Amnistía Internacional lamenta la decisión del poder ejecutivo del Perú de no promulgar la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios que aprobó el Congreso el pasado 19 de mayo.
Este rechazo por parte del Presidente y su Consejo de Ministros es una afrenta a los pueblos indígenas del Perú. La respuesta por parte del ejecutivo es decepcionante y supone una oportunidad perdida.
Es encomiable que el Congreso haya aprobado una ley que respeta los acuerdos fundamentales alcanzados con los pueblos indígenas de la Amazonía y los Andes peruanos. A pesar de los abusos contra los derechos humanos que han sufrido los pueblos indígenas del Perú, sus representantes participaron en un diálogo constructivo y llegaron a acuerdos, demostrando su disposición y buena voluntad para avanzar en cuestiones que para ellos son de suma importancia. Sin embargo, el gobierno, al no promulgar esta ley, ha demostrado que no se toma en serio la protección y el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Frente a un legado de atroces violaciones de derechos humanos, los pueblos indígenas de la región y del Perú se movilizan para hacer oír su voz. Su lucha contra la discriminación y por el derecho a recuperar sus tierras y territorios, por el derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada para dar consentimiento a las decisiones que los afectan y por el derecho a participar de los beneficios de la explotación de los recursos naturales de sus territorios ancestrales ha alcanzado un punto significativo con la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.
Perú tiene la obligación de acatar las normas internacionales de derechos humanos que protegen a los pueblos indígenas contra el despojo de sus tierras y recursos en nombre del desarrollo. Estas normas han surgido precisamente para poner fin a modelos históricos de toma de decisiones que se les han impuesto y a condiciones de vida que han amenazado su supervivencia .
La Organización Internacional del Trabajo, tanto como el Banco Mundial y la Defensoría del Pueblo del Perú han destacado la importancia de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios para el país. La decisión del gobierno de no promulgar esta ley es un paso atrás en el camino hacia el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Perú.
Que el poder Ejecutivo no apruebe la Ley de Consulta de Pueblos Indígenas, demuestra que ha este gobierno no le interesa en absoluto el bien humano de todos los ciudadanos peruanos…sino que se mide en cuanto a clase y generación de ingreso económico. Los pueblos indígenas exigen respeto, que si desea aprovechar los recursos mineros, hidrocarburos…se haga respetando los Limites Máximos Permisible y los Estándares de Calidad Ambiental para aprovechar un recurso de acuerdo a normas internacionales. La norma es clara el que contamina-paga. Cuantas veces en nuestro país las comunidades han tenido una justa retribución por los derrames petroleros en sus territorios o por la contaminación de las mineras. Si es posible trabajar la explotación de recursos pero con tecnologías limpias y sin corrupción. Respeto Solidario es la clave