El 5 de julio Amnistía Internacional dirigió una carta al Ministro del Interior del Perú, Octavio Salazar, para que reconsidere la expulsión de nuestro país del reiligioso británico Paul McAuley, presidente de la Red Ambiental Loretana y reconocido activista por el derecho a un medio ambiente sano.

Señor Ministro,
Como es de su conocimiento Amnistía Internacional es una organización que trabaja por el disfrute efectivo de los derechos humanos para todas las personas en el mundo y que cuenta con más de dos milìones de miembros en más de 150 países.

En esta ocasión me dirijo a Usted en relación con la cancelación de la residencia del ciudadano británico Paul Michael John Thomas McAuley (Resolución Ministerial No. 0571-
2010-IN/1601, firmada por Usted el pasado 11 de Junio de 2010). El Hermano Paul McAuley reside en el país desde hace veinte años, dedicándose los últimos diez años a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y a la protección del medioambiente en el Perú. Entre otras de sus acciones, por ejemplo, se destacan las denuncias por contaminación de ríos y de medidas legales y otras que podrían tener un eventual impacto negativo sobre el medioambiente.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, la notificación de esta decisión ha tomado completamente por sorpresa al Hermano Paul y a las comunidades y organizaciones con quienes él trabaja. La forma como se ha adelantado el proceso para llegar a tal decisión, así como el impacto que dicha decisión está tendiendo sobre el Hermano, las personas con quienes el trabaja y ias demás organizaciones de derechos humanos en el pais, genera una profunda preocupación a Amnistía Internacional por los siguientes motivos;

• Por una parte, la mencionada decisión parece haberse tomado sin siquiera haberle dado la oportunidad al directo afectado de presentar y sustentar la legitimidad y legalidad de sus actuaciones o de apelar dicha decisión, lo cual contraria el derecho internacional de los derechos humanos, incluídos los tratados ratificados por Perú, en donde se estabtece el derecho a un debido proceso, tanto en el ambito judicial como administrativo.
• Por otra parte, esta decisión sorpresiva de cancelar la residencia al Hermano Paul se toma en un contexto en el que Amnistía internacional ve que cada vez mas se restringen las libertades de pensamiento, expresión, asociación, asamblea y movimiento en el Perú, lo cual está teniendo un impacto negativo y directo contra el derecho a defender los derechos humanos, recogido en la Declaración de Defensores de Derechos Humanos aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1998 (A/RES/53/144).

Amnistía Internacional ve con mucha preocupación la actitud del gobierno del Perú en relación con los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Perú y de las personas que trabajan para protegerles. En particular, la organización ha denunciado la falta de justicia y la lentitud del proceso judicial en relación con los hechos del 5 de junio 2009 en Bagua. Asimismo la organización ha destacado los cargos infundados que siguen vigentes en contra de varios líderes indígenas. La cancelación de la residencia del Hermano Paul McAuley parecería ser un paso mas en un campaña de amedramiento por parte del gobierno hacia las comunidades indígenas y los defensores de los derechos humanos que trabajan con ellos.

En este sentido y por todo lo anterior quiero solicitarle que a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, de los tratados en la materia ratificados por Perú, reconsidere la cancelación de la residencia del Hermano Paul teniendo en cuenta la legitimad de sus acciones como defensor de los derechos humanos y del medioambiente. Le agradecería se brinde mayor información sobre las medidas que se han tomado para garantizar los derechos humanos del Hermano Paul McAuley, entre otros el derecho al debido proceso, los derechos del migrante y la proporcionalidad de la medida. De esta forma se estaría enviando el mensaje de que defender los derechos humanos y el medioambiente en el Perú es una actividad legítima, respetada por las autoridades.