23 febrero 2010
Acción Urgente (Guatemala): Activistas guatemaltecos en peligro
Los miembros de FRENA, una red de activistas de Guatemala, corren grave peligro. Tres de sus miembros han sido asesinados desde octubre de 2009. El ataque más reciente ha sido el homicidio, el 17 de febrero, de Octavio Roblero. El motivo de los ataques no está claro, y no se ha procesado a nadie por ninguno de los homicidios. Otros miembros destacados de FRENA han recibido amenazas de muerte.

Tres miembros del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA) han muerto asesinados a tiros. A Octavio Roblero, dirigente de FRENA, le dispararon ante su oficina del municipio de Malacatán, cerca de la frontera con México. Tras el incidente se encontraron 17 casquillos de bala. Antes de ser atacado, Octavio Roblero había recibido amenazas de muerte telefónicas, que él creía relacionadas con sus actividades en FRENA. Había estado pidiendo que se informara sobre los progresos de la investigación oficial sobre la muerte de Víctor Galvez, su cuñado y también miembro destacado de FRENA, asesinado en octubre de 2009. Víctor Galvez recibió 10 disparos cuando salía de las oficinas de FRENA. Acababa de hablar en una reunión pública sobre la campaña de FRENA para denunciar las elevadas tarifas y la mala calidad del servicio de la compañía eléctrica regional. Víctor Galvez también había recibido amenazas de muerte, y había sido víctima de amenazas verbales y agresiones físicas a causa de su trabajo.

El tercer dirigente de FRENA asesinado era una mujer, Evelinda Ramírez, que vivía en el departamento de Ocos, cerca de Malacatán. La mataron el 13 de enero, cuando regresaba a su casa desde la capital, la Ciudad de Guatemala, donde se había reunido con autoridades gubernamentales en relación con su trabajo en FRENA. Viajaba en un auto junto con otros tres activistas de FRENA cuando les dispararon desde una camioneta que los seguía. Evelinda Ramírez recibió varios disparos en el pecho.

Otros miembros destacados de FRENA han recibido amenazas de muerte,. FRENA ha identificado a 289 activistas que podrían correr peligro a causa de su trabajo de coordinación de las actividades de la organización. Ninguna de estas personas ha recibido protección de las autoridades.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

  • instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para proporcionar toda la protección necesaria a los miembros destacados de FRENA, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;

  • pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Octavio Roblero, Evelinda Ramírez Reyes y Víctor Galvez, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia.


ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 5 DE ABRIL DE 2010 A:
Lic. José Amílcar Velásquez Zárate
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público

8ª Avenida 10-67, Zona 1, Antiguo Edificio del Banco de los Trabajadores,
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:+502 2411 9124/+502 2411 9326
Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal General

Lic. Raúl Antonio Velásquez Ramos
Ministro de Gobernación

6ª Avenida 13-71, Zona 1,
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: +502 2413 8658
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

INFORMACIÓN ADICIONAL
FRENA es un grupo de la sociedad civil que trabaja en 17 municipios del departamento de San Marcos, cerca de la frontera entre Guatemala y México. Sus actividades son coordinadas por comités designados por elección para cada municipio.

Desde 2008, los miembros de FRENA han estado defendiendo los derechos de los consumidores frente a la presunta conducta indebida de una compañía eléctrica a la que acusan, entre otras cosas, de cobrar por servicios que no proporciona, cobrar un precio excesivo por los servicios y realizar frecuentes cortes de energía en la región. FRENA cree que la compañía eléctrica actúa de mala fe. FRENA ha mantenido conversaciones de alto nivel con la compañía y con el órgano regulador del gobierno, y ha pedido que se lleve a cabo una investigación pública y se impongan sanciones a la compañía. También hace campaña para que se ponga fin al contrato con la compañía eléctrica existente y se cree una nueva compañía local que sea más accesible para las comunidades y que otorgue a éstas un mayor control.