30 junio 2015
Egipto: Una generación de jóvenes activistas encarcelados en un implacable intento de aplastar la disidencia

La constante acometida de las autoridades egipcias contra jóvenes activistas es un flagrante intento de aplastar el espíritu de las mentes más valerosas y brillantes del país, y de cortar de raíz cualquier amenaza futura a su régimen. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.


Youth protests, Egypt

Generation Jail: Egypt’s youth go from protest to prison se centra en los casos de 14 jóvenes que forman parte de los miles que han sido detenidos arbitrariamente, recluidos y encarcelados en Egipto durante los dos últimos años en relación con las protestas. El informe muestra que el Estado ha vuelto por completo a ser un Estado policial.

"Dos años después del derrocamiento del presidente Mohamed Morsi, las protestas masivas han sido sustituidas por las detenciones masivas. Al atacar implacablemente a los activistas jóvenes de Egipto, las autoridades están aplastando las esperanzas de toda una generación respecto a un futuro mejor", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

"Tras el levantamiento de 2011, los jóvenes egipcios fueron alabados como un rayo de esperanza tanto por los dirigentes militares del país como por sus socios internacionales. Su idealismo y su compromiso para con las demandas de ‘pan, libertad y justicia social‘ demostraron ser una crucial fuerza motora para el cambio. Sin embargo, hoy día, muchos de estos jóvenes activistas permanecen entre rejas, lo que indica claramente que Egipto ha regresado a un estado de represión declarada."

Más de un año después de su llegada al poder, el gobierno de Abdel Fattah al Sisi no ha dado señales de abandonar su represivo régimen. La represión ha dado lugar a que más de 41.000 personas sean detenidas, acusadas o enjuiciadas por un delito penal, o condenadas tras juicios injustos, según las últimas estimaciones realizadas por activistas egipcios de derechos humanos.

"La magnitud de la represión es abrumadora. Las autoridades egipcias han demostrado que no se detendrán ante nada en su intento de aplastar cualquier desafío a su autoridad", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.

"Entre quienes están entre rejas hay desde líderes del movimiento juvenil aplaudidos internacionalmente hasta defensores y defensoras de los derechos humanos, pasando por niños detenidos por vestir camisetas con lemas contra la tortura."

La Ley de Manifestación, aprobada en noviembre de 2013, permite a las autoridades detener y procesar a su capricho a manifestantes pacíficos, y criminaliza el acto mismo de tomar las calles sin autorización previa. También da a las fuerzas de seguridad luz verde para utilizar fuerza excesiva y letal contra manifestantes pacíficos.

"La Ley de Manifestación se ha convertido en una vía rápida hacia la prisión para los manifestantes pacíficos, que están siendo tratados como delincuentes. Debe ser derogada de inmediato", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.

La represión, que comenzó con las detenciones, en julio de 2013, de Mohamed Morsi y sus partidarios, entre ellos altos dirigentes del movimiento Hermandad Musulmana, se ha extendido rápidamente para englobar todo el espectro político egipcio.

Entre los jóvenes que han sido encarcelados arbitrariamente se encuentran los destacados activistas Ahmed Maher y Mohamed Adel, del "Movimiento Juvenil 6 de abril", Ahmed Douma, conocido bloguero y manifestante, y Alaa Abd El Fattah, bloguero y destacado crítico de las autoridades que pasó tiempo en prisión durante el gobierno de Hosni Mubarak y durante el del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

También se encuentran los destacados defensor y defensora de los derechos humanos Yara Sallam y Mahienour El Massry.

Todos ellos se han unido a quienes fueron detenidos por protestar contra el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi, como el ciudadano irlandés Ibrahim Halawa, los estudiantes universitarios Abrar Al Anany y Menatalla Moustafa y el profesor Yousra Elkhateeb.

Todos ellos han sido encarcelados por desafiar la draconiana Ley de Manifestación egipcia, u otra legislación que restringe arbitrariamente el derecho a la libertad de reunión pacífica.

A mediados de 2015 se produjo una nueva oleada de detenciones en la que al menos 160 personas fueron detenidas en condiciones que constituían desaparición forzada, según el grupo de activistas egipcio Libertad para los Valientes. Por su parte, el movimiento Hermandad Musulmana informó de nuevas detenciones de sus miembros.

Las autoridades egipcias han tratado a menudo de justificar sus tácticas de mano dura diciendo que mantienen la estabilidad y la seguridad. Aunque algunos manifestantes han hecho uso de la violencia durante las protestas, la respuesta de las fuerzas de seguridad ha sido sistemáticamente desproporcionada.

Muchas de las personas detenidas han sido llevadas a comparecer ante un tribunal por cargos falsos o de motivación política, o han sido condenadas durante juicios colectivos en los que se ha declarado culpables a centenares de personas sin apenas pruebas, o sobre la base exclusiva de testimonios de las fuerzas de seguridad o procedentes de investigaciones del Servicio de Seguridad Nacional.

Otras han sido detenidas durante periodos prolongados sin cargos ni juicio. Entre ellas se encuentra el estudiante Mahmoud Mohamed Ahmed Hussein, que sólo tenía 18 años cuando fue detenido, a causa del lema impreso en su camiseta, mientras se dirigía a su casa desde una protesta.

Según su familia y abogados, fue torturado para obligarlo a "confesar" actividades relacionadas con el terrorismo. Pasó su 19 cumpleaños en prisión, y lleva ya más de 500 días recluido sin cargos ni juicio.

Los miles de manifestantes condenados por cargos falsos o por leyes que restringen arbitrariamente la libertad de reunión pacífica y expresión, contrastan fuertemente con el bajísimo número de miembros de las fuerzas de seguridad procesados por violaciones de derechos humanos desde enero de 2011. Ni un solo miembro de las fuerzas de seguridad se ha enfrentado a cargos penales por la muerte de cientos de simpatizantes de Morsi ocurrida en las plazas de Rabaa Adawiya y Al Nadha el 14 de agosto de 2013.

Amnistía Internacional ha advertido a los socios internacionales de Egipto de que no sacrifiquen los derechos humanos en sus conversaciones con las autoridades.

Los dirigentes de influyentes países de la UE, como Francia, Italia y Alemania, se han sentado con el presidente Abdel Fattah al Sisi mientras su gobierno encarcelaba a miles de sus opositores políticos. Y no hay ningún indicio de que en el orden del día de esas reuniones se encuentre detener las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Egipto.

Reino Unido también ha invitado a mantener conversaciones al presidente Al Sisi; un portavoz confirmó la noticia tan sólo un día después de que un tribunal condenara a muerte, tras un juicio injusto, al derrocado presidente Mohamed Morsi.

El gobierno estadounidense anunció en marzo que iba a levantar la congelación de las transferencias de armas a Egipto, y también está dispuesto a ofrecer asistencia militar y de seguridad continuada al ejército y las fuerzas de seguridad del país.

"La hipocresía de los socios de Egipto ha quedado patente en una carrera para lograr lucrativos tratos comerciales, influencia política e información secreta, así como nuevas ventas y transferencias de equipo policial que podría facilitar las violaciones de derechos humanos", ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.

"Los dirigentes mundiales están rompiendo las promesas que hicieron de apoyar a los jóvenes egipcios cuando Mubarak cayó en febrero de 2011. Egipto está encarcelando a activistas pacíficos mientras la comunidad internacional aparta la vista. Los Estados guardan silencio, como también lo guardan los dirigentes mundiales y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU."

Las autoridades han justificado la represión señalando un aumento de la violencia política. Egipto está sufriendo ataques de grupos armados que, según las autoridades, han provocado la muerte cientos de miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en el norte de la península del Sinaí, así como la de varios civiles. Amnistía Internacional condena sin reservas los ataques a civiles. No obstante, la organización insta a las autoridades egipcias a no utilizar esas amenazas como pretexto para pisotear los derechos humanos.