Amnistía Internacional ha condenado el uso de pesticidas aparentemente tóxicos para intimidar a una comunidad indígena después de su resistencia a ser desalojados de sus tierras ancestrales.

La organización hizo un llamado a las autoridades paraguayas a incrementar sus esfuerzos para proveer protección y atención medica a la comunidad e investigar los eventos de la semana pasada.

El viernes 6 de Noviembre, más de 50 hombres, aparentemente representando productores de soja brasileños que reclaman la titularidad de la tierra, llegaron al distrito de Itakyry en el este de Paraguay e intentaron remover a los indígenas por la fuerza. Las comunidades indígenas resistieron usando arcos y flechas.

Más tarde ese día, un avión roció directamente sobre las casas de los indígenas, con lo que se cree eran pesticidas generalmente usados sobre cultivos de soja. Más de 200 personas fueron afectadas y reportaron haber sufrido vómitos y desmayos, entre otros síntomas. Al menos 7 personas fueron llevadas al hospital.

Un preocupante precedente tuvo lugar anteriormente cuando la Comisión de Derechos Humanos del Senado paraguayo, el mismo cuerpo que recientemente bloqueó intentos para devolver tierras ancestrales a otra comunidad indígena, los Yakye Axa, fue usada por varios políticos como una plataforma para promover el desalojo.

La orden de desalojo había sido cancelada por un fiscal de distrito justo antes de la fecha cuando debía haberse llevarse a cabo, el viernes 6 de noviembre. Se cree que las amenazas contra la comunidad fueron represalias.

“Las vidas de los pueblos indígenas están siendo puestas en riesgo por las mismas personas que deberían protegerlos,” dijo Louise Finer, investigadora sobre Paraguay de Amnistía Internacional. “El riesgo que enfrentan las comunidades de Itakyry era predecible. Nadie tomo acción suficiente para protegerlas de las amenazas que sufrieron en el contexto de este nuevo intento de desalojarlas de sus tierras ancestrales.”

“Las autoridades paraguayas – el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial – deben trabajar juntos para tratar las necesidades inmediatas de las comunidades tras este ataque, pero también para asegurarse que esto no ocurra nuevamente,” dijo Louise Finer.

Solo un pequeño número de policías locales estuvieron presentes durante el ataque, a pesar de la amenazas contra las comunidades.

A pesar de que las autoridades locales prometieron enviar ambulancias para asistir a las personas que sufrieron vómitos y desmayos durante la fumigación, pasaron varias horas hasta que los afectados pudieran recibir tratamiento médico.

A pesar de que la protección de los derechos de los pueblos indígenas paraguayos fuera una de las promesas centrales de campaña del Presidente Fernando Lugo, el legado de adjudicacion ilegal de tierras del periodo de la dictadura militar continúa sin resolverse.

En general, se le da más prioridad a la promoción de grandes desarrollos agro-industriales que a la salvaguarda de los títulos de tierra de las comunidades indígenas. La seriedad del compromiso de gobierno de tratar sus reclamos de tierra no ha sido demostrada en la práctica.

En mayo, Amnistía Internacional denunció que la deforestación, las plantaciones de soja y el uso de agro-químicos siguen afectando la vida de las comunidades indígenas.

Recientes imágenes satelitales han mostrado que la deforestación en el norte de Paraguay continúa, a pesar de la existencia de controles gubernamentales, poniendo en riesgo comunidades indígenas aisladas como los Totobiegosode.

En octubre, Amnistía Internacional criticó al Congreso de Paraguay por rechazar un proyecto de ley que hubiera permitido al Estado devolver tierras ancestrales a la comunidad indígena Yakye Axa, dejando al menos a 90 familias sin hogar.

De acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, el derecho de las comunidades a tierras ancestrales es crucial para los pueblos indígenas ya que es un elemento vital de su sentido de identidad, sustento y modo de vida.

Nota a los Editores
El trabajo de Amnistía Internacional sobre la situación de las comunidades indígenas en Paraguay es parte de la campaña Demanda Dignidad, lanzada en mayo de 2009.

La campaña pretende poner fin a las violaciones de los derechos humanos que impulsan y profundizan la pobreza mundial. La campaña movilizará personas en todo el mundo a exigir que los gobiernos, grandes corporaciones y otras personas que tienen poder escuchen las voces de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Para más información, visite http://demanddignity.amnesty.org/campaigns-en/