25 septiembre 2014
El Salvador, donde el aborto manda a miles de mujeres a prisión
Como parte de la campaña Mi cuerpo mis derechos Amnistía Internacional presenta Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador, un informe que expone la situación del aborto en el país centroamericano

María Teresa Rivera es una mujer de El Salvador que un día se encontró en medio de un charco de sangre cuando trabajaba en una fábrica de prendas de vestir. Su suegra quien trabajaba con ella avisó a los médicos y ellos a la policía. María Teresa no sabía que había abortado de forma espontánea y mucho menos que estaba embarazada en un país que condena el aborto en cualquier situación. Ahora, su hijo de cinco años tendrá que esperar cuatro décadas para ver a su madre en libertad.

El caso de María Teresa Rivera no es el único caso que conmocionó a la opinión pública salvadoreña e internacional, sino también el de Beatriz, una joven de 22 años diagnosticada con lupus y otros graves problemas de salud. Ella llevaba en su vientre un feto anencefálico (carecía de una gran parte del cerebro y del cráneo), una malformación mortal que no le permitiría sobrevivir más que unas horas o días tras el nacimiento.

El 3 de junio de 2013, tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la difusión del caso por la prensa internacional, el gobierno de El Salvador autorizó finalmente que a Beatriz se le practicara una cesárea temprana. El recién nacido murió horas después.

El reciente informe de Amnistía Internacional, Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador describe cómo la restrictiva ley del país tiene como consecuencia la muerte de cientos de mujeres y niñas que se someten a abortos clandestinos.

"La terrible represión que sufren las mujeres y las niñas en El Salvador es realmente espeluznante y equiparable a la tortura. Se les niega su derecho fundamental de decidir sobre su propio cuerpo, y se las castiga duramente si se atreven a hacerlo", explicó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional

"Lo terrible es que la prohibición se extiende incluso a casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro, lo cual significa que las mujeres cuyo estado de salud les impide llevar a término un embarazo en condiciones de seguridad se enfrentan a un dilema de imposible solución: si abortan pueden ir a la cárcel, y si no lo hacen, están condenadas a morir".

Debido a las restrictivas leyes del país, las mujeres y las niñas declaradas culpables de abortar pueden pasar entre dos y ocho años en la cárcel.

El informe documenta cómo, en algunos casos, las mujeres que tienen abortos espontáneos son procesadas y encarceladas durante décadas. Según las leyes sobre homicidio, pueden ser condenadas a hasta 50 años de cárcel.

Así le ocurrió a María Teresa Rivera, que cumple 40 años de cárcel tras sufrir un aborto espontáneo.

Motivo suficiente por el cual "Amnistía Internacional pide al gobierno de El Salvador que despenalice el aborto a todos los efectos. El gobierno debe proporcionar a las mujeres y las niñas acceso a servicios de aborto seguros y legales cuando el embarazo represente un riesgo para su vida o su salud, cuando sea resultado de una violación o en casos grave malformación del feto", recalcó Salil Shetty,

En el Perú

Se estima que en el Perú se practican 300 mil abortos clandestinos e inseguros al año, según el estudio de la Organización Mundial de la Salud realizado en Lima y Cusco. Y si este dato no causa la preocupación del Estado, se estima que del 78 % de las víctimas de violación sexual son menores de edad y de ellas, el 5% sale embarazada.

Según el ex presidente de la Corte Suprema, Cesar San Martín, "el 90 % de casos de violación queda impune." Y aunque la legislación peruana no es tan severa ni controversial como la salvadoreña, despenalización del aborto es un tema pendiente en la agenda de derechos sexuales y reproductivos del país.