Exige al Estado peruano que:


BASTA DE IMPUNIDAD
Justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos
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Las víctimas y familiares de los casos La Cantuta, Barrios Altos y Pativilca han luchado con valentía por años para lograr verdad, justicia y reparación. Pero el indulto y la gracia otorgados a Alberto Fujimori son un duro golpe a la lucha contra la impunidad.

El pasado 24 de diciembre, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski otorgó un indulto y gracia presidencial al ex presidente Alberto Fujimori, quien fuera condenado a 25 años de prisión en 2009 por crímenes de lesa humanidad. Entre los crímenes por los que fue condenado están las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de La Cantuta y Barrios Altos, perpetradas por subordinados suyos contra civiles.

El indulto concedido al ex presidente Alberto Fujimori podría violar la obligación del Estado peruano de sancionar a las personas responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional con penas adecuadas a la gravedad del crimen, y es sin duda un duro golpe para las víctimas y sus familiares.

Por otra parte, la gracia concedida a Alberto Fujimori viola el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la masacre de Pativilca, donde seis personas fueron ejecutadas en enero de 1992. Luego de 26 años de incasable lucha para lograr justicia, el derecho de gracia impide que Fujimori continúe siendo investigado y, en caso de hallarse pruebas suficientes y admisibles, procesado por ese crimen y, si fuera el caso, condenado.

Finalmente, la organización se encuentra preocupada por las condiciones de opacidad y falta de transparencia en que se otorgó el indulto y la gracia al ex presidente Alberto Fujimori, despertando serias dudas de que la medida pudiese eximirle de su responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional. A pesar de reiterados llamados a las autoridades peruanas para reunirse con los familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, las autoridades les han negado la oportunidad de expresar sus preocupaciones frente a una medida que implique directamente su derecho a la verdad, justicia y reparación.

Es momento de actuar para exigir al Estado peruano verdad, justicia y reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

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