13 mayo 2010
Honduras: Estado de derecho en peligro tras despido improcedente de funcionarios judiciales
Los nuevos líderes de Honduras serán juzgados por su capacidad de afrontar el reto de defender el Estado de derecho y generar fe pública en la independencia del poder judicial, después de que cuatro jueces y un fiscal fueron apartados de sus cargos, al parecer por la única razón de haber sido críticos con el golpe de Estado del 28 de junio 2009, el cual dio lugar a la expulsión del entonces presidente Zelaya de su cargo.

En enero de 2010, cuando el nuevo gobierno asumió el cargo, Amnistía Internacional instó a las autoridades a poner fin a la intimidación de aquellos que eran críticos con el golpe de Estado, incluidos los miembros del poder judicial que se enfrentaron a los procedimientos disciplinarios. Amnistía Internacional considera que la independencia del poder judicial se pone en grave cuestión debido a estos despidos.

La magistrada Tirza Flores Lanza del Carmen, el juez Ramón Enrique Barrios, el juez Luis Alonso Chevez de la Rocha, el juez Guillermo López Lone, y el fiscal Osmán Fajardo Morel han sido despedidos, bajo la preocupación de que ha sido por motivos políticos. Los cinco no estaban de acuerdo con el golpe de Estado de 2009, y participaron pacíficamente en manifestaciones contra el golpe, o expresaron sus preocupaciones por escrito, en los meses inmediatamente posteriores al derrocamiento del gobierno. Jueces y funcionarios judiciales que participaron en manifestaciones durante el mismo período a favor del golpe de Estado, sin embargo, no se han enfrentado a procesos similares.

Los procedimientos disciplinarios abiertos contra estos funcionarios de justicia debe ser anulados y todos deben ser reincorporados de inmediato. El sistema judicial está seriamente dañado debido al acoso por motivos políticos, como el sufrido por estos funcionarios. Un sistema judicial independiente es la piedra angular para la protección de los derechos humanos y para garantizar que todos, sin discriminación, tengan derecho a un debido proceso ante la ley.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El presidente hondureño José Manuel Zelaya Rosales, del Partido Liberal de Honduras, fue obligado a abandonar el poder mediante un golpe de Estado el 28 de junio de 2009, y fue expulsado del país por un grupo de políticos que contaban con el respaldo de los militares. El grupo de políticos estaba dirigido por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso Nacional. Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se produjeron cierres y ocupaciones de medios de comunicación por parte de personal militar, se golpeó y agredió físicamente a periodistas, y se amenazó e intimidó a periodistas, especialmente los que investigaban actividades de la delincuencia organizada o violaciones de derechos humanos o condenaban abiertamente el golpe de Estado.
A algunos jueces a los que se consideró críticos con el golpe de Estado y con las autoridades de facto, se les aplicaron traslados arbitrarios y procedimientos disciplinarios durante el periodo del gobierno de facto. Miembros de la organización Jueces por la Democracia, que trabaja en la promoción de la independencia judicial y de los principios de imparcialidad y transparencia en los procedimientos judiciales, formaron la gran mayoría a los cuales se aplicaron estas medidas.
El 12 de agosto, Luis Chevez de la Rocha, miembro de Jueces por la Democracia, fue detenido arbitrariamente en San Pedro Sula. El juez de la Rocha observaba una protesta contra el golpe de Estado cuando vio cómo unos agentes de policía golpeaban a unos manifestantes. Pidió insistentemente a los agentes que se refrenasen, y uno de ellos, según los informes disponibles, le dijo a los demás: "Móntelo a ese también, por irrespeto a la autoridad". Lo metieron a empujones en la parte posterior de un furgón policial y se lo llevaron a comisaría. Allí lo tuvieron más de tres horas y luego lo dejaron en libertad sin cargos. Un mes más tarde se comunicó al juez de la Rocha que se había incoado en su contra un procedimiento disciplinario por "su presencia en actos de alteración de orden público", pese a que no había participado en la manifestación, a que había sido detenido arbitrariamente y a que había quedado en libertad sin cargos.

Un gobierno de facto continuó en poder hasta finales de 2009. El 27 de enero de 2010 ocupó el poder un nuevo gobierno encabezado por Porfirio Lobo, el mismo día que Amnistía Internacional publicó un informe titulado "Honduras: Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009" que documentó violaciones de derechos humanos durante el golpe de Estado.