Desde que se dispersaron dos grandes concentraciones de seguidores de Morsi en El Cairo el mes pasado, decenas de personas se han visto privadas de sus derechos jurídicos básicos tras ser detenidas, ha manifestado Amnistía Internacional.La organización ha documentado varios casos de manifestantes a quienes se negó el acceso inmediato a sus abogados y familiares o la posibilidad de impugnar la legalidad de su reclusión tras ser detenidos."El hecho de que las autoridades egipcias no respeten el debido proceso con las personas que han sido detenidas es una señal preocupante. Todas las personas deben gozar de igualdad ante la ley. Es inaceptable que se persiga a los seguidores de Morsi o de la Hermandad Musulmana y se les dispense un trato injusto a causa de su filiación política", ha afirmado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África."Todas las personas detenidas por las autoridades deben tener acceso inmediato a sus abogados y familiares."Desde el 3 de julio, las fuerzas de seguridad han detenido a al menos 3.000 personas que, según los abogados que las representan, son mayoritariamente seguidores o miembros de la Hermandad Musulmana. Unas 600 han quedado en libertad posteriormente.A la organización le preocupa que entre las personas detenidas haya hombres y mujeres que no hacían más que ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión manifestándose a favor del derrocado presidente Mohamed Morsi.Muchas pueden ser acusadas de una amplia variedad de delitos graves, como asesinato, atentado contra personal de seguridad, tenencia de armas, e incitación al asesinato y otros actos violentos."Toda persona detenida por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de reunión, asociación o expresión debe quedar en libertad de forma inmediata e incondicional. Además, las autoridades deben respetar escrupulosamente el derecho de todas las personas a un juicio justo", ha declarado Philip Luther."El modo en que se ocupe de estos casos el sistema judicial egipcio servirá de prueba para saber si realmente puede llevar a cabo sus funciones de forma justa e imparcial y sin dejarse influir por el ejecutivo."A muchos manifestantes recluidos que fueron detenidos el 14 de agosto, cuando se dispersaron las concentraciones de Rabaa Al Adawiya y Nahda, se les negó el acceso a sus abogados durante al menos cuatro días. Abogados de la Hermandad Musulmana afirman que no pudieron asistir a las investigaciones porque los interrogatorios se realizaron durante las horas del toque de queda o porque no les informaron del lugar en donde se encontraba su cliente ni de la fecha y hora de la investigación.Un letrado del Frente para la Defensa de los Manifestantes de Egipto, un grupo de abogados independiente, contó a Amnistía Internacional que, el 27 de agosto, fuerzas de seguridad de la prisión de Abu Zaabal prohibieron que su equipo de 50 abogados asistiese a las investigaciones y renovaciones de órdenes de detención de manifestantes que habían sido detenidos cuando se dispersó la concentración de Rabaa Al Adawiya el 14 de agosto.En las sesiones de investigación en la prisión, que se ocupaban de más de 700 personas recluidas allí, sólo se permitió la presencia de 20 abogados. Algunos de los que pudieron asistir contaron a Amnistía Internacional que las sesiones, que afectaban a 600 personas, sólo duraron 15 minutos, y que no se permitió a abogados y detenidos presentar sus alegaciones.En muchos casos esto supuso que se interrogó a los detenidos sin contar con la presencia de sus abogados. Además, varias sesiones de investigación de la fiscalía se llevaron a cabo en comisarías, prisiones o campos de las Fuerzas de Seguridad Central. La presencia de personal de seguridad en las proximidades podría poner en entredicho la imparcialidad de las investigaciones.En un gran número de casos, y en contra de lo exigido por la legislación egipcia, los detenidos no pasaron a disposición judicial en las 24 horas siguientes a la detención, lo que provocó que se prorrogase la detención."Impedir el acceso a asistencia letrada constituye una grave violación de derechos humanos. Todas las personas detenidas deben tener la posibilidad efectiva de comparecer sin demora ante un funcionario judicial en presencia de un representante legal, y tienen derecho a ser juzgadas en un plazo de tiempo razonable o a quedar en libertad", ha manifestado Philip Luther.Entre las personas detenidas el 16 de agosto durante los actos violentos registrados en la plaza Ramsés, 77 hombres y 3 mujeres pasaron al menos 14 días recluidos en la comisaría de Hadayek El Kubba, en dos celdas destinadas a albergar a un máximo de 20 presos. Las mujeres estuvieron recluidas aparte.Entre ellas había una mujer con una pierna rota que pasó cuatro días bajo custodia sin que la trasladasen al hospital ni le permitiesen recibir la visita de un médico. Sus reiteradas peticiones de asistencia médica fueron denegadas. No la trasladaron al hospital hasta que lo ordenó el fiscal y se renovó su orden de detención. Amnistía Internacional insta a las autoridades a que permitan que las personas que necesitan asistencia médica tengan acceso a un facultativo.La organización también ha sabido que hay al menos 250 personas recluidas en el campo de las Fuerzas de Seguridad Central en Al Salam, en El Cairo, lo que constituye una violación de sus derechos.Al menos 30 personas detenidas el 16 de agosto durante los actos violentos registrados cerca del Juzgado de Giza Norte, en Giza, continúan recluidas en lugares desconocidos."Las fuerzas de seguridad y el fiscal deben dar a conocer información precisa que permita identificar dónde se encuentran las personas recluidas en lugares desconocidos", ha manifestado Philip Luther.Información generalDesde el 3 de de julio de 2013, las fuerzas de seguridad han detenido a un mínimo de 3.000 personas y han dejado a 600 en libertad. Según los abogados, al menos 2.200 personas continúan recluidas en las prisiones de Tura, Abu Zabaal, El Cairo, Wadi El Natroon, El Kanater y en el campo de las Fuerzas de Seguridad Central en Al Salam, en El Cairo.Las detenciones se practicaron cuando las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes partidarios de Morsi o tras los enfrentamientos armados entre campamentos rivales en El Cairo, y también durante los sucesos registrados en distintas zonas, como Al Moqattam (30 de junio), el Club de la Guardia Republicana (5 y 8 de julio), en las proximidades del Monumento al Soldado Desconocido (27 de julio), cuando se dispersaron las concentraciones de Rabaa Al Adawiya y Nahda (14 de agosto), y en la plaza Ramsés (16 de agosto).