Un grupo paramilitar ha amenazado con matar a seis individuos y a los miembros de cinco organizaciones del oeste de Colombia. Todos ellos corren grave peligro.

La amenaza se recibió el 22 de octubre en un fax firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras Nueva Generación y enviado a la oficina de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Valle del Cauca. El fax decía que las personas y organizaciones en él citadas son ahora objetivo militar.
El fax acusaba a las personas en él citadas de apoyar a la guerrilla: “Ustedes son defensores de la guerrilla […] Hemos definido que se hace necesario de nuevo emprender la lucha contra aquellos que se camuflan en las organizaciones sociales como CUT, Valle, NOMADESC, Defensores DDHH, ONG”. En el pasado, los activistas y dirigentes sociales, sindicales, indígenas y de derechos humanos que han sido tachados de subversivos por las fuerzas de seguridad o los grupos paramilitares se han convertido con frecuencia en blanco de graves violaciones posteriores de derechos humanos, incluidos homicidios.

El fax acusaba asimismo a estas personas y organizaciones de frenar el desarrollo económico de la región del Cauca: “Esos burocratas no dejan progresar el CAUCA, donde no permiten el ingreso de las multinacionales que si traen beneficio a las comunidades”.

Algunas de estas personas y organizaciones llevan sufriendo acoso desde poco antes de que se enviara el fax. Uno de los amenazados, José Goyes, recibió una amenaza de muerte telefónica ese mismo día. En los últimos años, José Goyes ha recibido amenazas de muerte y ha sobrevivido a un atentado contra su vida. Se ha visto a hombres vigilando las oficinas de la Asociación de Investigación y la Acción Social (NOMADESC) en Cali entre el 20 y el 23 de octubre, y otra vez el 28 de octubre.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

• pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre la amenaza de muerte enviada a la oficina de la CUT en Valle del Cauca el 22 de octubre, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
• pidiendo que brinden a las personas amenazadas la protección que ellas mismas consideren necesaria;
• instándolas a emprender acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones de la ONU y otras organizaciones intergubernamentales.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2009 A:
Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26, Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 337 5890
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Uribe

Dr. Francisco Santos Calderón
Vicepresidencia
Carrera 8A No 7-27
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 444 2158
Digan: “Me da tono, por favor”
Tratamiento: Sr. Vicepresidente

Y copia a:
NOMADESC
Carrera 4 No. 4-43 ofi. 201
Cali, Colombia

CUT Valle
Carrera 11 B No.22-36
Barrio Obrero
Cali, Colombia

INFORMACIÓN ADICIONAL
En el fax recibido el 22 de octubre se daban los nombres de cinco hombres: José Goyes, miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); Licifredy Arara, miembro del Consejo Comunitario de La Toma, municipio de Suárez; Meraldiño Cabiche, miembro del ayuntamiento del municipio de Suárez; Plutarco Mina, miembro de Proceso de Comunidades Negras (PCN); y Eduar Villegas y Diego Escobar, ambos miembros de la oficina de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Valle del Cauca.
También se citaban las organizaciones de derechos humanos NOMADESC, la oficina de la CUT en Valle del Cauca, PCN, el Consejo Comunitario de La Toma, y el Cabildo Indígena Cerro Tijeras.
Durante los 40 años de conflicto armado interno de Colombia, las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares han calificado con frecuencia a las organizaciones de derechos humanos y los sindicatos de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla, y han amenazado, secuestrado o matado a sus miembros. Los grupos de guerrilla también han amenazado o matado a sindicalistas y a defensores y defensoras de los derechos humanos a los que consideran aliados de sus enemigos.

Los grupos paramilitares de Colombia se desmovilizaron, supuestamente, en un proceso promovido por el gobierno que se inició en 2003, pero, por las amenazas contra sindicatos y organizaciones de derechos humanos, es evidente que, en Valle de Cauca y otros lugares, estos grupos siguen actuando.

Esta amenaza se produce en un momento en el que se han intensificado las amenazas contra las organizaciones sociales y de derechos humanos y las personas que han respaldado la reciente movilización social de los pueblos indígenas de la región.