Ogawa Toshio, nombrado ministro de Justicia el 13 de enero, ha expresado su intención de reanudar las ejecuciones. El año pasado en Japón no hubo ninguna ejecución por primera vez en 19 años. Los presos en espera de ejecución (se calcula que 130 personas), corren ahora mayor peligro de ser ejecutados.

El ministro de Justicia recién nombrado afirmó públicamente el 15 de enero que tenía previsto reanudar las ejecuciones, algo que consideraba una responsabilidad de su cargo. Su predecesor, HIRAOKA Hideo, recibió fuertes presiones para llevar a cabo ejecuciones en 2011, pero no lo hizo, afirmando que la aplicación de la pena de muerte debía examinarse más cuidadosamente antes de continuar con las ejecuciones.

Aunque todos los presos en espera de ejecución corren peligro inminente, los miembros del culto Aum Shinrikyo condenados a muerte, incluido su líder, MATSUMOTO Chizuo (también conocido como Shoko Asahara), tienen ahora menos probabilidades de ser ejecutados, pues un miembro del culto, HIRATA Makoto, se entregó a la policía el 31 de diciembre de 2011 y su proceso judicial llevará algún tiempo. Según el artículo 475 del Código de Procedimiento Penal, no pueden llevarse a cabo ejecuciones hasta que el proceso judicial de todos los coacusados haya terminado.

Las ejecuciones en Japón son por ahorcamiento, y habitualmente se llevan a cabo en secreto. Lo habitual es que a los presos les comuniquen que van a ser ejecutados pocas horas antes, y en algunos casos no reciben aviso alguno. Esto significa que los presos que han agotado sus apelaciones deben pasar todo su tiempo en el pabellón de los condenados a muerte sabiendo que pueden ser ejecutados en cualquier momento. Por lo general, a los familiares se les notifica la ejecución tras haberse producido esta.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, no importa el carácter del delito, las características de la persona condenada a muerte ni el método de ejecución utilizado por el Estado, por considerarla una violación del derecho a la vida y el más cruel, inhumano y degradante de los castigos. El 28 de julio de 2010 se llevaron a cabo las dos últimas ejecuciones en Japón. El sistema de ejecución fue la horca.

En octubre de 2011, el anterior ministro de justicia, HIRAOKA Hideo, afirmó que examinaría individualmente cada caso de pena de muerte, después de que, según los informes, el secretario del Gabinete, Osamu Fujimura, lo animara a seguir adelante con las ejecuciones. Amnistía Internacional y la Red Asiática contra la Pena de Muerte pidió al ministro de Justicia que se abstuviera de llevar a cabo ejecuciones.