29 septiembre 2017
Amnistía Internacional sobre impedimento de ingreso al país de Jadiyetu El Mohtar Sidahmed

Amnistía Internacional muestra su preocupación ante la situación que ha llevado a “reembarcar” de manera coercitiva por la PNP y con presencia de altos cargos de la Dirección General de Migraciones y del Ministerio de Asuntos Exteriores a la ciudadana española, de origen saharaui, Jadiyetu El Mohtar Sidahmed después de pasar 20 días en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Perú, impedida de ingresar a territorio peruano a pesar de contar con todos sus documentos en regla, según informó su abogado.


La organización hizo llegar un pedido de información a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, al cumplirse 10 días de la retención de Jaditeyu El Mothar, en el aeropuerto sin recibir ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades peruanas.


Según información brindada por su abogado, se habría violado el debido proceso, pues la orden de alerta emitida por la Superintendencia Nacional de Migraciones contaba con varias irregularidades sin tener información precisa y sin una investigación adecuada sobre los hechos que fundamentan el impedimento de ingreso al Perú. Según información recogida por Amnistía Internacional solo se le permitió reunirse una vez con su abogado durante su permanencia en el aeropuerto Jorge Chavez. Asimismo, la defensa de la Sra. El Mohtar Sidahmed había interpuesto un Habeas Corpus que después de 19 días no ha sido resuelto. Sumado a ello, existen serios indicios que el “reembarque” ocurrió de manera forzada contra la Sra. El Mohtar sin que se resolviera el proceso judicial que tenía pendiente en el país.


Amnistía Internacional recuerda al Estado Peruano que debe respetar el derecho a la libertad de expresión de todas las personas independientemente de su estatus migratorio. Asimismo, insta al gobierno que como miembro de la comunidad internacional, considerando su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el próximo periodo, debe permitir que representantes del pueblo saharaui, que de manera pacífica quieran dar a conocer en Perú la grave situación de los derechos humanos en la República Árabe Saharaui Democrática, lo puedan hacer sin mayores restricciones.

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