Tras los últimos hechos de violencia ocurridos durante las protestas estudiantiles en diferentes ciudades del país a favor y en contra de la suspensión de RCTV Internacional, Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades a que garanticen el derecho de reunión y de expresión de todas las personas, y se aseguren de que la muerte de los estudiantes Yosinio Carrillo Torres, de 16 años, y Marcos Rosales; así como las lesiones que han sufrido decenas de otras personas, incluidos manifestantes y miembros de las fuerzas del orden, sean investigadas y los responsables llevados ante la justicia.

Las autoridades deben condenar de forma inequívoca e inmediatamente estos graves abusos y garantizar que las fuerzas del orden sólo intervengan para proteger la integridad y la vida de todas las personas que deseen ejercer su legítimo derecho a la reunión.

El Estado tiene el deber de mantener el orden siempre asegurando que las fuerzas de seguridad emplean la fuerza, incluido el uso de armas, sólo cuando sea estrictamente necesario y de acuerdo a un principio de proporcionalidad, sin infligir en ningún caso torturas o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, tal y como lo especifican las normas internacionales de derechos humanos y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“El derecho a la reunión es un derecho fundamental, pero no es un derecho a la protesta violenta. Manifestantes y sus líderes deben de asegurar que no se haga uso de la violencia”, especificó Amnistía Internacional.

Lo ocurrido estos últimos días no es un hecho aislado. En los últimos 13 meses en los que las protestas se han incrementado marcadamente en Venezuela cerca de 600 manifestantes han resultado heridos, al menos 14 con heridas de arma de fuego, y son ya 9 los manifestantes fallecidos. Según informes, la mayoría violentados por las fuerzas de seguridad, por grupos civiles armados simpatizantes del gobierno que reivindican sus acciones o por civiles no identificados.

Amnistía Internacional está sumamente preocupada por el deterioro de la libertad de expresión en la República Bolivariana de Venezuela. Todos los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión y reunión, deben ser respetados y la sociedad debe percibir que son respetados.
La no renovación o suspensión de licencias de canales de televisión y radio, como lo sucedido en el 2007 con RCTV y el año pasado cuando se revocó la licencia a 34 emisoras de radio, sumado a la reciente suspensión de cuatro canales de televisión por cable, incluido RCTV Internacional, manifiestan la falta de respeto de las autoridades a la legitima labor de los medios de comunicación, especialmente cuando estos son conocidos por su línea editorial crítica al gobierno.
“Si bien los medios de comunicación deben sujetarse a lo establecido en la ley, el cierre de un medio de comunicación debe ser el último recurso y una medida que sólo debe ser puesta en práctica después de haberse dado todas las garantías de un debido proceso, incluido el derecho a presentar una defensa y a la apelación”, dijo Amnistía Internacional.

Si el Gobierno venezolano está comprometido con los valores del Estado de derecho, debe promover, proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión y de reunión y celebrar la importancia y contribución positiva que en un Estado de derecho juegan la crítica y transparencia, afirmó Amnistía Internacional.

Información adicional
RCTV Internacional y otros cinco canales de televisión por cable fueron retirados del aire en la madrugada del 23 de enero por haber presuntamente contravenido el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Según informes, cuatro de estos canales de televisión por cable, Momentum, TV Chile, American Network y Ritmoson, podrán volver a retransmitir.

Los derechos a la libertad de expresión y de reunión son derechos fundamentales garantizados tanto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.