13 julio 2016
Egipto: Cientos de personas desaparecidas y torturadas en una oleada de brutal represión
La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) de Egipto está llevando a cabo secuestros, torturas y desapariciones de personas en un intento de intimidar a los oponentes y acabar con la disidencia pacífica, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe muy crítico publicado hoy, que pone de relieve un aumento sin precedentes de las desapariciones forzadas desde principios de 2015.

Egypt: ‘Officially, you do not exist’: Disappeared and tortured in the name of counter-terrorism desvela una tendencia que ha visto cómo cientos estudiantes, activistas políticos y manifestantes, algunos de sólo 14 años, desaparecen sin dejar rastro a manos del Estado. Según ONG egipcias, un promedio de entre tres y cuatro personas son detenidas cada día, generalmente tras irrumpir en su domicilio fuerzas de seguridad fuertemente armadas al mando de agentes de la Agencia de Seguridad Nacional. Muchas de estas personas están recluidas durante meses sin solución de continuidad, y a menudo permanecen esposadas y con los ojos vendados durante todo ese tiempo.

"Este informe desvela las tácticas escandalosas y despiadadas que las autoridades egipcias están dispuestas a emplear en su intento de aterrorizar a manifestantes y disidentes para silenciarlos", ha afirmado Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

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"La desaparición forzada se ha convertido en un instrumento clave de la política del Estado en Egipto. Cualquier persona que se atreva a alzar la voz corre peligro, y la lucha antiterrorista se utiliza como excusa para secuestrar, interrogar y torturar a las personas que cuestionan a las autoridades.

"Las autoridades egipcias han negado repetidamente que existan desapariciones forzadas en el país, pero los casos que se presentan en este informe ofrecen firmes indicios en sentido contrario. El informe saca a la luz no sólo la brutalidad a la que se enfrentan las personas desaparecidas sino también la connivencia entre las fuerzas de seguridad nacionales y las autoridades judiciales, que están dispuestas a mentir para ocultar sus rastros o no han investigado las denuncias de tortura, lo que las convierte en cómplices en violaciones graves de derechos humanos."

 

Desapariciones forzadas y tortura

El informe presenta los casos detallados de 17 personas sometidas a desaparición forzada, que estuvieron recluidas en régimen de incomunicación durante periodos de entre varios días y siete meses, aisladas del mundo exterior y sin acceso a sus abogados, familiares o cualquier supervisión judicial independiente.

El informe incluye también desgarradores relatos de tortura de víctimas durante sesiones de interrogatorio que duraban hasta siete horas, con el fin de arrancar "confesiones" que después se utilizaban como pruebas en su contra durante los interrogatorios de los fiscales y para conseguir sentencias condenatorias en los juicios. En algunos casos, las personas torturadas eran menores de edad.

Uno de los ejemplos más escandalosos es el de Mazen Mohamed Abdallah, que fue sometido a desaparición forzada cuando tenía 14 años, en septiembre de 2015, y sufrió horrendos abusos, entre ellos ser violado repetidamente con un palo para obtener una "confesión" falsa.

 

Aser Mohamed, que también tenía 14 años en el momento de su detención, fue golpeado, sometido a descargas eléctricas por todo el cuerpo y suspendido por las extremidades para obtener una "confesión" falsa cuando fue objeto de desaparición forzada durante 34 días en enero de 2016 en las oficinas de la ANS en el distrito 6 de Octubre del Gran Cairo. Compareció finalmente ante un fiscal de la seguridad del Estado, que le advirtió que se enfrentaría a nuevas descargas eléctricas cuando intentó retractarse de sus "confesiones".

 

Mazen y Aser son dos de los cinco menores que fueron sometidos a desaparición forzada durante periodos de hasta 50 días y cuyos casos se documentan en el informe. En algunos casos, incluso después de que la fiscalía ordenase la liberación de los menores, las fuerzas de seguridad los sometieron a desaparición forzada por segunda vez antes de presentar nuevos cargos contra ellos.

 

En otros casos, se detuvo a familiares para presionar al objetivo principal para que hiciera una "confesión". Atef Farag fue detenido en julio de 2015 junto con su hijo Yehia, de 22 años. Su familia cree que a Atef lo detuvieron por participar en una sentada, y que a su hijo, que tiene una discapacidad, lo detuvieron para presionarlo para que "confesara" delitos graves. Padre e hijo estuvieron recluidos durante 159 días, y ahora han sido acusados formalmente de pertenecer a la proscrita Hermandad Musulmana.

 

Se ha observado un notorio aumento del uso de la desaparición forzada en Egipto desde el nombramiento de Magdy Abdel Ghaffar como ministro del Interior en marzo de 2015. Antes estuvo destinado en el Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, fuerza policial secreta conocida por la comisión de violaciones de derechos humanos durante la época de Mubarak que fue desmantelada después del levantamiento de 2011 y rebautizada como Agencia de Seguridad Nacional.

 

En un caso horrendo, Islam Khalil, de 26 años, fue sometido a 122 días de desaparición forzada en 2015. Estuvo esposado y con los ojos vendados durante todo ese tiempo, y los interrogadores de la ASN le propinaros brutales palizas, le aplicaron descargas eléctricas, incluso en los genitales, y lo tuvieron colgado y desnudo durante periodos de horas en la ciudad de Tanta, al norte de El Cairo, hasta que perdía el conocimiento.

En una ocasión, su interrogador le dijo: "¿Crees que vales algo? Podemos matarte, envolverte en una manta y arrojarte a cualquier contenedor de basura y nadie preguntará por ti".

Otro agente llegó a advertirle que rezara sus últimas oraciones mientras le aplicaba descargas eléctricas.

Más tarde lo trasladaron a las dependencias de la ANS en Lazoughly, en el centro de El Cairo, que él describió como un "infierno", donde pasó 60 días y sufrió nuevos actos de tortura.

Se estima que cientos de personas están recluidas en las dependencias de la ASN en Lazoughly, el lugar de detención más conocido según las personas detenidas, situadas dentro de la sede el Ministerio del Interior. Estas dependencias se encuentran a escasa distancia de la icónica plaza cairota de Tahrir, donde miles de personas salieron a la calle hace cinco años para protestar contra la tortura y la brutalidad de las fuerzas de seguridad de la época de Mubarak.

La desaparición del estudiante italiano Giulio Regeni, que fue hallado muerto en El Cairo en enero de 2016, con el cuerpo con señales de tortura, mereció la atención de los medios de comunicación internacionales. Las autoridades egipcias han negado repetidamente toda implicación en su desaparición y muerte, pero el informe de Amnistía Internacional revela que las semejanzas entre sus lesiones y las de ciudadanos egipcios que murieron bajo custodia sugieren que su muerte sólo es la punta del iceberg y podría formar parte de una constante más amplia de desapariciones forzadas a manos de la ANS y otros organismos de inteligencia en todo Egipto.

Además de aumentar el riesgo de tortura y otros malos tratos y de privar a la víctima de la protección de la ley, las desapariciones forzadas también causan un impacto devastador en las familias de las víctimas, que quedan preguntándose por la suerte de sus seres queridos.

"Yo sólo quería saber si mi hijo estaba vivo o muerto", dijo Abd el Moez Mohamed, cuyo hijo Karim, estudiante de ingeniería de 22 años, fue sometido a desaparición forzada durante cuatro meses tras ser detenido en su domicilio de El Cairo, en agosto de 2015, por agentes de la ASN acompañados por fuerzas fuertemente armadas.

Algunos familiares han intentado denunciar las desapariciones ante el Ministerio del Interior y la fiscalía, pero en la mayoría de los casos no se abrió investigación alguna. En las contadas ocasiones en que se abrió una investigación, se cerró cuando las autoridades reconocieron que la persona detenida estaba bajo custodia de la ANS, aunque siguieron negando el acceso a sus abogados y familiares.

"El presidente Abdel Fatah al Sisi debe ordenar a todos los organismos de seguridad del Estado que pongan fin a las desapariciones forzadas, la tortura y otras formas de malos tratos, y dejar claro que quienes ordenen, cometan o sean cómplices en tales violaciones de derechos humanos habrán de comparecer ante la justicia", ha afirmado Philip Luther.

"Debe permitirse el acceso de todas las personas que continúan recluidas en esas condiciones a sus abogados y familiares. Las personas recluidas únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión y reunión deben ser puestas en libertad de inmediato y son condiciones.

El informe también pide al presidente Al Sisi que establezca con carácter de urgencia una comisión de investigación independiente para investigar todas las denuncias de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos de personas detenidas por la ASN y otros organismos, facultada para investigar a todos los organismos gubernamentales, incluidas las fuerzas armadas, sin injerencias.

Connivencia y engaño

El informe presenta un panorama muy crítico de la fiscalía egipcia, que ha aceptado pruebas cuestionables de la ANS -que regularmente ha falsificado fechas de detención para ocultar el tiempo que las personas detenidas han pasado en condiciones de desaparición forzada- y ha basado los cargos en "confesiones" obtenidas bajo coacción, y no ha investigado las denuncias de tortura, por ejemplo ordenando exámenes médicos y anotándolos en los registros oficiales. En las contadas ocasiones en que los fiscales remitieron a las personas detenidas para que se les hiciera un examen médico independiente, no se permitió a sus abogados ver los resultados.

"El informe formula duras críticas a la Fiscalía egipcia, que ha sido cómplice en estas violaciones de derechos humanos y ha traicionado cruelmente su deber en virtud de la legislación egipcia de proteger contra la desaparición forzada, la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos. Si no se reforma la Fiscalía para garantizar su independencia de las autoridades ejecutivas, no será apta para cumplir su cometido", ha afirmado Philip Luther.

Muchas potencias occidentales consideran a Egipto un socio fundamental en la lucha antiterrorista en la región, y muchos Estados han usado esta justificación para suministrar a Egipto armas y material relacionado a pesar de los indicios de que se han utilizado para cometer violaciones graves de derechos humanos. Muchos países siguen manteniendo estrechos vínculos diplomáticos, comerciales y de otra índole con Egipto sin conceder prioridad a los derechos humanos.

"Todos los Estados, especialmente los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, deben utilizar su influencia para presionar a Egipto para que ponga fin a estas atroces violaciones de derechos humanos, que se cometen bajo el falso pretexto de la seguridad y la lucha contra el terrorismo", ha afirmado Philip Luther.

"En vez de seguir suministrando ciegamente material de seguridad y policial a Egipto, deben interrumpir todas las transferencias de armas y material que se hayan utilizado usado para cometer violaciones graves de derechos humanos en Egipto hasta que se establezcan salvaguardias efectivas contra su uso indebido, se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e independientes y los responsables comparezcan ante la justicia."