“Le doy gracias a Amnistía Internacional, y a la gente de muchos países [...] que trabajaron por mi libertad.” – Raúl Hernández.Amnistía Internacional (AI) recibe con agrado la liberación del preso de conciencia Raúl Hernández, quien lleva más de dos años encarcelado en el estado de Guerrero, detenido bajo cargos fabricados, y hace un llamado a que se revise completamente su procesamiento infundado y a que reciba una compensación completa por su encarcelación injusta.

Raúl Hernández fue arrestado injustamente y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1 de enero de 2008 en la comunidad El Camalote, Guerrero. Sin embargo, las declaraciones de los testigos oculares que establecían que Raúl Hernández no se encontraba presente cuando ocurrió el asesinato no se tomaron en cuenta. Amnistía Internacional ha hecho campaña por la liberación de Raúl Hernández desde noviembre de 2008, fecha en que fue adoptado como preso de conciencia.

Durante las diligencias llevadas a cabo, el juez realizó una investigación de la escena del crimen que confirmó que la prueba de los testigos en la cual se establecía que Raúl Hernández estuvo presente durante el asesinato es infundada.

Amnistía Internacional considera que el caso contra Raúl Hernández es una represalia por parte de las autoridades por sus actividades legítimas de promoción de los derechos indígenas a través de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y por exponer los abusos cometidos por los caciques locales, los militares y las autoridades.

“Con frecuencia, las autoridades han manipulado el sistema de justicia penal para castigar a quienes promueven el respeto a los derechos de las comunidades marginadas y alzan su voz para exigir sus derechos”, ha dicho hoy Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.

“El injusto y prolongado encarcelamiento de Raúl Hernández es emblemático de la persecución sistemática de que ha sido víctima la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, en Guerrero, y de las constantes agresiones contra quienes defienden los derechos humanos en México”, puntualizó Herrera.

Herrera agregó que “el gobierno mexicano debe desarrollar urgentemente un programa eficaz e integral de protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos”.

El caso de Raúl Hernández ilustra la vulnerabilidad en que se encuentran quienes defienden derechos humanos en México, quienes además de detenciones indebidas y encarcelamiento por cargos penales falsos, enfrentan acosos, intimidaciones, amenazas e incluso homicidios.

Información adicional:

El 17 de abril de 2008, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1 de enero de 2008 en la comunidad de El Camalote, estado de Guerrero. El ejército arrestó a los cinco integrantes de la OPIM cuando cruzaban un control militar de seguridad instalado habitualmente en la zona. Cuatro de ellos salieron al presentar un amparo. Además, se emitieron órdenes de arresto contra otros 10 miembros de la OPIM en relación con el asesinato, pero ninguna se ha ejecutado.

El juez federal denegó el amparo a Raúl Hernández alegando que dos testigos habían declarado que estaba presente en el momento del crimen. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los testimonios de testigos presenciales que aseguran que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del asesinato.