20 marzo 2013
Resolución judicial bloquea una ley de salud reproductiva
La resolución dictada por el Tribunal Supremo de Filipinas para bloquear la nueva Ley de Salud Reproductiva es un importante retroceso para los derechos humanos en el país; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

La Ley Reguladora de una Política Nacional sobre Paternidad Responsable y Salud Reproductiva, conocida como Ley de Salud Reproductiva, regula el acceso a la información sobre métodos anticonceptivos y salud reproductiva para las personas adultas.

Entró en vigor en enero de 2013 con la oposición del clero católico. Pero ahora el Tribunal Supremo ha retrasado su aplicación en espera de una nueva vista que tendrá lugar el 18 de junio.

"Esta ley es un verdadero hito en la protección de los derechos de las mujeres en Filipinas, ya que derriba algunas de las barreras que durante mucho tiempo han impedido el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva", ha afirmado Isabelle Arradon, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

"Es decepcionante que se esté cediendo a la presión en contra de proteger estos derechos humanos fundamentales."

La Ley de Salud Reproductiva no sólo aborda los motivos de preocupación relacionados con la fertilidad, sino también el VIH/sida, el cáncer de mama y del aparato reproductor y los estados menopáusicos y posmenopáusicos.

Un logro de la Ley de Salud Reproductiva es declarar ilegal que los proveedores de servicios de salud reproductiva no proporcionen información o tratamiento razonable a una mujer adulta ante la falta de consentimiento de terceros, como el permiso del esposo. Intenta además resolver el problema de la objeción de conciencia ejercida por los proveedores de asistencia médica al exigirles que remitan de inmediato a las pacientes a otro proveedor. Asimismo, en un intento de reforzar los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas, la Ley de Salud Reproductiva establece un sistema de revisión de las muertes derivadas de la maternidad.

Sin embargo, esta ley no garantiza la igualdad de derechos a las menores de edad. Para tener acceso a los métodos anticonceptivos, por ejemplo, las jóvenes de menos de 18 años necesitan el permiso paterno. Solamente están exentas de presentarlo las menores de edad que ya son madres o que han tenido un aborto anteriormente. La obligatoriedad del permiso paterno puede suponer una barrera para las adolescentes, que intentarían solicitar la ayuda de profesionales médicos por otros medios.

Amnistía Internacional ha pedido también que se aplique la Ley de Salud Reproductiva de manera que se reconozca el derecho de las mujeres embarazadas a recibir asistencia médica aunque esto pueda tener consecuencias no pretendidas para la salud del feto.

Y los profesionales de la salud no deben descartar el acceso a tratamiento requerido por una mujer embarazada basándose en sus posibles efectos en el feto.

"La Ley de Salud Reproductiva no es perfecta en modo alguno, pero puede hacer una gran contribución a la mejora de la protección del derecho de las mujeres a la asistencia de la salud sexual, reproductiva y materna."