Los sindicalistas Pedro Condori Laurente y Claudio Boza Huanhayo están en prisión desde el 9 y el 23 de septiembre, respectivamente, por un cargo infundado de asesinato. Amnistía Internacional cree que están en prisión sólo porque defienden los derechos humanos.

Pedro Condori es el secretario general del sindicato de mineros de Casapalca. Claudio Boza es el secretario de Seguridad e Higiene del sindicato. Ambos hombres han sido acusados formalmente del homicidio culposo de un agente de policía, cometido durante una huelga de mineros el 24 de noviembre de 2008 en la provincia de Huarochirí, departamento de Lima, en la región central de Perú. Los mineros pedían mejores condiciones laborales. Durante la protesta, los manifestantes lanzaron rocas desde la ladera de una colina para bloquear una carretera pública situada debajo. Una de las rocas alcanzó a un policía causándole la muerte. Sin embargo, no hay pruebas que respalden los cargos formulados contra los dos sindicalistas. Según sus abogados, ambos estaban en Lima en aquel momento, en una reunión con funcionarios del Ministerio de Trabajo y representantes de la empresa minera.

Pedro Condori y Claudio Boza están en la prisión de Aucallama, en la provincia de Huaral, asimismo en el departamento de Lima. Ambos están representados por abogados de la organización de derechos humanos Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos (APRODEH) y han recurrido contra la orden de detención. Está previsto que se dicte una resolución judicial a finales de enero.

Amnistía Internacional cree que los cargos formulados contra estos dos hombres no tienen fundamento y que ambos están detenidos sólo por ser dirigentes de un sindicato que pide respeto por los derechos humanos de los mineros.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en español o en su propio idioma:

• Señalando que no hay pruebas que relacionen a Pedro Condori Laurente ni a Claudio Boza Huanhayo con el homicidio del agente de policía cometido el 24 de noviembre, y pidiendo que las autoridades fundamenten los cargos con pruebas sólidas o los pongan en libertad inmediata e incondicionalmente;
• expresando preocupación por el hecho de que, según APRODEH, ambos hombres estuvieran en una reunión con funcionarios del gobierno en el momento de la muerte del policía, y porque al parecer, han sido detenidos sólo porque son sindicalistas que piden mejores condiciones laborales para los mineros de la provincia de Huarochiri;
• instando a las autoridades a que no sometan a quienes defienden los derechos humanos a investigaciones penales basadas en acusaciones infundadas, pues su labor está protegida por las leyes internacionales de derechos humanos;
• condenando el homicidio del agente de policía y pidiendo que se investigue exhaustivamente y que los responsables comparezcan ante la justicia.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 26 DE FEBRERO DE 2010 A:

Dra. Gladys Margot Echaiz Ramos
Fiscal de la Nación
Ministerio Público
Av. Abancay cdra. 5 s/n
Lima 1, PERÚ
Fax: +511 625 5555(una grabación les pedirá en español el número de la extensión: tecleen 6304. Si responde una voz, pidan: “¿Me puede dar tono de fax, por favor?”)
Tratamiento: Sra. Fiscal

Dr. Aurelio Pastor Valdivieso, Ministro de Justicia
Ministerio de Justicia
Scipión Llona 350 – Miraflores, Lima 18, PERÚ
Fax: +511 4223577 (si responde una voz, pidan: “¿Me puede dar tono de fax, por favor?”)
Correo electrónico: apastor@minjus.gob.pe
Tratamiento: Sr. Ministro

Y copias a:
Asociación Pro Derechos Humanos http://www.cmstheme.net/. Jr. Pachacútec 980
Lima 11, PERÚ
Correo electrónico: raquel@aprodeh.org.pe
Fax: +511 431 0477 (si responde una voz, pidan: “¿Me puede dar tono de fax, por favor?”)

INFORMACIÓN ADICIONAL

En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado casos de personas que se han opuesto o criticado al gobierno o a sus políticas y que han sido detenidas basándose en cargos infundados. En concreto, se ha producido un aumento del uso de cargos penales infundados contra miembros destacados de organizaciones que trabajan por la protección de los derechos humanos (véase PERÚ: BAGUA, SEIS MESES DESPUÉS. “Sólo por pensar diferente, por hablar diferente, nos están haciendo una injusticia”, AMR 46/017/2009). Los delitos, incluido el homicidio de agentes de policía, han de ser investigados; sin embargo, no deben utilizarse las investigaciones penales para perseguir a personas que desempeñan un papel destacado en la defensa de los derechos humanos.