27 noviembre 2015
Atentados mortales pueden poner en peligro los derechos humanos en Túnez
Después del ataque suicida de la pasada noche contra un autobús que transportaba guardias presidenciales en el centro de Túnez, hoy la vida en la capital parecía volver a la normalidad. Las calles estaban llenas de personas que se dirigían a sus lugares de trabajo, niños y niñas camino de la escuela y multitudes de pasajeros que se aglomeraban en los tranvías verdes que cruzan las calles concurridas.

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Pero no cabe duda de que el atentado de ayer en el corazón de la capital, en el que al menos 12 miembros de las fuerzas de seguridad perdieron al vida y otras 20 personas resultaron heridas, ha conmocionado el país. El ataque ha sido el primero de este tipo dirigido contra las fuerzas de seguridad en una de las calles principales de la ciudad, cerca de los edificios ministeriales, en plena hora punta. Anoche, en un discurso sombrío a la nación, el presidente Beji Caid Essebsi declaró el estado de excepción durante 30 días, por segunda vez en lo que va de año. Se ha impuesto un toque de queda nocturno en la capital hasta nuevo aviso.

Las proyecciones de películas que formaban parte del Festival anual de Cine de Cartago, que había atraído a cineastas y actores de todo el mundo árabe y africano hasta Túnez durante la semana, se cancelaron de inmediato durante aquella noche. El equipo de investigación de Amnistía Internacional sobre Túnez había llegado a la capital para un evento destinado a promover un informe sobre la violencia sexual y de género que marca el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que la organización decidió suspender a la luz de este último ataque.

En este momento, los objetivos principales de la nación son mantener la seguridad y luchar contra el terrorismo. Por ahora, los motivos de preocupación en materia de derechos humanos, como la violencia contra las mujeres, se han visto relegados a un segundo plano. El lema "Juntos contra el terrorismo" se ha retransmitido en las pantallas de televisión en repetidas ocasiones, junto a vídeos militares que corean eslóganes acerca de la resiliencia y la perseverancia de Túnez. La ciudadanía de Túnez está exigiendo una respuesta contundente a la amenaza planteada por el grupo armado autodenominado Estado Islámico (EI) y grupos similares.

El país todavía estaba tratando de recuperarse de dos grandes ataques mortales que tuvieron lugar anteriormente este mismo año. En marzo, más de 20 personas, la mayoría turistas extranjeros, murieron en un ataque perpetrado por hombres armados en el Museo del Bardo en Túnez. Tres meses después, en junio, 38 personas perdieron la vida cuando un hombre armado abrió fuego contra los turistas en un complejo playero de Susa. El estado de excepción fue declarado el 4 de julio y no se levantó hasta principios de octubre.

Poco después de estos ataques, se aprobó una nueva ley de lucha contra el terrorismo que se había tramitado de forma apresurada en el Parlamento. La ley incluye una serie de cláusulas problemáticas: Amplía los poderes de vigilancia de las fuerzas de seguridad, otorga a las autoridades libertad de acción para restringir la libertad de expresión, y permite detener a las personas acusadas de delitos de terrorismo en régimen de incomunicación durante 15 días sin acceso a un abogado ni contacto con su familia, lo que aumenta el riesgo de tortura y otros malos tratos.

Túnez se cita a menudo como la única "historia de éxito" de las revueltas en el mundo árabe en 2011. En 2014, el país adoptó una Constitución que contenía importantes garantías en materia de derechos humanos. El Cuarteto Tunecino para el Diálogo Nacional fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz de este año por su trabajo para sacar al país de una situación al límite de una crisis política a través de negociaciones.

Gran parte de la población de a pie de Túnez percibe a la comunidad veterana de defensores y defensoras de los derechos humanos del país como un obstáculo a los esfuerzos de la nación para mostrarse "tenaces contra el terrorismo". Pero esta impresión no podría estar más lejos de la realidad: estas personas están defendiendo los derechos fundamentales cruciales para la defensa del Estado de derecho en Túnez. No debería haber ninguna reacción en contra del colectivo de defensores de la libertad de expresión y las libertades civiles tras este último ataque.

El estado de excepción recién declarado vuelve a poner en manos del gobierno amplios poderes para restringir los derechos humanos. La última vez que se declaró el estado de excepción, las autoridades prohibieron las manifestaciones en todo el país y emplearon fuerza excesiva para dispersar a quienes se manifestaban.

Ya hay algunos indicios de que la libertad de expresión, un derecho constitucional, está bajo amenaza. La semana pasada, el presidente de la televisión estatal de Túnez fue despedido tras difundir imágenes de la cabeza decapitada de un joven pastor, Mabrouk Soltani, cuyo homicidio fue reivindicado por los miembros de un grupo armado vinculado al Estado Islámico en la gobernación de Sidi Bouzid el 13 de noviembre. El Ministerio de Justicia de Túnez emitió un comunicado poco después en el que avisaba de que los periodistas que retransmitieran o promocionaran tales imágenes podrían verse procesados por socavar los esfuerzos del país para combatir el terrorismo.

Reporteros sin Fronteras también anunció hoy que policías de paisano golpearon e insultaron a 30 periodistas que llegaron a la escena del atentado de anoche, además de provocar daños a sus equipos, en una nueva muestra de que el derecho a ejercer un periodismo independiente, así como el derecho del público a la información, está en peligro.

Al suspender la vida normal y restringir las libertades civiles, existe verdadero peligro de que los demás derechos humanos también se vean afectados.

El gobierno de Túnez debe reconocer que no se trata de elegir entre seguridad y derechos. El deber del Estado es proteger el derecho a la vida y a la seguridad de la población, manteniendo sus derechos humanos y libertades civiles. El reto para las autoridades ahora es no volver al patrón de represión y violaciones de los derechos humanos contra el que la población de Túnez se levantó hace casi cinco años.