Amnistía Internacional ha señalado hoy que el gobierno paquistaní debe acatar las últimas órdenes judiciales a fin de resolver la crisis de desapariciones forzadas que afecta al país.
Durante una vista celebrada el 28 de enero, el Tribunal Supremo concedió al fiscal general Shah Khawar dos semanas para localizar a Masood Janjua, empresario de Rawalpindi, que el 30 de julio de 2005 desapareció junto con Faisal Faraz durante un viaje en autobús a Peshawar, y a Atiq-ur Rehman, que el 25 de junio de 2004, día de su boda, fue detenido en Abbotabad, provincia de la Frontera Noroeste.
El Tribunal Supremo, en respuesta a una petición de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, organismo independiente, ordenó también al gobierno que facilitase información sobre ciudadanos paquistaníes entregados a la custodia de las autoridades estadounidenses durante el mandato del presidente Musharraf.
Por otra parte, el 2 de febrero el Tribunal Superior de Peshawar concedió al Ministerio del Interior dos semanas para facilitar información sobre casos de desaparición forzada pendientes de resolución ante el tribunal. El fiscal general adjunto Iqbal Mohammad afirmó que facilitaría al tribunal un listado de personas desaparecidas recluidas bajo custodia de las agencias de información y de las fuerzas de seguridad.
Amnistía Internacional insta al gobierno paquistaní a cumplir los plazos establecidos por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Superior de Peshawar, a facilitar información detallada sobre el lugar donde se mantiene recluidas a cientos de personas, víctimas de desaparición forzada, a investigar todos los casos y a hacer que rindan cuentas las personas responsables —entre otras, las que trabajan para las agencias de información y de seguridad del país—.
A pesar del compromiso reiterado de solucionar la crisis de “desapariciones” del país, el gobierno civil de Pakistán no ha revelado las conclusiones de la investigación llevada a cabo sobre los cientos de casos de personas que se cree que el gobierno mantiene recluidas en secreto como parte de la denominada “guerra contra el terror”, o en respuesta a la oposición interna, por ejemplo, en Baluchistán. Tampoco ha cumplido la promesa, hecha en mayo de 2008, de adherirse a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Las desapariciones forzadas se caracterizan por el secretismo oficial que las envuelve, por lo que resulta difícil determinar a cuántas personas ha sometido a desaparición forzada el gobierno paquistaní a lo largo de los años. Según Defensa de los Derechos Humanos, organización pakistaní que hace campaña en favor de los familiares de las personas desaparecidas, de los 416 casos de desaparición forzada presentados en el Tribunal Supremo desde 2005, 195 siguen pendientes desde el 3 de noviembre de 2007. El gobierno afirma que se calcula que, desde 2008, han desaparecido 1.600 personas, mientras que otros grupos afirman que han desaparecido decenas de miles de pakistaníes.
Durante la vista celebrada ante el Tribunal Supremo, el fiscal general presentó un informe en nombre de los ministros de Defensa e Interior, en el que se afirmaba que ni el Servicio de Información del Ejército ni los Servicios de Información mantenían recluido a Masood Janjua. El tribunal calificó la respuesta de imprecisa y señaló que no se habían tenido en cuenta las pruebas recabadas por Amina Janjua sobre la desaparición de su esposo. El tribunal advirtió asimismo que citaría a los ministros de Defensa e Interior si no se presentaba un informe basado en datos objetivos.
Amnistía Internacional insta al gobierno paquistaní a resolver de inmediato todos los actos de desaparición forzada; a garantizar la liberación inmediata de todas las personas a las que se mantenga recluidas en secreto, salvo que sean trasladadas a centros de detención oficiales, acusadas de delitos comunes reconocibles y puestas en prisión preventiva por un tribunal independiente; y a poner a disposición judicial a los funcionarios responsables de cometer estos actos. Las víctimas, incluidos sus familiares, deben recibir reparación de acuerdo con las normas internacionales.
Información complementaria:
Amnistía Internacional ha pedido en varias ocasiones explicaciones al gobierno sobre las desapariciones forzadas. En 2008, la organización se sirvió de actas judiciales oficiales y declaraciones juradas de víctimas y testigos de desapariciones forzadas para demostrar cómo los funcionarios del Estado, en especial los de las agencias de información y de seguridad del país, recurrían a diversas tácticas para ocultar las desapariciones forzadas, entre otras: negar que la detención se ha producido, afirmar que se desconoce la suerte y el paradero de la persona desaparecida, negarse a obedecer órdenes judiciales, ocultar la identidad de las autoridades responsables de la detención, trasladando, por ejemplo, a la persona desaparecida a otro lugar secreto, amenazándola con hacerle daño o con hacerla desaparecer nuevamente y presentando cargos falsos para ocultar desapariciones forzadas. Para más información sobre desapariciones forzadas en Pakistán, véase:
Negar lo innegable. Desapariciones forzadas en Pakistán (informe, julio de 2008)
http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA33/018/2008/es
Pakistan: Amnesty International welcomes Supreme Court move to hear disappearances cases (declaración pública, 20 de noviembre de 2009)
http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA33/011/2009/en
Pakistán: Hay que resolver los centenares de “desapariciones” de baluchis (declaración pública, 25 de febrero de 2009)
http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA33/001/2009/es
