo de sus hijas e hijos siguen recibiendo promesas que poco o nada van a hacer para solucionar los problemas de salud ocasionados por el estado tóxico de sus fuentes de agua”.

 

Defensores y defensoras de derechos humanos

 

Las personas defensoras de los derechos humanos se enfrentan a la violencia, el hostigamiento y los ataques a manos de actores estatales y no estatales. Existe especial preocupación por la situación de las defensoras y defensores que trabajan en la tierra, el territorio y el medio ambiente, cuyos derechos se ven afectados por proyectos relacionados con la extracción de recursos naturales y la infraestructura.

 

El uso indebido de la ley penal para criminalizar el trabajo de los defensores es uno de los principales patrones que sufren. Los casos de Oscar Mollohuanca, ex alcalde de la provincia de Espinar en Cusco, y Máxima Acuña, campesina de Cajamarca, quien fue absuelta en mayo del 2017 por la Corte Suprema de Justicia poniendo fin a un infundado proceso por usurpación de tierras que duró más de cinco años; son claros ejemplos del uso del sistema judicial para criminalizar sus trabajo.

 

En la actualidad no existe ninguna política pública destinada a salvaguardar el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Perú. Los abogados y abogadas que defienden a las víctimas de violaciones de derechos humanos también sufren persecución y acoso legal para impedirles realizar su trabajo de manera efectiva.

 

Derechos LGBTI

 

En Perú las personas LGBTI sufren de exclusión social, son discriminadas y sufren violencia por falta de leyes y políticas públicas que reconozcan sus derechos. Los prejuicios, el estigma y los estereotipos alimentan la homofobia y la transfobia, lo que a su vez crea barreras al acceso a servicios de salud integrales, educación, trabajo y vivienda.

 

En mayo del 2017 el Congreso derogó parcialmente el Decreto Legislativo 1323, incluido el apartado que establecía que “la orientación sexual y la identidad de género” eran agravantes en ciertos delitos y constituían elementos del delito de discriminación.

 

A las personas trans se les sigue negando su derecho a la identidad, al no contar con un reconocimiento social y jurídico de su identidad de género. A pesar de existir un proyecto de ley en el Congreso destinado a facilitar su reconocimiento administrativo, sólo se les permite cambiar su nombre y su sexo en el registro civil mediante un proceso en los tribunales civiles. Además, pese a la orden judicial de 2016 que reconoce la inscripción en registro civil de los matrimonios de personas del mismo sexo contraídos en el extranjero, a las personas del mismo sexo no se les permite contraer matrimonio en el país, lo cual viola su derecho a la igualdad y a la no discriminación.

 

En unas semanas el Peru tiene que adoptar las recomendaciones recibidas en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, muchas de ella referidas a los temas expuestos por Amnistía Internacional en su Informe Anual 2017/18. Es imperativo que el Estado peruano escuche a las personas que claman por sus derechos y llaman por justicia e igualdad en las calles, y adopte medidas para acabar con la impunidad para violaciones a los derechos humanos de sectores marginados que vienen reclamando históricamente.

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