21 diciembre 2015
Colombia: Continúa la lucha de 30 años por la justicia pese al fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de Colombia anuló ayer la sentencia condenatoria que pesaba contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por su participación en delitos de derecho internacional. Plazas Vega había sido condenado en 2010 a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada.


En noviembre de 1985, 12 personas fueron sometidas a desaparición forzada tras asaltar las fuerzas de seguridad el Palacio de Justicia, en Bogotá, donde el grupo guerrillero M-19 había tomado como rehenes a quienes se encontraban dentro. En el asalto murieron unas 100 personas, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema.


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Las autoridades colombianas deben redoblar ahora sus esfuerzos por garantizar que se desvela toda la verdad de lo ocurrido durante el asalto al Palacio de Justicia y que se identifica a los responsables y se los pone a disposición de la justicia ante los tribunales civiles ordinarios.


Las familias de algunas de las víctimas llevan 30 años haciendo campaña por la verdad y la justicia. Esta lucha ha sido dolorosamente lenta, y sólo se ha declarado culpables a dos mandos militares: Plazas Vega y el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, que fue condenado a 35 años en 2011. Ambos apelaron contra sus sentencias condenatorias. El año pasado, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia contra Arias Cabrales, pero sus abogados han interpuesto un recurso contra esta decisión. En 2011, el general retirado Iván Ramírez Quintero fue absuelto de participación en las desapariciones forzadas, pero la Fiscalía General y los abogados de las víctimas han recurrido.


Algunas de las familias y sus abogados, entre ellos Jorge Eliécer Molano Rodríguez y Germán Romero Sánchez, han pagado un alto precio por su tenacidad a lo largo de todos estos años. Han recibido amenazas de muerte y sufrido actos de intimidación reiteradamente, por su participación en este caso. A pesar de esta adversidad, quienes luchan por la verdad, la justicia y la reparación siguen estando firmemente convencidos de que se debe hacer rendir cuentas a todos los responsables.


Las autoridades colombianas deben velar por que se tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad de quienes reciben amenazas respetando estrictamente sus deseos.


Información complementaria


En noviembre de 2013, ante la falta de avance en las investigaciones en el sistema de justicia penal de Colombia, las familias de las víctimas se vieron obligadas a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conseguir que se respetara su larga lucha por el derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación.


En noviembre del 2014, la Corte Interamericana decidió que el Estado colombiano era responsable de 10 de las 12 desapariciones forzadas y de una ejecución extrajudicial. Asimismo, ordenó al Estado llevar a cabo una investigación para determinar la verdad, identificar y sancionar a los responsables y establecer el paradero de las personas desaparecidas.


El 6 de noviembre de 2015, en una ceremonia pública celebrada a instancias de la Corte Interamericana, el presidente Juan Manuel Santos asumió la responsabilidad y pidió perdón por la participación del Estado en la desaparición forzada de 10 personas, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de otra y la tortura y de varias más.