La pena de muerte constituye, en todas las circunstancias, la máxima violación al derecho a la vida y el castigo más extremo, más cruel, inhumano y degradante. Amnistía Internacional trabaja a favor de la abolición de la pena de muerte y la suspensión de su uso.
La tendencia hacia la abolición de la pena de muerte a escala mundial parece imparable. Desde 1990 más de 40 países y territorios han abolido la pena capital para todos los delitos. Hay que destacar como un hito histórico que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 18 de diciembre de 2007 una resolución a favor de una moratoria en la pena de muerte en todo el mundo. La resolución fue adoptada por una amplia mayoría y con gran apoyo transregional. Ciento cuatro países votaron a favor, 52 en contra y 29 se abstuvieron.
En el mundo
Entre 18.000 y 27.000 personas siguen condenadas a muerte en todo el mundo. A lo largo del año 2007 fueron ejecutadas al menos 1.252 personas en 24 países. Al menos 3.347 personas fueron condenadas a muerte en 51 países. Estas cifras son sólo mínimas; las cifras reales son, sin duda, mucho más elevadas.
En el año 2007, el 88 por ciento de las ejecuciones conocidas fueron realizadas en cinco países: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán. Arabia Saudí tenía el índice más alto de ejecuciones per cápita, seguido de Irán y Libia.
La cifra total de personas condenadas a muerte y en espera de ejecución es difícil de determinar. A finales de 2007 se calculaba que oscilaba entre 18.311 y 27.562, según la información de grupos de derechos humanos y medios de comunicación, y de las limitadas cifras oficiales disponibles, pero también se sabe que muchas ejecuciones no son informadas por los estados.
Argentina:
En materia de pena de muerte, Argentina es abolicionista sólo para delitos comunes, conservando la pena capital para los delitos militares contemplados en el Código de Justicia Militar.
El 12 de diciembre de 2006, Argentina firmó el Protocolo a la convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, pero todavía no lo ha ratificado. El 20 de diciembre de ese mismo año, firmó el Segundo Protocolo Facultativo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, que establece la abolición total de la pena de muerte, pero permite a los Estados Partes mantenerla en tiempo de guerra si hacen una reserva a tal efecto en el momento de ratificar el protocolo o adherirse a él, pero Argentina tampoco lo ha ratificado aún.
Argentina debe adoptar medidas para consolidar la abolición de la pena de muerte, eliminándola del Código de Justicia Militar y alcanzar, así, la erradicación total de dicha pena en el país.
En estos momentos está tratándose en el Poder Legislativo Nacional una reforma integral del Código de Justicia Militar que, entre otras modificaciones, incluye en ellas la eliminación total de la pena de muerte.
