Las personas condenadas a muerte en Japón corren gran peligro de ser ejecutadas de forma inminente tras el nombramiento el 4 de junio de Taki Makoto como ministro de Justicia, que se ha declarado partidario de la pena de muerte. Se calcula que en Japón hay más de 130 personas en espera de ejecución, y todas ellas corren peligro de ejecución inminente.El nuevo ministro de Justicia se ha mostrado partidario de que se mantenga la pena de muerte dado que ya existe en el sistema judicial. Por este motivo, Amnistía Internacional cree que existe un gran peligro de que pronto haya más ejecuciones.Las ejecuciones en Japón son por ahorcamiento, y habitualmente se llevan a cabo en secreto. Lo habitual es que a los presos les comuniquen que van a ser ejecutados pocas horas antes, y en algunos casos no reciben aviso alguno. Esto significa que viven cada día con el temor de ser ejecutados en cualquier momento. Por lo general, a los familiares no se les notifica la ejecución hasta que ésta se ha producido.Escriban inmediatamente en japonés, en inglés o en su propio idioma:
  • Instando al ministro de Justicia a que no firme ninguna orden de ejecución;
  • Instándole a que declare la suspensión de las ejecuciones en Japón, y a que estimule el debate en la opinión pública japonesa sobre la pena capital, con vistas a su total abolición.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 28 de agosto de 2012, A:

Ministro de JusticiaMinister of JusticeTaki Makoto1-1-1 KasumigasekiChiyoda-kuTokyo, Japón 100-8977Fax: +81 3 3592 7008Tratamiento: Dear Minister / Señor MinistroPrimer MinistroPrime MinisterNoda Yoshihiko1-6-1 Nagata-choChiyoda-kuTokyo, Japón 100-8968Fax: +81 3 3581 3883Correo-e: (a través de página web)https://www.kantei.go.jp/foreign/forms/comment_ssl.htmlTratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Tras 20 meses sin ejecuciones en Japón, el exministro de Justicia, OGAWA Toshio, que consideró que la reanudación de las ejecuciones formaba parte de su labor, autorizó la ejecución en la horca de tres hombres. El 29 de marzo, Tomoyuki Furusawa, de 46 años, fue ejecutado en el centro de detención de Tokio, Yasuaki Uwabe, de 48, fue ejecutado en el centro de detención de Hiroshima, y Yasutoshi Matsuda, de 44, fue ejecutado en Fukuoka. Los abogados de Yasuaki Uwabe habían expresado su temor de que su cliente sufriera una enfermedad mental, pero los tribunales lo declararon competente para ser juzgado.Aunque todas las personas condenadas a muerte en Japón corren peligro de ser ejecutadas, los miembros de la secta Aum Shinrikyo, condenados por su implicación en el atentado con gas sarín en el metro de Tokio, corren menos peligro de ser ejecutados esta vez. El motivo es que aún no ha finalizado el proceso de otros tres miembros de la secta (Kikuchi Naoko, Takahashi Katsuya y Hirata Makoto), también acusados de implicación en el atentado. Según el artículo 475 del Código de Procedimiento Penal, no pueden llevarse a cabo ejecuciones hasta que el proceso judicial de todos los acusados haya terminado.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, no importa el carácter del delito, las características de la persona condenada a muerte ni el método de ejecución utilizado por el Estado, por considerarla una violación del derecho a la vida y el más cruel, inhumano y degradante de los castigos.Más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. El año 2011 fue el primero en 19 años en que no hubo ejecuciones en Japón. De los 41 países de la región de Asia y Oceanía, 17 han abolido la pena de muerte para todos los delitos, 10 son abolicionistas en la práctica y uno -Fiyi- utiliza la pena capital sólo en casos de delitos militares excepcionales.Varios organismos intergubernamentales internacionales y regionales han recomendado la abolición de la pena de muerte para fomentar el derecho a la vida. Si bien el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Japón es Estado Parte, permite que se imponga la pena de muerte en ciertas circunstancias, su órgano de vigilancia ha interpretado que su artículo 6.6 "se refiere también en forma general a la abolición [de la pena de muerte] en términos que denotan claramente [ …] que ésta es de desear".En la resolución 2005/59, adoptada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU afirmó que "la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos" y que "la abolición de la pena de muerte es fundamental para la protección [del derecho a la vida]".Tres resoluciones de la Asamblea General de la ONU, adoptadas en diciembre de 2007 (62/149), 2008 (63/168) y 2010 (65/206), han pedido a los Estados que mantienen la pena de muerte que establezcan una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir este castigo.