Amnistía Internacional se opone a la pena
de muerte en todos los casos sin excepción.
La pena capital es la negaci ón más
extrema de los derechos humanos y consiste en el homicidio
premeditado a sangre fría de un ser humano
a manos del Estado y en nombre de la justicia. Viola
el derecho a la vida que proclama la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Es el castigo más
cruel, inhumano y degradante.
Nunca puede haber justificación para la tortura
ni para el trato cruel. Al igual que la tortura, una
ejecución constituye una forma extrema de agresión
física y mental a una persona.
Si la mayoría de la gente se indigna cuando
oye relatar casos de individuos a quienes se les han
aplicado 100 voltios de electricidad en zonas sensibles
del cuerpo para torturarlos, ¿no debería
sentir aún más indignación por
la aplicación de 2.000 voltios a una persona
para matarla deliberadamente? El dolor físico
que provoca la acción de matar a un ser humano
no puede ser cuantificado, ni tampoco el sufrimiento
mental de saber de antemano que se va a morir a manos
del Estado.
La pena de muerte es discriminatoria y a menudo se
utiliza de forma desproporcionada contra los económicamente
desfavorecidos, las minorías y los miembros
de comunidades raciales, étnicas y religiosas.
Se impone y se ejecuta arbitrariamente.
La pena capital legitima un acto de violencia llevado
a cabo por el Estado, y es inevitable que se cobre
víctimas inocentes. Mientras la justicia humana
siga siendo falible, no se podrá eliminar el
riesgo de ejecutar a un inocente. Amnistía
Internacional continúa pidiendo incondicionalmente
la abolición de la pena de muerte en todo el
mundo.
Al oponerse a la pena de muerte, ¿No
está Amnistía INternacional mostrando
falta de respeto hacia las víctimas de delitos
violentos y sus familiares?
Al oponerse a la pena de muerte, Amnistía Internacional
no intenta en modo alguno restar importancia ni dar
su aprobación a los delitos de los que fueron
declarados culpables los condenados a muerte.
Como organización hondamente preocupada por
las víctimas de abusos contra los derechos
humanos, Amnistía Internacional no trata de
menospreciar el sufrimiento de los familiares de las
víctimas de asesinato, cuyo dolor comparte
plenamente. Sin embargo, la finalidad y la crueldad
inherentes a la pena capital hacen que ésta
resulte incompatible con las actuales normas de conducta
civilizada y que sea una respuesta inadecuada e inaceptable
a los delitos violentos.
¿Qué responden al argumento
de que la pena de muerte es una importante herramienta
del estado para combatir el delito?
Demasiados gobiernos creen que pueden resolver problemas
sociales o políticos urgentes ejecutando a
unos cuantos presos, a veces a cientos. Demasiados
ciudadanos de demasiados países siguen sin
darse cuenta de que la pena de muerte no ofrece a
la sociedad mayor protección, sino mayor embrutecimiento.
Científicamente, nunca se han conseguido pruebas
convincentes de que la pena de muerte disuada del
delito más eficazmente que otras penas. El
estudio más reciente de resultados de investigaciones
sobre la relación entre pena de muerte y tasas
de homicidio, llevado cabo para las Naciones Unidas
en 1988 y actualizado en 1996, concluyó: «[...]
la investigación no ha conseguido demostrar
científicamente que las ejecuciones tengan
mayor efecto disuasivo que la cadena perpetua. Y no
es probable que lo consiga próximamente. En
conjunto, las pruebas científicas no ofrecen
ningún respaldo a la hipótesis de la
disuasión».
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