04 mayo 2015
Egipto: Periodistas encarcelados o acusados por rebatir el discurso gubernamental

Decenas de periodistas y profesionales de los medios de comunicación permanecen recluidos o se enfrentan a investigaciones penales por rebatir el discurso político de las autoridades y sacar a la luz su historial de derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.


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Desde el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi en julio de 2013, las autoridades han detenido a periodistas críticos con el gobierno y vinculados a la oposición, y los han acusado de cargos falsos de difundir "rumores o noticias o información falsas", así como de sedición y de incitación a la violencia.

Según la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional, en Egipto actualmente hay al menos 18 periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación recluidos. Las fuerzas de seguridad han detenido también a decenas de periodistas más, a los que no han puesto en libertad hasta después de que hayan sido interrogados por la fiscalía y la Agencia de Seguridad Nacional.

La mayoría tuvieron que depositar una fianza para poder quedar en libertad, y están siendo sometidos a investigaciones penales, una práctica aparente destinada a intimidarlos o silenciarlos.

Desde julio de 2013, la fiscalía ha detenido también a varios periodistas durante periodos prolongados sin cargos ni juicio. Por ejemplo, Mahmoud Abu Zeid, reportero gráfico egipcio conocido como "Shawkan", lleva más de 600 días recluido sin que se le haya acusado de cargos formales ni se le haya sometido a juicio.

La mayoría de los periodistas detenidos habían documentado violaciones de derechos humanos, habían criticado a las fuerzas de seguridad o al gobierno, o simplemente habían tomado fotografías de policías o militares. Varios trabajaban para medios de comunicación conocidos por su apoyo al movimiento ahora proscrito de la Hermandad Musulmana. Otros parecen haberse visto atrapados en la brecha política abierta entre Egipto y Qatar, país que respaldó enérgicamente al gobierno de Mohamed Morsi.

Desde el 3 de julio, los tribunales han encarcelado a varios periodistas por cargos falsos tales como "pertenencia a un grupo prohibido", "difusión de rumores o de noticias o información falsas" e "incitación a la violencia", y han juzgado a otros in absentia.

Un tribunal condenó este mismo mes a muerte a un periodista por el cargo de crear comités de medios de comunicación con el propósito de difundir "información falsa" que provocó ataques contra instituciones del Estado.

Los abogados defensores han dicho a Amnistía Internacional que no había pruebas incriminatorias contra sus clientes. En la mayoría de los casos, los tribunales examinaron el trabajo de los periodistas, pero dictaron su sentencia basándose exclusivamente en los testimonios e investigaciones de las fuerzas de seguridad, incluidos los de la Agencia de Seguridad Nacional y los de los agentes del Departamento de Investigaciones Criminales.

Los tribunales también han impuesto de forma habitual órdenes de silencio en juicios de contenido político. Aunque, en circunstancias determinadas y especiales, los tribunales pueden impedir el acceso de la prensa o el público por una serie de motivos, en Egipto se ha abusado sistemáticamente de esta práctica para apartar del escrutinio público casos de autoridades en ejercicio o que ya han abandonado su cargo acusadas de violaciones de derechos humanos, o casos de opositores políticos o individuos críticos con el gobierno que han sido sometidos a juicio. El patrón de detenciones, acusaciones y procesamientos de periodistas sugiere que su finalidad es silenciar a quienes critican al gobierno o se oponen a él. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Las autoridades también están dispuestas a intensificar la represión en la web. Un periódico egipcio filtró el año pasado las propuestas de someter a observación sistemática las redes sociales -incluidos Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber, Instagram y YouTube- para detectar indicios de terrorismo; sin embargo, esa observación se está utilizando para detectar la disidencia.

Al menos seis periodistas han perdido la vida desde junio de 2013 mientras informaban sobre protestas, según la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional y la información publicada en los medios de comunicación. La mayoría murieron a manos de las fuerzas de seguridad, mientras que otros murieron a causa de la violencia entre simpatizantes de Morsi y manifestantes progubernamentales.

Las autoridades han justificado la represión afirmando que su objetivo son las personas que han incitado a la violencia o han difundido "información falsa" a públicos locales e internacionales. En los casos investigados por Amnistía Internacional, la fiscalía no ha presentado pruebas creíbles que respalden los cargos de incitación a la violencia, y ha dependido por entero de los testimonios de las fuerzas de seguridad y las investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional.

Amnistía Internacional ha concluido además que esa incitación es habitual en los medios de comunicación progubernamentales, que a menudo han publicado llamamientos a la violencia contra simpatizantes de Morsi y la Hermandad Musulmana.

Esos incidentes no han dado lugar a investigaciones y enjuiciamientos de medios de comunicación progubernamentales. Respecto a los cargos de "difusión de rumores o de noticias o información falsas", en muchos casos tampoco se han demostrado. En cualquier caso, esa conducta no debería ser un delito, y jamás debería ser la base sobre la que encarcelar a personas.

Los medios de comunicación estatales y algunos medios de comunicación privados han estado llevando a cabo una campaña corrosiva contra la Hermandad Musulmana. Han pedido repetidamente que se prive a sus simpatizantes de la nacionalidad egipcia y que se cierren los comercios, las escuelas y las oficinas vinculados al grupo.

Amnistía Internacional advierte de que, a día de hoy, no hay en Egipto un espacio seguro en el que un periodista o bloguero pueda criticar el historial político o de derechos humanos de las autoridades, o expresar pacíficamente su oposición al gobierno del presidente Abdel Fattah al Sisi.

La organización insta a las autoridades egipcias a poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas exclusivamente por su trabajo periodístico, es decir, por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión.

También deben ordenar la liberación inmediata de los periodistas detenidos por cargos de "difusión de rumores o de noticias o información falsas". El encarcelamiento de estos periodistas es una restricción intrínsecamente desproporcionada de su derecho a la libertad de expresión.

Casos
Además de los casos expuestos más abajo, Amnistía Internacional sabe de la existencia de otros periodistas detenidos, como por ejemplo el corresponsal del Partido de la Libertad y la Justicia Abdel Rahman Shaheen, el periodista de Rassd News Mahmoud Mohamed Abdel Naby, y el reportero gráfico de Karmouz Abdel Rahman Abdel Sallam.

La organización no pretende que la información que expone a continuación sea una lista exhaustiva, sino que ilustre un patrón creciente de detenciones de periodistas críticos con el gobierno.

Periodistas de Al Masry Al Youm
Cinco periodistas que trabajan para el diario egipcio Al Masry Al Youm están siendo objeto de una investigación criminal tras haber acusado a las fuerzas de seguridad de corrupción y de cometer violaciones de derechos humanos en un artículo publicado el 19 de abril y cuyo título se traduciría como "La policía: mártires y pecadores (los agujeros en el uniforme)". El Ministerio del Interior emprendió "acciones legales" contra el periódico y acusó a los periodistas de "difundir información falsa". La Fiscalía de Seguridad del Estado envió una citación al director del periódico y a cuatro periodistas para que se presentaran para ser interrogados sobre el artículo el 21 de abril. No obstante, en vista de las críticas nacionales que se desataron, aplazó el interrogatorio hasta el 26 de abril, y posteriormente notificó al Sindicato de Periodistas de que el interrogatorio se posponía, sin fijar una nueva fecha.

"Shawkan"

Mahmoud Abu Zied, reportero gráfico freelance conocido como "Shawkan", lleva más de 600 días detenido sin cargos ni juicio. Las fuerzas de seguridad lo detuvieron el 14 de agosto de 2013 mientras tomaba fotografías de los agentes que dispersaban una sentada organizada por simpatizantes del presidente egipcio derrocado en la plaza de Rabaa al Adawiya, en el distrito de Ciudad Naser, El Cairo. Las fuerzas de seguridad, tras detenerlo, le dieron una paliza, y le inmovilizaron con ligaduras de plástico que le dejaron cicatrices en las muñecas. Los malos tratos continuaron en la prisión de Abu Zaabal, donde las fuerzas de seguridad mantuvieron al periodista, junto con decenas de detenidos más, encerrado a pleno sol durante ocho horas en un furgón policial. "Tenía mucho miedo, creí que iba a morir", escribió más tarde en una carta publicada por Amnistía Internacional. En la prisión, los agentes de las fuerzas de seguridad le propinaron puñetazos y patadas y lo golpearon con palos como parte de una "fiesta de bienvenida". En la actualidad, "Shawkan" permanece en el complejo de la prisión de Tora, al sur de la capital, El Cairo.

La "Sala de Operaciones de Rabaa"
El 11 de abril, un tribunal de lo penal de El Cairo condenó a 14 periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación a penas de 25 años de prisión por cargos de "difusión de información falsa" e incitación a la violencia contra las fuerzas de seguridad. Los condenados formaban parte de un grupo de 51 personas acusadas de gestionar una "sala de operaciones" en la sentada de Rabaa al Adawiya, y en el que se incluían también miembros destacados de la Hermandad Musulmana. El tribunal condenó a otro periodista a muerte por "crear comités de medios de comunicación con el propósito de difundir información falsa que provocó ataques contra instituciones del Estado".

Tanto los abogados defensores que trabajan en el caso como las familias han dicho a Amnistía Internacional que no había pruebas incriminatorias contra ninguno de los periodistas. El tribunal juzgó y condenó a cuatro de los acusados in absentia.

Entre los juzgados y condenados a cadena perpetua en este caso se encuentran Mohamed Eladly, presentador de Amgad TV, y Abdallah Alfakhrany y Samhi Mostafa, periodistas de Rassd News. Las fuerzas de seguridad los detuvieron a los tres el 25 de agosto de 2013 durante una redada en la casa de Salah Soltan, miembro de la Hermandad Musulmana. Los periodistas estaban visitando a su amigo Mohamed Soltan, hijo de Salah Soltan, al que las fuerzas de seguridad detuvieron también.

Las fuerzas de seguridad confiscaron a los periodistas sus teléfonos móviles, ordenadores portátiles y bolsas y los llevaron a la comisaría de policía de Basateen, donde los mantuvieron detenidos más de 18 horas con las manos aún esposadas a la espalda. Cuando los periodistas preguntaron a los agentes por qué los habían detenido, uno les dijo: "quedaos aquí y encontraremos algo de lo que acusaros".

El 26 de agosto de 2013, la Fiscalía de Seguridad del Estado interrogó a los tres periodistas por acusaciones de pertenecer a un grupo prohibido, haber organizado la sentada de Rabaa al Adawiya y haber difundido "información falsa".

Posteriormente, las fuerzas de seguridad los golpearon a los tres como parte de las "fiestas de bienvenida" a que los sometieron después de trasladarlos a diferentes comisarías de policía y prisiones. Los tres periodistas se encuentran ahora en la prisión de Tora Istiqbal.

El director del canal Al Aqsa, Ahmed Sebeh, fue uno de los que fueron juzgados y condenados a cadena perpetua como parte del caso de la "Sala de Operaciones de Rabaa". Las fuerzas de seguridad lo detuvieron en su casa el 4 de octubre de 2013 y lo llevaron a la comisaría de policía de Helwan, donde permaneció recluido un año y un mes mientras la fiscalía renovaba una y otra vez su detención sin cargos ni juicio.

Durante ese tiempo, los fiscales lo interrogaron como parte de las investigaciones criminales sobre el caso de la "Sala de Operaciones de Rabaa", así como sobre cargos separados de difusión de "información falsa" durante una protesta en torno al recinto de la Guardia Republicana, unos cargos por los que ahora se enfrenta a un juicio militar.

Las autoridades finalmente lo trasladaron a la prisión de Al Aqrab, un centro de máxima seguridad, en diciembre de 2014. Allí permanece recluido en régimen de aislamiento, y a su familia sólo se le ha permitido visitarlo una vez en los tres últimos meses.

Tras la detención de Ahmed Sebeh, las fuerzas de seguridad registraron las oficinas del canal Al Aqsa en El Cairo y confiscaron equipo, cámaras y cintas. Los abogados defensores de Ahmed Sebeh han dicho a Amnistía Internacional que, más tarde, la fiscalía había concluido formalmente que el material confiscado no guardaba ninguna relación con la Hermandad Musulmana y no mencionaba la situación política en Egipto.

Las fuerzas de seguridad libanesas detuvieron el 2 de abril de 2014 al director del canal Ahrar 25, Mosaad Elbarbary, al parecer a petición de las autoridades egipcias, y lo mantuvieron recluido durante cinco días en la Prisión General de Seguridad de Beirut. El 7 de abril de 2014, agentes de seguridad libaneses y egipcios llevaron al periodista al aeropuerto y lo embarcaron a un avión rumbo a Egipto. A su llegada a Egipto, las fuerzas de seguridad llevaron a Mosaad Elbarbary a la prisión de Tarhelat al Giza, donde fue interrogado por la Agencia de Seguridad Nacional respecto a lo que se convertiría en el caso de la "Sala de Operaciones de Rabaa". En la actualidad permanece recluido en la prisión de Tora.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a Hani Salah Eldin, ex director del sitio web de noticias Youm7 y miembro del Sindicato de Prensa deEgipto, el 28 de noviembre de 2014 en el aeropuerto de El Cairo. Posteriormente la policía lo interrogó en la comisaría de Ciudad Naser, antes de trasladarlo a la prisión de Al Aqrab. Las autoridades de la prisión mantuvieron al periodista recluido en régimen de aislamiento durante cinco meses antes de ordenar su traslado a la prisión de Tora Liman.

Según su familia, Hani Salah Eldin no fue interrogado por un fiscal hasta 21 días después de su detención, pese a que la Constituciónegipcia dispone que los detenidos deben comparecer ante la fiscalía en un plazo de 24 horas a partir de su detención.

Un tribunal condenó a muerte a Waleed Shalaby, periodista del periódico oficial del Partido de la Libertad y la Justicia, en este caso por cargos de crear y supervisar comités de medios de comunicación en la sentada de Rabaa al Adawiya con el propósito de difundir "información falsa" que provocó ataques contra instituciones del Estado.

El tribunal también juzgó, condenó y encarceló a varios periodistas más y profesionales de los medios de comunicación en el caso de la "Sala de Operaciones de Rabaa": el periodista de Al Karama Hassan Al Kabany; el periodista de Ikhwanweb Khaled Hamza; el director de Ikhwanwiki Abdo Mostafa Desouky; y el presentador de televisión Youssef Talaat.

Asimismo, el tribunal condenó in absentia a varios periodistas: el director de Rassd News Amr Farag; el periodista de Ikhwan OnlineMagdy Abdelatif; el periodista freelance Ibrahim Eltaher; y el periodista de Al Mokhtar al Islamy Gamal Nassar.

Ahmed Gamal Zeyada
El reportero gráfico Ahmed Gamal Zeyada, detenido en diciembre de 2013 mientras fotografiaba las protestas de los estudiantes de Al Azhar en Ciudad Naser, El Cairo, permaneció recluido más de un año y medio antes de que se formularan cargos en su contra.

En una carta a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional, Ahmed Gamal Zeyada decía que las fuerzas de seguridad lo detuvieron después de que fotografiara a agentes que golpeaban a los estudiantes. En la carta añadía que los agentes se habían puesto furiosos con él por fotografiarlos a ellos en lugar de fotografiar la presunta violencia de los estudiantes.

El director de la red de noticias online Yaqeen informó al fiscal a cargo de las investigaciones que, en el momento de su detención, el periodista trabajaba para ellos.

Ahmed Gamal Zeyada pasó gran parte de su reclusión en la prisión de Abu Zaabal, en la gobernación de Cailubia, al norte de El Cairo. Según afirma, mientras estuvo recluido allí las fuerzas de seguridad lo sometieron a tortura y malos tratos.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos egipcio, tras una visita realizada a la prisión a finales de marzo de 2015, ha acusado por separado a las fuerzas de seguridad de golpear a los reclusos de ese centro penitenciario y mantenerlos recluidos en malas condiciones.

La fiscalía remitió a Ahmed Gamal Zeyada a juicio en marzo de 2015, acusado de manifestarse sin autorización y agredir a las fuerzas de seguridad. Un tribunal lo absolvió el 29 de abril de 2015.

Ahmed Fouad
Las fuerzas de seguridad detuvieron al reportero gráfico de 18 años Ahmed Fouad aparentemente al azar mientras informaba sobre unas protestas celebradas en Alejandría el 25 de enero de 2014, tercer aniversario del levantamiento de 2011.

La fiscalía posteriormente lo acusó de "manifestarse sin autorización", atacar a las fuerzas de seguridad y estar en posesión de cócteles molotov. En la actualidad se encuentra recluido en la prisión de Borg al Arab, en Alejandría.

Su juicio dio comienzo el 14 de diciembre de 2014, y aún continúa. Los abogados defensores han mostrado al tribunal pruebas de que Ahmed Fouad estaba informando sobre la protesta a petición del sitio web de noticias Karmouz, pero el reportero gráfico sigue recluido.

Ayman Saqr
Las fuerzas de seguridad detuvieron al periodista Ayman Saqr el 28 de noviembre de 2014 mientras informaba sobre las protestas de Mattareya para el sitio web de noticias Almasreyoon. La fiscalía lo acusó de "manifestarse sin autorización", pertenecer a la Hermandad Musulmana y tomar fotografías de edificios militares.

La fiscalía se negó a poner a Ayman Saqr en libertad después de interrogarlo, pese a que sus abogados habían presentado pruebas de que era periodista. Al interrogatorio asistieron también delegados del Sindicato de Prensa egipcio, para apoyar al detenido.

Ayman Saqr permaneció recluido hasta el 15 de abril de 2015, cuando un tribunal de faltas ordenó su libertad bajo fianza de 5.000 libras egipcias (654 dólares estadounidenses). Sin embargo, la fiscalía no ha archivado el caso, y Ayman Saqr continúa sometido a investigación criminal.

Ahmed Samih
Las fuerzas de seguridad detuvieron a Ahmed Samih, director de una emisora de radio por Internet, el 4 de abril de 2015, tras una redada en las oficinas de Radio Horeyatna, emisora de radio online.

A continuación, el periodista fue interrogado por las fuerzas de seguridad y la fiscalía sobre la manera en que la emisora elegía de qué temas informar, y también sobre su afiliación política personal.

La fiscalía ordenó al día siguiente su libertad bajo fianza de 5.000 libras egipcias (654 dólares estadounidenses). Ahmed Samih está siendo sometido a una investigación criminal, que incluye acusaciones de estar en posesión de una copia pirata en CD del sistema operativo Windows.

Mohamed Ali Hassan
Mohamed Ali Hassan, miembro del Sindicato de Periodistas, fue detenido por las fuerzas de seguridad en la madrugada del 11 de diciembre de 2014 junto con su esposa y su hija de 45 días. Tanto él como su esposa fueron interrogados sobre el trabajo que él realiza para el sitio web de noticias y canal de TV Misr Alaan.

Se enfrenta a seis cargos formales, entre ellos "difusión de rumores y noticias falsas", "aceptar fondos de fuera de la República [deEgipto]", "unirse a la organización ilegal Hermandad [Musulmana]", "incitación al delito de protesta" y "uso indebido de métodos de comunicación e Internet", según el acta de acusación de la fiscalía a la que Amnistía Internacional ha tenido acceso. Él niega las acusaciones.

Según la familia de Mohamed Ali Hassan, éste recibió palizas y malos tratos en el momento de su detención y mientras estuvo bajo custodia en la comisaría de policía de Agouza, en El Cairo. Su esposa y su hija quedaron en libertad al cabo de 12 horas. Mohamed fue trasladado, después de tres semanas, al campamento "Kilo 10.5", un cuartel de la Agencia de Seguridad Nacional situado a las afueras de El Cairo. Según su abogado, su orden de detención se renueva cada 15 días, y entre las pruebas que se han presentado en su contra figura material informativo publicado por Misr Alaan y extractos de cuentas bancarias personales que muestran transferencias recibidas de sus dos hermanos, que han estado trabajando en Arabia Saudí y Libia.

Hussein Mahmoud Abdel Halim Aly
Hussein Mahmoud Abdel Halim Aly, corresponsal del diario Al Dostour, fue detenido por las fuerzas de seguridad el 11 de abril de 2015, según anunció el Ministerio del Interior en su página de Facebook. El Ministerio dijo que la detención se debía a que el periodista había sido condenado en siete casos penales previos que iban desde la posesión de drogas y armas hasta el robo y el soborno, y que databan de entre 2003 y 2013. La detención se produjo después de que Hussein Mahmoud Abdel Halim Aly publicara una serie de artículos en los que criticaba a la policía. La declaración del Ministerio alega que el periodista había emprendido, desde el 5 de abril, una campaña desde las páginas del periódico para derribar la institución de la policía y poner a la opinión pública en su contra. Las denuncias efectuadas por el periodista están siendo investigadas por la fiscalía. El Ministerio ha pedido a la prensa egipcia que "elija con cuidado a sus reporteros". El director y el presidente de Al Dostour fueron interrogados por la fiscalía durante 10 horas en relación con el periodista y, según los medios de comunicación estatales egipcios, no quedaron en libertad hasta después de pagar una multa de 5.000 libras egipcias (655 dólares estadounidenses).

Periodistas del servicio en inglés de Al Yazira
Mohamed Fahmy y Baher Mohamed, periodistas del servicio en inglés de Al Yazira, van a ser juzgados de nuevo ante un tribunal de El Cairo por cargos falsos de ayudar a una organización terrorista y "falsificar noticias". Los dos se encuentran actualmente en libertad bajo fianza mientras continúa su nuevo juicio.

El tribunal también está juzgando de nuevo al periodista Peter Greste, juzgado por ese mismo caso el año pasado; en esta ocasión lo está juzgando in absentia junto con otros empleados de Al Yazira y un periodista neerlandés.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a Mohamed Fahmy y Peter Greste en el Hotel Marriott y a Baher Mohamed en su casa la noche del 29 de diciembre de 2013.

La fiscalía los acusó a finales de enero de 2014 de una serie de delitos, entre ellos los de "difusión de noticias falsas", "posesión de equipo de retransmisión sin permiso" y "colaboración con la Hermandad Musulmana o pertenencia a ella".

Los tres fueron a continuación juzgados junto con otros seis detenidos acusados de participar en una conspiración de la Hermandad Musulmana para minar la reputación internacional de Egipto, pese a que los grupos no tenían ninguna relación entre ellos.

Amnistía Internacional asistió como observadora a varias sesiones del juicio. La fiscalía no presentó prueba alguna que fundamentara los cargos de que los tres periodistas de Al Yazira hubieran ayudado al movimiento de la Hermandad Musulmana, emitido "noticias falsas" o estado en posesión de equipo prohibido. Los fiscales obstruyeron el derecho de los acusados a examinar y rebatir las pruebas en su contra al no invitar a los abogados defensores a asistir a una proyección ordenada por el tribunal para examinar pruebas audiovisuales.

Los fiscales habían tratado de cobrar al abogado de Mohamed Fahmy 1,2 millones de libras egipcias (170.000 dólares estadounidenses) para permitirle ver las pruebas de vídeo que tenían contra su cliente. Los testigos de cargo clave también parecieron contradecir su propio testimonio escrito: los expertos técnicos, al ser sometidos a contrainterrogatorio, admitieron que no recordaban qué metraje se acusaba a los periodistas de haber manipulado, no sabían si el equipo de la cadena estaba autorizado, y no podían valorar si los acusados constituían una amenaza para la seguridad nacional.

El caso se vio también enturbiado por denuncias de tortura y otros malos tratos, después de que tres estudiantes detenidos en relación con él dijeran al tribunal que las fuerzas de seguridad los habían golpeado después de detenerlos.

En junio de 2014, el tribunal declaró a los tres periodistas de Al Yazira culpables de los cargos, y los condenó a entre 7 y 10 años de prisión. El tribunal de más alta instancia de Egipto anuló la declaración de culpabilidad el 1 de enero de 2015 pero negó a los periodistas la libertad bajo fianza en espera de un nuevo juicio.

Tras la presión internacional generalizada, las autoridades expulsaron a Peter Greste de Egipto en febrero de 2015, pero mantuvieron a Mohamed Fahmy y Baher Mohamed acusados en espera del nuevo juicio.

Mohamed Fahmy, originalmente de doble nacionalidad canadiense y egipcia, pensó que no tenía más opción que renunciar a su nacionalidad egipcia en diciembre de 2014, cuando las fuerzas de seguridad le dijeron que era "su única salida" en el caso. Además, las autoridades no le han proporcionado atención médica adecuada para una fractura de brazo que sufrió en los días previos a su detención en diciembre de 2013, ni tampoco para su hepatitis C.

Desde el derrocamiento de Mohamed Morsi en julio de 2013, las autoridades han convertido a Al Yazira y su personal en blanco frecuente de sus ataques. La cadena ha declarado que las fuerzas de seguridad han hecho numerosas redadas en sus oficinas y han detenido a su personal. Asimismo, las autoridades han prohibido el canal de Al Yazira en Egipto, Mubasher Masr, conocido por sus corrosivas críticas a quienes se oponen a Mohamed Morsi.

La fiscalía mantuvo a Abdallah Elshamy, periodista del servicio en árabe de Al Yazira, recluido sin cargos ni juicio durante 10 meses tras su detención en agosto de 2013, y finalmente ordenó su libertad "por motivos de salud" después de que el periodista realizara una agotadora huelga de hambre.