El 4 y el 8 de octubre, Rosario Huayanca Zapata y el padre José Manuel Miranda Azpiroz, defensor y defensora peruanos de los derechos humanos, recibieron una serie de amenazas de muerte. La policía no les ha ofrecido protección, y sus vidas pueden correr peligro.

No se requieren más acciones. Conseguimos el objetivo http://www.amnistia.org.pe/2012/12/03/ica-brinda-proteccion-a-defensores-de-ddhh/

El 4 de octubre, el hermano de Rosario Huayanca Zapata recibió una llamada telefónica en la que, según los informes, un desconocido pidió hablar con Rosario Huayanca Zapata. Cuando el hermano le dijo que Rosario no vivía allí, el hombre respondió: "dígale a Rosario Huayanca Zapata que llamó la muerte", y colgó.Ese mismo día, el guardia de seguridad de la oficina del Comité de Derechos Humanos (CODEH) en la región de Ica, Perú, encontró un sobre bajo un banco en la zona de espera de la oficina. El sobre iba dirigido a Rosario Huayanca Zapata y el padre José Manuel Miranda Azpiroz. En su interior había cuatro balas y el siguiente mensaje (reproducido aquí textualmente): "este es un aviso la prosima va al cuerpo, I también para el padre $30, mil ote mueres".El 8 de octubre, otros familiares de Rosario Huayanca Zapata -incluido su hermano- recibieron nuevas llamadas telefónicas. En una de ellas, un hombre que quería hablar con Rosario Huayanca dijo: "su cabeza esta comprada y la van a matar".Rosario Huayanca Zapata y el padre José Manuel Miranda Azpiroz creen que las amenazas están relacionadas con su trabajo en el Comité de Derechos Humanos. Han denunciado las amenazas ante la policía, y parece que se ha abierto una investigación. Sin embargo, la policía se ha negado a ofrecerles protección porque no han podido identificar a la persona responsable de las amenazas. 

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Amnistía Internacional siente preocupación por los abusos contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. Estos defensores y defensoras son agentes fundamentales para la promoción de los derechos humanos de todas las personas. Trabajan sobre una amplia variedad de cuestiones, por diversas vías y en diversos ámbitos para buscar justicia, dignidad y derechos humanos para todas las personas. Sea cual sea el enfoque específico de su trabajo, merecen pleno reconocimiento, respeto y protección de sus derechos. El Estado tiene la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para protegerlos, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de 1998.