Los paramilitares colombianos tienen un plan para matar a Enrique Petro, activista comunitario de las comunidades afrodescendientes de Colombia. Su vida corre peligro.
El 9 de mayo, un hombre con vínculos con los grupos paramilitares que actúan en la región noroccidental de Urabá, en Colombia informó a las oficinas de la ONG de derechos humanos colombiana Comisión Intereclesial Justicia y Paz en Bogotá de que un miembro de un grupo paramilitar que conoce, junto con otros paramilitares que actúan en la zona, había recibido instrucciones para matar a Enrique Petro, destacado activista de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia.

El informante dijo que los paramilitares han acusado a Enrique Petro de promover la visita de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a la región para observar las violaciones de derechos humanos relacionadas con el desarrollo masivo de plantaciones de palmera africana en la zona. La Comisión Justicia y Paz es una de las organizaciones que trabaja con las comunidades afrodescendientes que viven en la región de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, e informa al público nacional e internacional sobre los abusos y violaciones de derechos humanos que estas comunidades sufren.

En años recientes, Enrique Petro y otros dirigentes de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó han sido blanco de repetidas amenazas paramilitares.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

• instando a las autoridades a brindar protección efectiva a Enrique Petro, de acuerdo con los deseos del propio afectado;
• expresando preocupación por la seguridad de Enrique Petro;
• pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de que existe un plan para matar a Enrique Petro, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
• instándolas a emprender acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 28 DE JUNIO DE 2010 A:
Dr. Francisco Santos Calderón
Vicepresidencia de la República
Carrera 8A No 7-27
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 565 7682
Tratamiento: Estimado Sr. Vicepresidente

Sr. Jaime Bermúdez
Ministerio de Relaciones Exteriores
Calle 10 No 5-51, Palacio de San Carlos, Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 381 4721
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

Y copia a:
Dr. Guillermo Mendoza Diago
Fiscal General de la Nación (e)
Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01) Bloque C
Piso 4, Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 570 2000 (extensión 2017)
Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal General

INFORMACIÓN ADICIONAL
En abril de 2006, Enrique Petro dio cuatro hectáreas de sus propias tierras a personas desplazadas que habían regresado a la región de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, para crear así una de las denominadas “zonas humanitarias”, zonas cerradas cuyos habitantes exigen que las partes del conflicto respeten su decisión de no adherirse a ningún bando en las hostilidades. Esta es una manera de protegerse a sí mismos y transmitir a las partes enfrentadas el mensaje de que sus derechos como civiles deben respetarse.

Las comunidades afrodescendientes, junto con las comunidades indígenas y campesinas, son de las más afectadas por los 45 años de conflicto armado interno de Colombia. Han sufrido desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad o los paramilitares (que actúan solos o en connivencia con las fuerzas armadas), y secuestros a manos de los grupos de guerrilla.

En los últimos años, muchos de los que huyeron de sus tierras tras ser expulsados violentamente por los paramilitares y las fuerzas de seguridad a finales de la década de 1990 han regresado a las comunidades afrodescendientes de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó. Las comunidades han tratado de defender su derecho a la tierra e impedir la expansión de plantaciones ilegales de palmera africana y otras actividades económicas en su territorio. Muchos de sus miembros han sido amenazados y asesinados a consecuencia de ello. En los últimos dos años, varios miembros de la región del Jiguamiandó y el Curvaradó que han denunciado la ocupación de sus tierras por parte de cultivadores de palmera africana y otros intereses económicos han muerto a manos de paramilitares, que siguen manteniendo una fuerte presencia en la región a pesar de la amplia presencia del ejército en la zona.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos, ha pedido reiteradamente a las autoridades colombianas que tomen medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los miembros de las comunidades afrodescendientes de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. Sin embargo, las autoridades colombianas no han tomado medidas efectivas para cumplir estas peticiones.