Amnistía Internacional presentó su Informe Anual 2016/17 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En Perú no se registraron mayores avances en reconocimiento de derechos de grupos marginados, particularmente contra las mujeres y niñas, los pueblos indígenas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).
Amnistía Internacional presentó su Informe Anual 2016/17 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En Perú siguen sin reconocerse y respetarse los derechos de grupos vulnerables, particularmente los de las mujeres y niñas, los pueblos indígenas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).
“Los discursos de odio de grupos anti derechos ponen en riesgo los derechos humanos en Perú pues buscan presionar al gobierno para que las políticas públicas dejen de lado principios como la igualdad o la no discriminación” dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
Derechos sexuales y reproductivos bajo ataque
La lucha por los derechos sexuales y reproductivos sigue en pie. En el Perú, cada día 58 menores de edad tienen un hijo, y tres de ellas son menores de 15 años. En algunas regiones de la selva, la tasa de embarazo en adolescentes entre 15 y 19 años alcanza un 32.8%, mientras el 60% de los embarazos en niñas y adolescentes entre los 12 y 16 años son producto de violación sexual. Los principales efectos son la muerte materna y el abandono escolar.
Actualmente grupos anti-derechos exigen al gobierno no implementar el nuevo diseño curricular nacional que incorpora competencias específicas para la educación sexual integral con enfoque de derechos humanos, intercultural y de género.
“El embarazo adolescente es un problema serio que debe ser atendido sin ceder a presiones de ningún tipo. Queremos que nuestras jóvenes y mujeres conozcan sus derechos y no sea el Estado o la sociedad los que impongan decisiones sobre sus cuerpos y su sexualidad.”
El acceso a métodos anticonceptivos es aun limitado, a pesar que en agosto, un tribunal de primera instancia ordenó al Ministerio de Salud distribuir gratuitamente la anticoncepción oral de emergencia (AOE). Además se sigue penalizando a la interrupción del embarazo para casos de violencia sexual.
Derechos de las mujeres y las niñas
La violencia contra la mujer, las niñas y adolescentes es alarmante. El Ministerio de la Mujer informó que cada día ocurren 16 violaciones sexuales en el país, y por lo menos dos mujeres son golpeadas o asesinadas por sus parejas. En el 2016, se ha reportado 108 casos de mujeres asesinadas por sus parejas y 222 casos de tentativas de feminicidio. Muchos casos no son investigados y terminan en impunidad o en prisión suspendida en el Poder Judicial. Frente a ello, se han incrementado los reclamos de la sociedad civil para exigir una respuesta del Estado frente a la violencia contra la mujer y exigir sanciones para los responsables de estos actos.
Las mujeres indígenas y rurales sufren una particular situación de vulnerabilidad dentro y fuera de las comunidades. Por un lado, sufren de falta de representación política y presencia en espacios de toma de decisión y por otro sufren de altas tasa de violencia de género, familiar y feminicidios.
Derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI
Preocupa la discriminación estatal por causa de la orientación sexual o identidad de género al denegar el derecho al matrimonio igualitario a parejas del mismo sexo.
A pesar de los avances como la tipificación de delitos por discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género en el código penal, persiste la homofobia y transfobia en nuestro país. Organizaciones locales reportan 43 casos de riesgo a la seguridad personal (casos de amenazas e intimidación) y ocho asesinatos de personas LGBTI.
Derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales
Los pueblos indígenas y las comunidades rurales en el Perú continúan sufriendo la vulneración del derecho a la consulta previa. De acuerdo a organizaciones indígenas y de derechos humanos, la consulta no ha logrado ser implementada sobre la base de un diálogo intercultural y con la participación de las comunidades en condiciones de equidad.
La titulación de los territorios de las comunidades indígenas y rurales no cuenta con una política pública, por lo que continúan sin tener seguridad jurídica sobre la propiedad y posesión de sus territorios como sujetos de derechos colectivos. A esto se suma la falta de registros oficiales que no brinda cifras exactas sobre el número de comunidades y de sus títulos de propiedad inscritos.
“Las comunidades indígenas corren riesgo de perder sus territorios ante empresas extractivas y actividades como la tala ilegal por la falta de reconocimiento y titulación de sus territorios. Hace unas semanas fuimos testigos de la desprotección en la que se encuentran cuando la comunidad Asháninka de Meantari fue amenazada y desplazada de sus territorios por sujetos armados.”
En materia de la afectación a los derechos humanos producto del impacto de las actividades extractivas, en el 2016 han ocurrido 13 derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano, contaminando los cuerpos de agua y territorios de las comunidades indígenas en la cuenca del Amazonas. Ante ello, las organizaciones indígenas en las zonas afectadas han protestado y exigido al gobierno la atención en salud de la población, la remediación ambiental y reparaciones integrales a las comunidades y familias afectadas.
Durante el último año, se han registrado 212 conflictos sociales, de los cuales el 69% tuvo como origen protestas por conflictos socioambientales, principalmente del sector minero (65%). La debilidad de las políticas públicas y leyes que regulan su desarrollo en el país de acuerdo a los estándares internacionales, y la ausencia de mecanismos de prevención de conflictos ha sido origen para estos enfrentamientos.
El derecho a la protesta social no está garantizado en el país. Esta suele ser criminalizada y reprimida violentamente. La policía ha hecho uso indiscriminado de la violencia y armas letales para reprimir a los manifestantes en diversas ocasiones. Seis personas han perdido la vida y 195 han resultado heridas en conflictos sociales durante el 2016. En octubre, Quintino Cereceda Huisa (38) falleció por un impacto de bala en la cabeza producto de la intervención policial durante la represión de la protesta por el proyecto minero Las Bambas en Apurímac.
Los y las defensoras de derechos humanos se encuentran bajo ataque. Muchos líderes y lideresas campesinas e indígenas son hostigadas y amenazadas por protestar, en la mayoría de casos, por conflictos socioambientales. Preocupa de manera especial la situación de vulnerabilidad de las mujeres defensoras, quienes sufren de violencia de género, física y simbólica. Se realizan campañas de desprestigio que incluyen difamación y rumores sobre su sexualidad y condición de mujer que refuerzan estereotipos de género, dañando su liderazgo en organizaciones y movimientos.
Máxima Acuña y su familia, campesinos de Cajamarca, continúan siendo agredidos e intimidados por personal de seguridad de la minera Yanacocha mediante la destrucción de sus cultivos. Aun cuando la CIDH le ha otorgado medidas cautelares para garantizar su seguridad, las medidas implementadas por el Estado no han garantizado su protección.
Lucha contra la impunidad
En respuesta a las demandas de las organizaciones de víctimas y derechos humanos, en junio se promulgó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y en diciembre se aprobó el Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas que permitirá el acceso a la justicia y reparación de los familiares de las víctimas.
“Podemos decir que la promulgación de la Ley de Búsqueda de Personas desaparecidas fue la gran noticia en materia de derechos humanos del 2016 porque respondió a la lucha incansable de más de 30 años de los familiares por conocer el paradero de sus seres queridos”.
En los casos del conflicto armado interno persiste la impunidad. A pesar de dictarse sentencias condenatorias ejemplares para casos emblemáticos, no se registra un avance significativo a la hora de procesar a mandos militares por graves violaciones a los derechos humanos.
Luego de 31 años, en el mes de agosto se dictó sentencia condenatoria contra 10 militares en el caso Accomarca por la ejecución extrajudicial de 69 personas, entre ellas 23 menores de edad, por una patrulla del ejército en el año 1985. La mayoría de las personas sentenciadas se encuentran no habidas.
Asimismo, se dictó sentencia contra Vladimiro Montesinos y ex-altos cargos del Ejército por la desaparición forzada en 1993 de los estudiantes universitarios, Martín Roca y Kenneth Anzualdo y el catedrático Justiniano Navarro Rúa. La sentencia confirmó que durante el conflicto armado el gobierno de Alberto Fujimori recurrió al uso de hornos para desaparecer a los secuestrados en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército.
Por otra parte, se inició el juicio oral a 11 militares por la violencia sexual cometida a campesinas entre 1984 y 1995 en la base militar de Manta y Vilca en Huancavelica.
Esterilizaciones forzadas
Las víctimas de las esterilizaciones forzadas durante la década de los noventas aún esperan justicia y reparación. En julio el Ministerio Público cerró parcialmente la investigación sobre el caso de más de 2.000 hombres y mujeres indígenas que presuntamente fueron esterilizados sin su consentimiento y en el mes de diciembre se complementó resolución con el archivo definitivo de los casos denunciados. Sólo cinco profesionales de la salud fueron investigados por su papel en la esterilización forzada en los casos de 7 mujeres.
El Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (Reviesfo) se inició en cinco regiones del país, y al final del año se registraron más de 2.000 víctimas. Aún se encuentra pendiente la creación de oficinas itinerantes para el registro en zonas alejadas donde se encuentra el mayor número de personas afectadas que no pueden desplazarse hasta la ciudad para su inscripción. Asimismo, no existe un compromiso para una política de reparaciones integrales para las víctimas y sus familiares, a pesar del reclamo de las organizaciones de víctimas y derechos humanos.