En Perú mueren centenares de mujeres embarazadas, muchas de ellas por causas evitables. La mayoría son mujeres pobres e indígenas que viven en zonas rurales. En muchos casos, estas muertes podrían evitarse si el gobierno ofreciese acceso igualitario a los servicios de salud en todo el país.

En Perú, las mujeres embarazadas mueren porque tienen que hacer frente a una serie de obstáculos, como la distancia, el coste, el idioma y diferencias culturales.

Muchas mujeres de zonas rurales deben soportar una larga y difícil caminata hasta el centro de salud más cercano o pagar un transporte que no se pueden permitir. Es más, los centros de salud carecen a menudo de los recursos necesarios para tratar las situaciones de emergencia en el parto.

El acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva es fundamental para las mujeres, especialmente durante el embarazo y el parto. Las mujeres de comunidades pobres, rurales e indígenas casi nunca disponen de esta información.

Además, es habitual que las mujeres indígenas, que a menudo sólo hablan su propio idioma, no entiendan a los profesionales de la salud de habla española. Y también puede que los médicos, las enfermeras y las comadronas no comprendan adecuadamente sus hábitos y costumbres tradicionales.

Por otro lado, muchos profesionales de la salud tienen que trabajar en duras condiciones laborales –especialmente en las zonas rurales–, con formación y recursos insuficientes, en lugares alejados de sus casas, y en comunidades cuyo idioma y costumbres puede que no entiendan.

Asimismo, las mujeres que viven en la pobreza están en gran parte excluidas de los procesos políticos de toma de decisiones. Sus voces apenas se escuchan, y sus opiniones casi nunca influyen en las leyes y políticas del Estado, lo que significa que estas violaciones de derechos humanos pasan casi siempre desapercibidas para la sociedad y para quienes ostentan la autoridad.