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La crisis económica global está empujando a millones de personas a la pobreza y exponiéndolas de manera creciente a sufrir violaciones de derechos humanos como la inseguridad alimentaria y el desalojo forzoso. Para poder frenar esta trágica agudización del sufrimiento humano, el mundo necesita con urgencia una respuesta diferente y un nuevo estilo de liderazgo.

El mundo padece una crisis de derechos humanos. Miles de millones de personas sufren la ausencia de seguridad, justicia y dignidad en todas las regiones del planeta. Sólo se podrá encontrar una solución mediante una respuesta coordinada y concertada que se cimiente en los derechos humanos y el Estado de derecho. Esto exigirá un liderazgo enérgico.

La Campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional aspira a conseguir que se ponga fin a la pobreza global trabajando para reforzar el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las personas que viven en la pobreza. La campaña exigirá liderazgo, rendición de cuentas y transparencia, factores esenciales para acabar con las violaciones de derechos humanos que mantienen a la gente sumida en la pobreza.

Es una campaña en favor de todos los derechos. Lo que impulsa y ahonda la pobreza es la combinación de los abusos contra los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Al exigir dignidad, exigimos que todos los Estados adopten y apliquen las leyes, políticas y prácticas que pondrán término a la privación, la inseguridad, la exclusión y las voces desoídas y silenciadas.

La participación e implicación en las decisiones que tienen impacto en nuestras vidas es esencial para los derechos humanos. Al incluir a todos los titulares de derechos en el proceso de formulación de políticas, los gobiernos crearán de un solo plumazo un marco para la rendición de cuentas, la transparencia, la inclusión y el empoderamiento, requisitos esenciales para acabar con la pobreza.

La Campaña Exige Dignidad colocará a los derechos en el centro de la erradicación de la pobreza y hará que los esfuerzos para proteger los derechos tengan impacto en todas las personas. Las historias y soluciones que nos pueden relatar las personas que viven en la pobreza serán el eje de esta movilización mundial. En forma conjunta amplificaremos sus voces y exigiremos respuestas efectivas de la dirigencia política.

Exigencia global a los superpoderes

Cada uno de los dos superpoderes, Estados Unidos y China, acepta sólo una parte del programa de acción en derechos humanos necesario para poner fin a la pobreza. China ha ratificado el principal tratado que reafirma los derechos económicos, sociales y culturales, pero no el tratado que se ocupa de los derechos civiles y políticos, y Estados Unidos, a la inversa. La decisión de no proceder a la ratificación es deliberada en ambos casos y tiene ramificaciones que trascienden sus respectivas jurisdicciones nacionales.

La inacción de EE. UU. a la hora de abrazar los derechos económicos, sociales y culturales tiene como resultado directo un sistema nacional de salud que hace que los servicios de salud materna pasen por alto a las comunidades más pobres. EE. UU. es el único país que todos los años vota en contra de la resolución sobre el derecho a la alimentación en la ONU. La “regla de la mordaza global” sobre el aborto, anulada este año por el presidente Obama, ha tenido consecuencias sumamente negativas sobre los derechos de las mujeres en África.

La comunidad uigur y otros grupos minoritarios de China se enfrentan a la represión de sus derechos civiles y políticos. La indiferencia de China facilita la política de desalojos forzosos generalizados del gobierno de Camboya y sirve de pantalla para la perpetuación de las violaciones de derechos humanos en Sudán y Etiopía.

Esta parodia global y local de los derechos humanos por parte de los países del G2 es quizá el ejemplo más poderoso y apremiante de la necesidad de cambio en materia de liderazgo global. Amnistía Internacional insta al gobierno de China a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al gobierno de EE. UU. a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al pedir a los superpoderes que rindan cuentas de su conducta comenzamos por lo alto, exigiendo un nuevo tipo de liderazgo para poner fin a la pobreza, exigiendo dignidad.

Mortalidad Materna

La discriminación sostiene y agrava la pobreza. La exclusión y la violencia de género son contextos harto comunes en los cuales la discriminación mantiene a la gente sumida en la pobreza y la hace aún más pobre. La mortalidad materna –una muerte por minuto, situación que se puede evitar– es quizá el ejemplo más poderoso del hecho de que las violaciones de los derechos de las mujeres son a la vez causa y consecuencia de la pobreza. Hacer participar y empoderar a las mujeres en lo relativo a las decisiones que afectan su vida, proporcionarles la información y el poder necesarios para tomar decisiones sobre sus propios derechos reproductivos y suministrarles los servicios de salud que necesitan son todos elementos esenciales para erradicar la mortalidad materna.

Asentamientos precarios

Más de mil millones de personas viven en asentamientos precarios en todas partes del mundo. La pobreza es uno de los principales factores que contribuyen al enorme número de personas que viven de esta manera. A la gente que reside en asentamientos informales se le suele negar el derecho a una vivienda adecuada y otros servicios esenciales como escuelas y hospitales. También se la suele excluir de los procesos de toma de decisiones que afectan su vida y rara vez disfruta de una protección jurídica integral. La falta de seguridad de tenencia y los desalojos forzosos generalizados mantienen y ahondan la pobreza y la privación entre la población de los asentamientos precarios. Como paso inicial para abordar la exclusión y la privación que sufren estas comunidades, Amnistía Internacional trabaja para conseguir que se ponga fin a los desalojos forzosos.

Rendición de cuentas de las empresas

Los abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas dedicadas a las industrias extractivas tienen un efecto desproporcionado y a menudo discriminatorio sobre las personas que viven en la pobreza. Las actividades extractivas degradan el medio ambiente y tienen impacto sobre el derecho a la tierra y a los medios de sustento, con consecuencias negativas de carácter irreparable y a largo plazo. A menudo se excluye a las comunidades de los procesos de toma de decisiones. Mediante la Campaña Exige Dignidad instaremos a que se proteja a los titulares de derechos afectados en situaciones de país específicas. También trabajaremos para lograr que los países del G20 adopten normas estrictas que regulen las operaciones de las empresas tanto en su propio territorio como en el extranjero.

Para Amnistía Internacional, la educación en derechos humanos intenta comprometer a las personas y animarlas a ser ciudadanos activos en materia de derechos humanos. Su objetivo es dar a conocer las normas de derechos humanos, fomentar la reflexión sobre el sistema de valores de nuestras sociedades y el análisis de las bases éticas y morales de la legislación en materia de derechos humanos, y recordar a los receptores de la educación la necesidad imperativa de garantizar que a ninguna persona se le nieguen los derechos fundamentales que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La educación en esta materia se ocupa, entre otras cosas, de informar sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos. Su objetivo es dar a conocer a las personas las normas legales que existen, su contenido y categoría jurídica; y , además, tratar de cambiar actitudes y comportamientos, así como desarrollar en las personas nuevas actitudes que les permitan pasar a la acción.