Esa prisión, Guantánamo, con sus capuchas y monos de color naranja, jaulas y cercas de alambre de espino, no tardó en convertirse en un símbolo de detenciones arbitrarias, entregas extraordinarias, tortura y otros abusos, y absoluta falta de respeto de los derechos humanos de los detenidos por parte de las autoridades estadounidenses.

Es posible que el presidente Bush lamente haber creado este centro de detención. Al final incluso él dijo que quería cerrarlo. Sin embargo, cuando dejó su cargo, Guantánamo seguía en funcionamiento y había aún 245 hombres recluidos allí.

El sucesor de Bush, Barack Obama, prometió cerrar Guantánamo “en seguida”, en enero de 2010 como muy tarde. Casi tres años después de formularse esta promesa, Guantánamo continúa abierto, y hay aún más de 150 hombres allí.

Guantánamo se concibió siempre de manera que fuera difícil. Su situación, en terrenos de una base de la Marina estadounidense en la punta sureste de Cuba, se eligió en parte para eludir la legislación estadounidense sobre el hábeas corpus. Su aislamiento hacia posible su funcionamiento sin ningún escrutinio. Estaba restringido el acceso de los abogados, no se permitían las visitas de familiares y había prácticamente ningún contacto con el mundo exterior. Los hombres llevados allí estaban realmente solos.

Lo que ocurría en Guantánamo no era por accidente. Altos mandos militares lo llamaban “el laboratorio de batalla de Estados Unidos”, reconociendo así un entorno “conducente a obtener información aprovechando las vulnerabilidades de los detenidos”. Los tratos y condiciones inhumanos y degradantes eran habituales, y el centro estaba conectado a sistemas más amplios de detención secreta y tortura. Los responsables no tenían nada que temer, pues Estados Unidos utilizaba el secreto para ocultar las violaciones de derechos humanos y apenas hacía nada para pedir cuentas a sus autores.

A los hombres recluidos en Guantánamo se les negó durante años el derecho a una vista judicial para impugnar la legalidad de su detención. Los pocos que eran sometidos a juicio, no lo hacían ante tribunales de justicia ordinarios, sino ante comisiones militares especiales, con reglamentos que incumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Los tribunales militares desempeñan todavía una función primaria, y su uso parece cada vez mas arraigado.

El presidente Obama se ha retractado de su promesa de cerrar Guantánamo, aduciendo que no puede hacer nada debido al obstruccionismo del Congreso, las presiones internas y el clima de temor de Estados Unidos. Pero nada de esto puede ser una excusa válida. Estados Unidos no admite a otros países razones de este tipo, y el resto del mundo no debe admitírselas a él.

Estados Unidos habla con fluidez el idioma de los derechos humanos cuando se refiere al panorama mundial, pero tartamudea cuando se trata de su propia conducta. Tanto Bush como Obama prometieron situar los derechos en el centro de sus estrategias antiterroristas, pero Estados Unidos continúa sin cumplir este compromiso.

En lugar de ello, el mensaje que transmite el gobierno estadounidense con la existencia aún de Guantánamo y de las políticas que representa es que el mundo entero es el campo de batalla de una “guerra” global en la que los derechos humanos no son aplicables y en la que Estados Unidos tiene derecho exclusivo a establecer sus propias reglas.

En virtud de este planteamiento, dispensar un trato humano a los detenidos parece una elección política, más un requisito jurídico, que es lo que en realidad es; el derecho a un juicio justo depende de la nacionalidad del acusado o de consideraciones políticas internas, y los derechos humanos pueden descartarse si entran en conflicto con los “valores nacionales”. Es un planteamiento que hace que la justicia se incline en favor del gobierno; que, incluso cuando puede imponerse la pena de muerte, los juicios puedan celebrarse ante tribunales militares, y que los detenidos puedan ser recluidos indefinidamente incluso si un tribunal ordena que sean puestos en libertad.

En virtud de este planteamiento, los detenidos y otras víctimas de violaciones de derechos humanos se ven privados de reparación. Los responsables de los abusos pueden eludir las consecuencias. Las propias víctimas de los atentados del 11/S se ven privadas del derecho a ver que los responsables son juzgados ante tribunales adecuados. Y es un doble rasero, no normas internacionales, lo que se aplica en todo momento.

Estos son los mensajes que Guantánamo envía al mundo, y lo más seguro es que el mundo preste atención.

Si el gobierno estadounidense quiere realmente demostrar su compromiso con los derechos humanos, no solo tiene que cerrar de Guantánamo de inmediato, sino que debe también poner fin a la política de falta de respeto por los derechos humanos que ha llegado a simbolizar Guantánamo. Debe renegar de su doctrina de la guerra global e incorporar las normas internacionales de derechos humanos. Y tiene además que hacer rendir cuentas a los responsables de detenciones secretas, tortura, entregas extraordinarias y demás abusos cometidos durante estos 10 años.

El presidente Obama ha dicho que las detenciones de Guantánamo fueron un “experimento mal orientado”, pero ha dejado que el laboratorio siga funcionando.

Diez años después de su creación, Guantánamo continúa abierto, violando todavía los derechos humanos. Se ha convertido en símbolo de un decenio de agresión de Estados Unidos a los principios más fundamentales de derechos humanos. Guantánamo continuará arrojando su larga sombra hasta que todo lo que representa no sea más que historia.

Firma la petición:

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Es el momento de demostrar más que nunca nuestra solidaridad con ellos. Por eso estamos haciendo un video colectivo con segmentos grabados en todas partes del mundo.

¿Cómo puedo ayudar?

Es sencillo, solamente debes grabar un video respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Qué te ha inspirado durante las protestas del Medio Oriente y Norte de África? subirlo a Youtube y pasarnos el enlace o mandarnos el archivo de video a intranet@amnistia.org.pe antes del Viernes 13 de Enero.

Algunos Tips

1. Que tu video dure menos de un minuto pues se unirá a muchos otros videos alrededor del mundo.
2. Puedes intentar que en el encuadre se vean solo tu cabeza y hombros.
3. Siempre mira a la cámara.
4. De ser posible que el fondo muestre alguna escena de tu ciudad (para diferenciarnos con los videos de activistas de otros países)
5. Si quieres pasarnos el archivo de video pero pesa mucho usa plataformas de envío como Yousendit.com o Mediafire.com, no te preocupes por el formato del archivo.

¡Participa tú también y pasa la voz!

Para cada uno de los casos tendremos disponible, la carta modelo y los datos de las autoridades a las que van dirigidas. Mucha de la información aún se encuentra en inglés, pero es probable que esté en proceso de traducción.A continuación les presento un micro resumen de los casos que hemos seleccionado para trabajar acá.

Turquía: Escribe por los derechos – Actúa ya en favor de Halil Savda

Halil Savda es un objetor de conciencia y defensor de los derechos humanos que se expone al continuo riesgo de ser encarcelado por expresar libremente su apoyo a los objetores de conciencia. Descarga la carta modelo.

Nigeria: Actúa ya en favor de Habitantes de Port Harcourt.

En Port Harcourt, en el estado de Rivers, Nigeria, hay más de 200.000 personas expuestas al peligro de desalojo forzoso de sus hogares. Insta a las autoridades de Nigeria a que paren los desalojos forzosos y a que garanticen la adecuada provisión de viviendas. Descarga la carta modelo.

México: Escribe por los derecho – Actúa ya en favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron violadas por soldados mexicanos en 2002. Nadie ha comparecido ante la justicia por estos crímenes. Pide al gobierno de México que lleve a cabo sin demora una investigación exhaustiva e imparcial sobre esos delitos. Descarga la carta modelo.

Si tienes dudas de cómo hacer o mandar la carta escríbe a caroline.d@amnistia.org.pe que con gusto responderemos todas tus dudas.

Los miembros y las miembras de Amnistía Internacional y del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED) estamos exigiendo que el Gobierno Dominicano garantice que los responsables de los homicidios y los actos de tortura comparezcan ante la justicia y que se tomen medidas para cambiar las políticas y las prácticas que permiten que se cometan tales abusos.

Según datos de la Procuraduría General de la República, entre enero y julio de 2011 la policía acabó con la vida de 154 personas en República Dominicana, frente a 125 en el mismo periodo de 2010. Las estadísticas de la Procuraduría General muestran que el 10 por ciento de todos los homicidios registrados en 2010 fueron cometidos por la policía. También han muerto varios agentes.

Además, Amnistía Internacional también ha descubierto que se ha amenazado de muerte, golpeado y negado alimentos, agua y medicamentos básicos a presuntos delincuentes mientras estaban bajo custodia. A algunos les han puesto bolsas de plástico en la cabeza y los han colgado por las esposas a barras o clavos. Se teme que al menos dos personas vistas por última vez bajo custodia policial hayan sido víctimas de desaparición forzada. Sólo un reducido número de casos llegan a los tribunales o son siquiera investigados.

El Gobierno del Presidente Leonel Fernández debe hacer frente de inmediato a las personas interesadas en mantener el sistema actual, en el que la corrupción está profundamente arraigada y los abusos policiales contra los derechos humanos son omnipresentes.

¡Ayúdanos! Con tu firma, podremos exigir al Gobierno de República Dominicana a que lidere el proceso de reforma de la Policía Nacional, a la luz de los derechos humanos. 

Da clic aquí

Descargar:

• Informe: Cállate si no quieres que te matemos”: Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía en República Dominicana
• Carta de Amnistía Internacional y del ICED a Leonel Fernandez

Desde Amnistía Internacional hemos puesto todos los medios a nuestro alcance para presionar a Polonia, que desde julio ostenta la presidencia de la Unión Europea, para que rinda cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidos en su territorio. Puedes apoyar aquí nuestra petición.

La tortura y los malos tratos están absolutamente prohibidos por el derecho internacional. Las víctimas y sus familias tienen derecho a conocer la verdad, obtener justicia y reparación.

“Canadá está obligada por las normas internacionales a detener y procesar al ex presidente Bush por su responsabilidad en torturas y otros delitos de derecho internacional”, afirmó Susan Lee, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.

“Dado que hasta ahora las autoridades estadounidenses no han  llevado al ex presidente Bush ante los tribunales, la comunidad internacional debe intervenir. Si Canadá no toma medidas durante su visita, estará violando los términos de la Convención de la ONU contra la Tortura y demostrando desprecio por los derechos humanos fundamentales.”

Amnistía Internacional entregó un memorando a las autoridades canadienses el 21 de septiembre de 2011 en el que defiende con argumentos de peso que el ex presidente es penalmente responsable de diversas violaciones de derechos humanos.

Las violaciones referidas se cometieron entre 2002 y 2009 como parte del programa de detención secreta dirigido por la CIA, e incluyen torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y desapariciones forzadas.

Cuando era presidente, George W. Bush autorizó la aplicación de diversas “técnicas de interrogatorio mejoradas” a personas recluidas como parte del programa de detención secreta de la CIA.

Más tarde, el ex presidente admitió expresamente haber autorizado el uso del simulacro de ahogamiento (waterboarding) contra varias personas cuyo sometimiento a este método de tortura se ha confirmado.

Se sometió a los detenidos a simulacros de ahogamiento y otras “técnicas de interrogatorio mejoradas” –como obligarlos a permanecer durante horas en posturas dolorosas o privarlos del sueño– durante el programa de detención secreta de la CIA, puesto en marcha con la autorización del entonces presidente Bush.

El inspector general de la CIA concluyó que Zayn al Abidin Muhammed Husayn (conocido como Abu Zubaydah) y Khalid Sheikh Mohammed habían sufrido entre ambos no menos de 266 simulacros de ahogamiento durante su detención entre 2002 y 2003.

En el memorando presentado por Amnistía Internacional también se destacan nuevos indicios de tortura y otros delitos de derecho internacional cometidos contra los detenidos bajo custodia militar estadounidense en Guantánamo, Afganistán e Irak.

“Es un momento clave para que Canadá demuestre su disposición a acatar sus compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos –manifestó Susan Lee–. Canadá ha encabezado las iniciativas para reforzar el sistema de justicia internacional y ahora debe demostrar que, a la hora de rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos, ninguna persona o país está por encima del derecho internacional.”

Actúa aquí

El 6 de octubre de 2011, alrededor de las ocho y media de la mañana, el ejército israelí demolió el corral de Saleh Abu Amer, en el pueblo de Al Farasiya. Una media hora después destruyó otro corral y una estructura residencial, pertenecientes a Mahmoud Ayoub, en el cercano pueblo de Tell Al Himma. El padre y el hermano de Mahmoud Ayoub llevaban tres años viviendo en la estructura residencial, que se utilizaba también para celebrar reuniones y actos sociales.

Ghaleb Fuqha, también de Tell Al Himma, ha contado a Amnistía Internacional que, ayer, alrededor de las diez de la mañana, se presentaron en su casa seis vehículos militares israelíes, incluidos cuatro jeeps y un buldózer. Los soldados levantaron con el buldózer los cimientos de cemento de su corral y destruyeron los postes metálicos que sostenían la estructura para que no pudiera reconstruirse ésta. Al intentar Ghaleb Fuqha hablar con ellos, lo apartaron de un empujón.

El 18 de septiembre se había dictado una orden de “paralización de las obras” contra las cuatro estructuras domésticas destruidas ayer, porque las familias carecían de permiso de construcción, si bien las estructuras estaban ya totalmente acabadas. No se habían dictado después órdenes de demolición ni se habían avisado a las familias de que se iban a proceder a ella. Las estructuras de Tell al Himma habían sido donadas al pueblo por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2008.

A diferencia de la gran cantidad de tierras de los Territorios Palestinos Ocupados declaradas propiedad pública por las autoridades israelíes, las Tell al Himma están registradas como propiedad privada, según un representante municipal local. Ghaleb Fuqha ha dicho a Amnistía Internacional que sus tierras son “propiedad privada, tengo la escritura, a nombre de mi padre”.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en hebreo, en inglés o en su propio idioma:

• Condenando la demolición de las estructuras de Al Farisiya y Tell al Himma e instando a que se anulen de inmediato todas las órdenes de demolición y desalojo dictadas contra palestinos aquí y en la Cisjordania ocupada.
• Expresando honda preocupación porque, según parece, no se entregará previamente ninguna orden de demolición a los afectados.
• Deplorando las demoliciones de Tell al Himma y Al Farisiya, que suponen una grave amenaza para el Ganado y el bienestar de las familias afectadas.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 18 de noviembre de 2011 A:

Ministro de Defensa

Minister of Defence

Ehud Barak

Ministry of Defence

37 Kaplan Street, Hakirya

Tel Aviv 61909, Israel

Fax: +972 3 6916940 / 6962757

Correo-e: minister@mod.gov.il

Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

Auditor militar general

Military Judge Advocate General

Major General Avihai Mandelblit

6 David Elazar Street

Hakirya, Tel Aviv, Israel

Fax: +972 3 569 4526

Correo-e: avimn@idf.gov.il

Tratamiento: Señor Auditor Militar General

Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel

IDF Chief of Staff

Lieutenant-General Benny Gantz

c/o Ministry of Defence

7 A’ Street,

Hakirya, Tel Aviv, Israel

Fax: +972 3 6916940 / 6976218

Tratamiento: Dear Lieutenant-General / General

INFORMACIÓN complementaria

Los pueblos de Al Farisiya y Tell Al Himma están el distrito de Tubas de la Cisjordania ocupada, dentro del 60 por ciento del territorio considerado “zona C”, que está bajo el control civil y militar de Israel.  Los palestinos que viven allí se enfrentan a la destrucción recurrente de sus bienes y a severas restricciones impuestas a la construcción. Deben solicitar a las autoridades militares israelíes permisos de construcción que es prácticamente imposible obtener. La población palestina del valle del Jordán, que ya vivía allí antes de que el ejército israelí ocupara Cisjordania en 1967, se enfrenta constantemente a la política discriminatoria que aplica en Israel en materia de urbanismo, edificación y acceso a la tierra y al agua, y, al ser una de las más pobres y vulnerables del la región, sufre especial presión.  Muchos habitantes del valle del Jordán viven cada día bajo la amenaza del desalojo forzoso de sus hogares y sus tierras a manos del ejército israelí. También están sometidos a restricciones de su libertad de circulación.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU en los territorios palestinos ocupados afirma que desde julio de 2010 las autoridades israelíes han destruido 117 estructuras, incluidas viviendas en Al Farsilla, lo que ha provocado el desplazamiento de 129 personas, incluidos 63 niños. Puede consultarse más información sobre el trabajo de Amnistía Internacional sobre Al Farisiya en: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE15/018/2010 .

El 29 de julio de 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó sus observaciones sobre el informe de Israel acerca del cumplimiento de las obligaciones que le impone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que es Estado Parte.  El Comité expresó preocupación por “la frecuencia con que demuelen por orden administrativa bienes, viviendas y escuelas en la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental por carecer de permisos de construcción, cuya expedición se deniega muchas veces a los palestinos [y por] los sistemas de planificación municipal discriminatorios, en particular en la “zona C” de la Ribera Occidental y en Jerusalén Oriental, que favorecen de forma desproporcionada a la población judía de esas zonas”. Instó a las autoridades israelíes a “revisar también su política de vivienda y expedición de permisos de construcción a fin de respetar el principio de no discriminación hacia las minorías, en particular los palestinos” (Ref: CCPR/C/ISR/CO/3, véase http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/CD_Concl_Obs_2010/CCPR/99th%20session/CCPR-C-ISR-CO-3%20%28s%29.pdf).

Allí los agricultores viven estos días angustiados a la espera de que el gobierno israelí les conceda los permisos para poder acceder a sus tierras y recoger su cosecha. Si no los reciben, la cosecha se perderá y con ella una parte importante de su medio de vida. La agricultura es la fuente primordial de la economía palestina, y los olivos son una fuente de subsistencia para gran parte de la población.

Cada día es mayor el número de agricultores a los que el ejercito israelí deniega el paso a los cultivos. Actualmente sólo 180 de los 3.200 habitantes de Jayyus tienen acceso a sus tierras. Sus olivares, como los de miles de palestinos, han quedado encerrados al otro lado del muro que Israel está construyendo a través de la Cisjordania ocupada.

La temporada de la recogida empieza en octubre y los habitantes de Jayyus necesitan urgentemente todo el apoyo posible para poder acceder a sus tierras. Por favor, firma hoy nuestra petición: ahora es el momento crucial para presionar a Israel y que otorgue o renueve los permisos.

Un juez de Georgia ha firmado una orden de ejecución en el caso de Troy Davis, por la que autoriza al estado a ejecutarlo en la semana del 21 al 28 de septiembre. Persisten las dudas sobre la culpabilidad de Troy Davis respecto al delito por el que fue condenado a muerte hace dos décadas.El juez del condado firmó la orden de ejecución de Troy Davis el 6 de septiembre. El Departamento de Prisiones de Georgia fijará la fecha y hora de la ejecución. La estrategia habitual del Departamento consiste en fijar la fecha el primer día autorizado por la orden, en este caso el 21 de septiembre.Troy Davis fue condenado a muerte en 1991 por el asesinato del agente de policía Mark Allen MacPhail, cometido en Savannah, Georgia, en 1989. No existe ninguna prueba material que vincule directamente a Davis con el asesinato, y el arma del crimen nunca se encontró. La acusación contra Troy Davis se basaba principalmente en declaraciones de testigos presenciales. Desde su juicio, siete de los nueve testigos clave se han retractado de su testimonio o lo han modificado, y algunos han denunciado coacción policial.En 2009, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó una vista probatoria federal para examinar la alegación de inocencia de Troy Davis. En la vista, celebrada en junio de 2010, el juez federal de primera instancia William Moore abordó si Troy Davis podía demostrar “con pruebas claras y convincentes que ningún jurado razonable lo habría declarado culpable a la luz de las nuevas pruebas” surgidas desde su juicio por asesinato en 1991. De acuerdo con esta norma “extraordinariamente elevada”, escribió el juez Moore en su opinión de agosto de 2010, “el Sr. Davis no es inocente”. Sin embargo, en el resto de su resolución reconoció que las nuevas pruebas presentadas por Troy Davis arrojaban algunas dudas “adicionales, mínimas” sobre su declaración de culpabilidad, y que el caso de la acusación no estaba “blindado”. Según el juez Moore, en 1991 el jurado había declarado a Troy Davis culpable “más allá de una duda razonable”, “pero no con una certeza matemática”. En 2007, Troy Davis estuvo a menos de 24 horas de ser ejecutado, pero la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia dictó una suspensión. La Junta declaró entonces que no permitiría que se llevara a cabo una ejecución “a menos y hasta que sus miembros estén convencidos de que no cabe duda respecto a la culpabilidad del acusado”. Desde entonces, Troy Davis se ha enfrentado a otras dos fechas de ejecución, ambas en 2008, que fueron suspendidas por los tribunales. ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en su propio idioma: reconociendo la gravedad del delito por el que Troy Davis fue condenado a muerte; señalando que persisten las dudas sobre el caso incluso después de la vista probatoria federal de 2010; señalando que la Junta actúa como mecanismo de seguridad contra el error irreversible, y recordando la declaración que la Junta emitió en 2007 respecto a que no permitiría que se llevara a cabo ninguna ejecución en la que existiera alguna duda sobre la culpabilidad del preso; señalando las pruebas sustanciales sobre la falibilidad del sistema de justicia capital; pidiendo a la Junta que otorgue el indulto a Troy Davis y conmute su condena de muerte.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE, Y ANTES DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011, A:Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado2 Martin Luther King, Jr. Drive, SE Suite 458, Balcony Level, East Tower Atlanta, Georgia 30334-4909, EE. UU.Correo-e.: Clemency_Information@pap.state.ga.us y Webmaster@pap.state.ga.us Fax: +1 404 651 8502Tratamiento: Dear Board members / Sres. Miembros de la Junta
Envíen también copia a la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la primera actualización de AU 110/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/028/2011/es ACCIÓN URGENTETROY DAVIS SE ENFRENTA A UNA EJECUCIÓN INMINENTE EN GEORGIAINFORMACIÓN COMPLEMENTARIAEn los últimos cuatro años, tres estados de Estados Unidos –Nueva Jersey, Nuevo México e Illinois– han promulgado legislación para abolir la pena de muerte. Al firmar la entrada en vigor de estas leyes, los tres gobernadores señalaron el riesgo de un error irreversible en un sistema imperfecto como motivo para respaldar la abolición. En 2007, el gobernador de Nueva Jersey, Jon Corzine, dijo que “el gobierno no puede proporcionar una pena de muerte infalible que excluya la posibilidad de ejecutar a un inocente”. En 2009, el gobernador Bill Richardson, de Nuevo México, dijo que, para ejecutar una pena irrevocable, “debemos tener la confianza –yo diría la certeza– absoluta de que el sistema carece de defectos o prejuicios”. Este, añadió, “no es evidentemente el caso”. En marzo de 2011, el gobernador de Illinois, Pat Quinn, dijo que el sistema de justicia capital adolecía de “defectos inherentes” y que era “imposible diseñar un sistema que sea coherente, que esté libre de discriminación por razón de raza o de circunstancias geográficas o económicas, y que nunca se equivoque”. Según dijo, “como estado, no podemos tolerar la ejecución de inocentes, porque esas acciones afectan a la legitimidad misma del gobierno”.Más de 130 personas han sido excarceladas de los “corredores de la muerte” de Estados Unidos desde 1976 tras demostrarse su inocencia. En todos esos casos, los acusados habían sido declarados culpables más allá de una duda razonable. Entre otras cosas, sus casos revelaron la frecuente falta de fiabilidad de las declaraciones de los testigos oculares. En el caso de Troy Davis, la mayoría de los testigos que declararon contra él se han retractado desde entonces o han realizado declaraciones juradas en las que afirman otra cosa. Sin embargo, un condenado que trate de basarse en la declaración revisada de un testigo se enfrenta al gran obstáculo que supone el hecho de que el veredicto del jurado original tiene primacía. En la vista probatoria de junio de 2010 ante el tribunal federal de primera instancia, la fiscal de Georgia alegó que “todos los tribunales de todos los niveles de Estados Unidos han declarado que no son favorables a las retractaciones, las miran con gran escepticismo, son poco fiables”. Sobre el caso de Troy Davis, la fiscal concluyó: “Esta era su oportunidad. La norma es sumamente elevada […], no la han cumplido”. Uno de los testigos que compareció en la vista fue Benjamin Gordon, quien en 2008 había firmado una declaración en la que aseguraba que un sospechoso alternativo (un familiar suyo por matrimonio) le había dicho que él había disparado al agente MacPhail. En la vista, Benjamin Gordon afirmó por primera vez que, en realidad, él había visto a ese individuo disparar contra el policía. Benjamin Gordon, que en el momento del delito acababa de cumplir 16 años, afirmó de nuevo que la policía lo había coaccionado para que firmara una declaración en la que implicara a Davis. Según dijo, no había declarado antes que había visto quién disparó al agente porque tenía miedo, y finalmente había decidido “venir hoy y simplemente hacer que se sepa la verdad”. El juez Moore concluyó que Benjamin Gordon no era “un testigo digno de crédito”. La comunidad internacional ha acordado una serie de salvaguardias para los casos de pena capital en los países que aún mantienen la pena de muerte. Una de estas salvaguardias se refiere a la carga de la prueba en los casos de pena de muerte, y dice: “Sólo se podrá imponer la pena capital cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes, sin que quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos”. La carga de la prueba “extraordinariamente elevada” elegida por el juez Moore brinda una protección inferior a esta. El indulto del ejecutivo está previsto para que actúe como válvula de seguridad cuando los tribunales no hayan querido o no hayan podido actuar. Por ejemplo, en septiembre de 2010, el gobernador de Ohio conmutó la condena de muerte de Kevin Keith por cadena perpetua. El gobernador dijo que, pese a las pruebas circunstanciales que relacionaban a Kevin Keith con el delito, “se han planteado muchas dudas legítimas respecto a las pruebas en las que se basó la condena y respecto a la investigación que condujo a ella” (véase http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/079/2010/es).Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente. En Estados Unidos, desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977, se han llevado a cabo 1.266 ejecuciones, incluidas 32 en lo que va de año. Ha habido 51 ejecuciones en Georgia, tres este año. Si desean más información sobre el caso de Troy Davis, consulten USA: ‘Unconscionable and unconstitutional’: Troy Davis facing fourth execution date in two years, mayo de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/069/2009/en y USA: Less than ‘ironclad’, less than safe, 27 de agosto de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/077/2010/en

Casa teatro Arena y Esteras (Sector 3, Grupo 24, Mz E, Lote 9 y 20 Villa el Salvador, Lima)
Viernes 9 de setiembre del 2011
10a.m. a 2p.m.

Habrá una movilidad hasta la casa teatro a las 9a.m. desde las oficinas de Amnistía Internacional (Ca. Enrique Palacios 735-A, Miraflores)
Actividad abierta a todas las personas interesadas. No se requiere experiencia previa en tejido , se contará con personas que enseñen y ayuden a tejer. Trae ropa cómoda y, si tuvieras, un ovillo de lana y palillos para tejer.

Un tejidotón es una actividad pública libre en la cual las personas pueden participar libremente tejiendo “pastillas” de lana de tamaño A4 que posteriormente se unirán a la chalina de la esperanza que ya cuenta con aproximadamente un kilómetro de distancia. Se han realizado diversos “tejidotones” a lo largo del proyecto de la chalina en diversas partes del Perú y del mundo como Colombia, Holanda, Canadá, entre otros.

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