19 agosto 2015
Egipto: fotoperiodista lleva más de dos años recluido en espera de juicio junto a más de 700 personas

La decisión de un tribunal egipcio de remitir la causa de un fotoperiodista a un tribunal penal y al mismo tiempo prorrogar su reclusión en espera de juicio representa otro duro golpe para los derechos humanos y el Estado de derecho en el país; así lo ha manifestado Amnistía Internacional. Mahmoud Abu Zeid, popularmente conocido como Shawkan, está entre los cientos de personas que llevan más de dos años recluidas en espera de juicio en todo el país.


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"La decisión de prorrogar la detención de Shawkan hasta que el tribunal penal fije fecha para el juicio es lamentable y constituye una violación flagrante de las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo contraviene el derecho interno y la Constitución de Egipto, que limita la detención en espera de juicio a un periodo ya prolongado de dos años, si la persona recluida no es condenada en ese plazo", ha explicado Said Boumedouha, director en funciones del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.


"Al mantener recluidas arbitrariamente a cientos de personas durante largos periodos en espera de juicio, las autoridades egipcias transmiten el mensaje inequívoco de que no van a detenerse ante nada para acabar con toda manifestación de disidencia, llegando incluso a burlar sus propias leyes en el proceso."


Shawkan fue detenido el 14 de agosto de 2013 cuando tomaba fotografías de la violenta actuación de las fuerzas de seguridad egipcias para disolver la sentada de Rabaa al Adaweya. Hasta un millar de personas resultaron muertas ese día en todo Egipto. Él estaba entre los cientos de personas que fueron detenidas ese día, entre las que había numerosos simpatizantes y miembros de la Hermandad Musulmana.


"El único ‘delito‘ cometido por Shawkan fue hacer fotografías como parte de su legítima labor de periodista; su reclusión ilegítima durante más de 700 días es sencillamente indignante. Es preso de conciencia, recluido únicamente por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, y deber ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones. Todos los cargos en su contra deben ser retirados", ha dicho Said Boumedouha.


Según han contado los abogados de Shawkan a Amnistía Internacional, la fiscalía les comunicó que, en efecto, había sido remitido al tribunal penal el 11 de agosto de 2015, cuando se anunció que Mohamed Badie, miembro destacado de la Hermandad Musulmana, y otras 400 personas iban a ser remitidas al tribunal penal.


Se ha privado a sus abogados de acceso a documentos fundamentales relativos al caso -como la decisión de la fiscalía de remitir la causa, que incluye la lista de cargos, el número de acusados y las disposiciones del Código Penal aplicables en la causa-, lo que ha mermado su capacidad para preparar la defensa. También han contado a Amnistía Internacional que la fiscalía negó inicialmente que Shawkan estuviera entre las personas remitidas a juicio la semana pasada, y que hoy han sabido con estupor que su caso fue remitido al tribunal junto con los demás.


Los abogados han presentado un recurso ante el Tribunal de Apelación para solicitar la liberación inmediata de Shawkan, dado que ya ha superado el plazo máximo de reclusión en espera de juicio que establece el derecho egipcio. Está previsto que el tribunal dicte resolución sobre el recurso en los próximos días. En el momento de su detención, Shawkan trabajaba para la agencia fotográfica Demotix, que así se lo confirmó a la fiscalía. Al menos 18 periodistas están encarcelados actualmente en Egipto simplemente por hacer su trabajo y ejercer su derecho a la libertad de expresión.


Shawkan y 400 personas más detenidas en el mismo caso fueron interrogadas en relación con un conjunto de idénticas acusaciones falsas, que incluían "pertenencia a un grupo prohibido" (la Hermandad Musulmana, declarada posteriormente organización "terrorista" por la Hermandad Musulmana), "posesión de armas de fuego" y asesinato. Shawkan negó tener vínculos con la Hermandad Musulmana así como todos los cargos en su contra durante las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía hace dos años.


Su caso está plagado de irregularidades desde el momento de su detención. Fue interrogado por un fiscal en ausencia de su abogado, y también sometido a tortura y otros malos tratos cuando estuvo recluido en una celda abarrotada de una comisaría de policía de El Cairo. Más tarde fue trasladado a la prisión de Abu Zabaal, y allí estuvo siete horas encerrado en una furgoneta aparcada en el exterior, expuesto al sofocante calor de agosto, antes de que se autorizara su ingreso en la cárcel, donde volvió a recibir golpes. En la actualidad está recluido en la tristemente célebre prisión de Tora, soportando condiciones de reclusión muy penosas.


En una carta donde describe las condiciones lamentables de su reclusión dirigida a Amnistía Internacional y publicada en abril de 2015, Shawkan decía que lo trataban "como a un animal en las cárceles egipcias" y que su reclusión por tiempo indefinido era "psicológicamente insoportable".


Además, antes de ser detenido se le había diagnosticado hepatitis C, y su familia ha contado a la organización que no está recibiendo medicación, por lo que su estado de salud está empeorando. La familia también ha presentado sin éxito numerosas solicitudes a la fiscalía para que lo pongan en libertad por razones médicas.


Unos días más tarde, el 17 de agosto de 2013, las autoridades detuvieron también a 327 personas, entre ellas Ibrahim Halawa, preso de conciencia de nacionalidad irlandesa, tras irrumpir en una mezquita situada en el centro de El Cairo, donde él y otros manifestantes se habían refugiado. Hoy se cumplen dos años y dos días de su detención, por lo que también en su caso se ha excedido el plazo de reclusión en espera de juicio legalmente establecido en Egipto.


El derecho internacional recalca que la detención en espera de juicio debe ser una medida de último recurso y sólo debe aplicarse en casos concretos si se determina que existe riesgo sustancial de huida, daño a terceros o alteración de las pruebas o la investigación. Se debe examinar continuamente, en cada caso individual, si es necesario y legal mantener a la persona detenida. El Código de Procedimiento Penal egipcio, en su artículo 143, establece un límite de dos años para la detención en espera de juicio y ordena la liberación inmediata del detenido si no se ha dictado sentencia en ese plazo.


"Encerrar sin justificación a cientos de personas en espera de juicio durante dos años o más es sin duda una medida punitiva para acallar a quienes se atreven a cuestionar el discurso oficial", ha dicho Said Boumedouha.


La víspera de la ampliación de la detención de Shawkan, el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, firmó la entrada en vigor de una nueva "ley antiterrorista" que, al otorgar competencias a la fiscalía para detener a personas con fines de investigación hasta siete días prorrogables por periodos parecidos con carácter indefinido, facilitará todavía más a las autoridades mantener a personas recluidas durante largos periodos. En la práctica, anula el límite de dos años establecido por el derecho egipcio.


La definición que hace la ley de lo que constituye un "acto terrorista" es demasiado general y otorga libertad absoluta a las autoridades para detener por motivos imprecisos a quienes critican pacíficamente al gobierno, periodistas incluidos. Además, la ley prohíbe la labor informativa independiente en la práctica al imponer fuertes multas a los periodistas que divulguen datos estadísticos sobre atentados terroristas que difieran de los anunciados por el Estado.


Información complementaria


Amnistía Internacional envió un memorando al presidente el 12 de agosto de 2015 en el que le pedía que derogara la ley o la sometiera a una revisión fundamental para que esté en consonancia con la Constitución de Egipto y con el derecho internacional de los derechos humanos.


El gobierno aprobó además una draconiana ley de manifestaciones en noviembre de 2013 con el único propósito de amordazar la libertad de expresión y de reunión pacífica y aplastar toda forma de disidencia.