(Tegucigalpa) Amnistía Internacional instó ayer a las autoridades hondureñas a revelar las identidades, los paraderos y los cargos contra todas las personas que fueron detenidas en la madrugada del domingo y en todo el día de ayer, durante día de las elecciones presidenciales. Uno de los casos más preocupantes es el de Jensys Mario Umanzor Gutierrez, cuyo paradero continúa siendo desconocido. Jensys fue visto por última vez a las 2:30am del domingo en la custodia de una patrulla de policía cuyo número de placa fue tomado por testigos.Tras haber recibido información sobre el caso, la delegación de Amnistía Internacional en Honduras asistió en la presentación de una demanda de habeas corpus - un procedimiento legal para encontrar el paradero y estado de alguien que fue detenido por la policía - en el Juzgado Penal Francisco Morazán.La Corte Suprema, entre otras tantas cortes, estaba cerrada y no había nadie disponible para recibir la petición de manera telefónica. La corte debería tener a un juez u otro oficial siempre disponible para atender asuntos de tanta urgencia."Presentar una petición para saber donde se ha llevado a un detenido es una tarea casi imposible en Honduras," dijo Javier Zuñiga, Director de la delegación de Amnistía Internacional en Honduras."Las demoras y barreras impuestas por las autoridades para conseguir la más básica información demuestra la extensión de las violaciones que se cometen hoy en Honduras y cuan vulnerables son los hondureños a los abusos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad," dijo Javier Zuñiga.El Habeas Corpus es un procedimiento legal mediante el cual se requiere a un juez que le demande a la policía revelar el paradero de alguien que se cree, esta detenido y permite que el juez vea a esa persona. Esta es una garantía básica necesaria para proteger a las personas de tortura, malos tratos y desapariciones forzadas."Cuando alguien es llevado por la policía sin que nadie sepa adonde, esa persona está en serio riesgo de abusos como la tortura. El Habeas Corpus es un mecanismo de protección esencial que nunca puede suspenderse, ni en casos de guerra o estado de emergencia," dijo Javier Zúñiga.Los delegados de Amnistía Internacional también se reunieron con dos hombres que fueron arrestados hoy bajo cargos de terrorismo. Los hombres dijeron que habían sido golpeados y forzados a firmar declaraciones con las cuales no estaban de acuerdo. No es claro que pasará con ellos."Estamos muy preocupados por la forma en la que los hombres fueron arrestados y por su estado," dijo Javier Zúñiga. "Tenemos serias dudas sobre las acusaciones que se hicieron contra estos individuos y sus posibilidades de recibir un juicio justo."En otro incidente, ayer domingo a las 12:30 una organización local de derechos humanos descubrió a 14 menores detenidos en la Jefatura Metropolitana No.3, una estación de policía en Tegucigalpa. Los menores habían sido arrestados cuando estaban charlando en pequeños grupos en varias esquinas cerca de algunas casillas de votación.Durante dos de los múltiples arrestos, la policía les preguntó a los menores: "Por que se están reuniendo en grupos de más de cuatro personas cuando hay un decreto que les prohíbe hacer eso?". La policía se refería a un decreto publicado en Septiembre último, el cual fue oficialmente anulado el 10 de Octubre. Los 14 menores fueron liberados sin cargos.Amnistía Internacional también recibió información de que varias personas habían sido detenidas alrededor del país. En San Pedro Sula, varias personas reportaron haber sido golpeadas cuando participaban en una manifestación y luego fueron detenidas. En una instancia, los manifestantes tiraron piedras a la policía, hiriendo a un periodista.En otras partes del país, organizaciones de derechos humanos sufrieron ataques y actos de intimidación. El 28 de Noviembre, las oficinas de la Red Comal, un colectivo de productores agrícolas en Siguatepeque fueron atacadas, y sus computadoras y dinero, secuestrados."La justicia parece haber estado ausente también en el día de las elecciones en Honduras," Javier Zúñiga. "Es esencial que el paradero que todas las personas detenidas se haga público y que todos los incidentes de abuso sean investigados. El estado de derecho debe ser restaurado completamente."