07 octubre 2014
CIDH se pronunciará sobre presuntos actos de tortura a soldado peruano
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(Foto referencial: Diario La República)


La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió el caso del ex recluta Valdemir Quispialaya Vilcapoma, quien perdió la vista tras ser golpeado con la culata de un arma en el Ejército.

El 5 de agosto pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, elevó el caso del ex soldado Valdemir Quispialaya Vilcapoma a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por presuntos actos de tortura dentro del Ejército Peruano.

El informe de la CIDH señala que un suboficial agredió a Quispialaya por fallar en las prácticas de tiro. El instructor lo agredió con un arma de fuego en la frente y en el ojo y como consecuencia de ello, Quispilaya perdió la vista en el ojo derecho y tiene seriamente comprometido el glóbulo ocular izquierdo. Los hechos ocurrieron en enero de 2001.

Además, la Comisión concluyó en su informe de fondo que estos hechos responden al patrón de torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes que ocurrían al interior de las dependencias militares, identificado por la Defensoría del Pueblo del Perú, el cual tendría su origen en una arraigada y errónea interpretación de la disciplina militar.

La Comisión también informó que el Estado no proveyó de recursos efectivos a la víctima y sus familiares, pues no se inició una investigación de oficio por las autoridades competentes.

En el comunicado de prensa de la Organización de Estados Americanos se anota que el proceso fue conocido por la jurisdicción militar durante casi 7 años; y el proceso ha tenido una duración irrazonable. Además de encontrarse en situación de impunidad.

El caso de Valdemir Quispialaya Vilcapoma en la Corte IDH tiene el número de expediente 12.482.

En una breve entrevista recogida en el Diario La República, la abogada de Comisión de Derechos Humanos, Dania Coz, afirmó que "la sentencia de la Corte es necesaria para que esta práctica de tortura y malos tratos en el Ejército Peruano finalice".

La letrada remarcó que las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento y que este caso sentará precedente en América Latina.